Movilización para evitar que los niños salgan de España
Una jueza ordena a una mujer víctima de violencia de género que entregue a sus dos hijos al padre, del que huyó en Italia
Juana Rivas, una mujer de Maracena víctima de malos tratos se enfrenta a una angustiosa situación tras haber huido de Italia para dejar atrás la violencia: su expareja y padre de sus dos hijos menores ha apelado al convenio internacional de sustracción de menores para que los niños regresen con él, que fue condenado en 2009 por maltrato. Los plazos corren, una jueza acaba de dar curso a esa petición y el Centro de la Mujer de Maracena se ha movilizado para impedir que los menores salgan de España.
IndeGranada
Detalle de la sentencia del Juzgado que puede recurrirse ante la Audiencia.
El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada ha ordenado a una mujer víctima de violencia de género que huyó de esa situación el pasado mayo, que devuelva a sus dos hijos a su padre en Italia. El caso ha generado una gran movilización en Maracena, lugar de residencia de Juana Rivas, que cuenta con el apoyo del Centro de la Mujer de la localidad.
Juana regresó de Italia, donde residía con el padre de sus dos hijos, de diez y dos años, en mayo pasado. Dejó atrás una situación de malos tratos por la que ya fue condenado su expareja en 2009 y que la llevó de nuevo a denunciar la situación este año, al regresar a España.
Mientras ya recibía asesoramiento y atención del Centro de la Mujer de Maracena, una orden judicial que la obliga a entregar a sus dos hijos al hombre que volvió a denunciar por violencia de género. La sentencia para la devolución de los menores del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada se dictó el pasado 14 de diciembre y apenas tiene tres días para recurrirla ante la Audiencia, el plazo acaba este lunes.
El padre de los niños ha apelado al Convenio de La Haya sobre sustracción de menores y el Juzgado granadino entiende que restituirlos al contexto paterno no supone "grave peligro para su integridad física o psíquica" de los pequeños.
Desde el Centro de la Mujer de Maracena consideran "intolerable" la situación y recuerdan que según la legislación española, los hijos de víctimas de violencia de género son "víctimas directas" de esa violencia.
Francisca Granados, directora del área de Igualdad y asesora jurídica del Centro de la Mujer de Maracena, ha explicado a El Independiente de Granada la difícil experiencia que vivió Juana en Italia, país en el que residió, en una pequeña isla donde regentaban un alojamiento turístico, hasta que logró regresar a España el pasado mayo, una vez que acabó el periodo escolar de los pequeños.
Al llegar a España y tras recibir atención, presentó una denuncia contra su pareja, que ya fue condenado en 2009 por lesionarla y con el que había vuelto a convivir. Juana, que tiene por sentencia judicial la custodia de su hijo mayor -que ha estado escolarizado varios años en Maracena y Granada- también tiene en marcha otra demanda para lograr la del pequeño. Esa nueva denuncia por violencia de género en España no prosperó, al inhibirse la jueza por no tener jurisdicción.
Es en este contexto en el que ahora llega la orden internacional para que devuelva a los niños a su padre. Este ha apelado al Convenio de la Haya que, como explica Granados, no entra en el fondo de la cuestión, es un cauce que agiliza los procedimientos y que solo impide la entrega de los niños o niñas cuando hay riesgo grave para la integridad del menor o se le aboca a una situación intolerable.
La jueza no ve riesgo para los menores y no aplica las excepciones del convenio de La Haya
Pero la titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada considera que no se dan esas excepciones. "Las pruebas obrantes en los autos, de una parte, no acreditan el peligro que la restitución pueda comportar para los menores pues sin desconocer que en los progenitores han existido algunos episodios de violencia doméstica no consta que los episodios protagonizados por el padre les afectasen directamente a los menores, todo ello sin desconocer lo negativo que para los menores supone presenciar episodios de violencia en el seno familiar", expone en los fundamentos de derecho de la sentencia que dictó el pasado 14 de diciembre y que se puede recurrir, en un plazo de tres días, ante la Audiencia Provincial.
Entre las pruebas a las que se refiere se encuentra la valoración de los menores llevada a cabo por el equipo psicosocial del Juzgado de Familia, una prueba que, sin embargo, como detalla Granados, se había ordenado inicialmente a la Unidad de Violencia de Género del Instituto de Medicina Legal, especializada en este tipo de casos en menores y que finalmente no fue la encargada de realizarla.
La sentencia será recurrida por la abogada del turno de oficio que representa a la madre, pero la asesora jurídica del Centro de la Mujer de Maracena advierte del poco margen que hay en el caso y llama la atención sobre las lagunas de la normativa internacional, en alusión al convenio de La Haya, respecto a la violencia de género y muy especialmente de los menores. Más aún cuando hay normativas internas, como en el caso de España, en el que estos menores son considerados víctimas directas de esa violencia.
Mientras corren los plazos judiciales, se han puesto en marcha otras acciones. Entre ellas la campaña de recogida de firmas en la plataforma change.org para tratar de impedir que los dos menores regresen a Italia. La ha impulsado el Centro de la Mujer de Maracena y ya hay más de un millar de firmas.
También el área de la Mujer de IU Granada se ha movilizado en las redes sociales difundiendo el caso de Juana y denunciándolo ante los medios de comunicación.
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