Magistrado del TSJA advierte de que Juana Rivas puede incurrir en delito al retener a sus hijos
El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Miguel Pasquau, ha afirmado este jueves que Juana Rivas -que se encuentra en paradero desconocido tras incumplir el mandato judicial de entregar a sus hijos a su padre en Italia- puede estar incurriendo en un delito de sustracción de menores. Según ha dicho, corresponde a un juez decidir sobre la entrega al progenitor, condenado en 2009 por maltratarla.
En una entrevista en Cadena SER recogida por Europa Press, el magistrado ha recordado que la madre puede "eximir la responsabilidad si en el plazo de 24 horas comunica donde están los hijos y se compromete a restituirlos de manera inmediata". "La situación es delicada", ha recalcado Pascuau, explicando que este delito está contemplado en el Código Penal.
El magistrado ha apuntado que un juez es quien debe tomar la decisión de aceptar o no si una madre puede "retener a sus hijos contra la voluntad del padre en un país y en un lugar diferente al que era su residencia habitual".
Así, ha reclamado que un proceso donde, tras escuchar a las dos partes, un juez tome una decisión: "El juez se puede equivocar, pero también los demás podemos equivocarnos a la hora de sentenciar", ha declarado.
Del mismo modo, ha afirmado que se puede impedir la restitución al domicilio en Italia cuando ponga al menor en una situación "intolerable": "Seguro que la madre hizo lo imposible por convencer al juez de que esa era la situación", ha advertido, insistiendo en que, en este caso, el padre y la madre "no están de acuerdo" sobre donde tienen que estar los hijos.
En verano de 2016, Juana Rivas vino con sus hijos a España, donde interpuso una nueva denuncia contra el padre de los menores por malos tratos. Ahora ha sido obligada por el juzgado a entregar sus dos hijos al padre, pero ha incumplido esa orden de entrega y actualmente se encuentra en paradero desconocido. Por su parte, el abogado del padre ha avanzado que iniciará acciones legales por considerar que se trata de un "secuestro" de los niños.