La juez Mercedes Alaya, que investiga las presuntas irregularidades en los cursos de formación financiados con fondos públicos, ha imputado por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos a dos jefes de servicio de Formación de la Junta de Andalucía en Granada, entre los 11 en total en toda Andalucía y ha citado a diez de ellos declarar entre los próximos días 9 y 12 de junio.

 

Así, y además de a María Carril, la juez ha imputado a los jefes de servicio de Formación de la delegación provincial de Granada Magín Bolívar Medina y María Noelia García Lucena; al jefe de servicio de la delegación de Córdoba Manuel Gavilán Jiménez, y a los jefes de servicio de la delegación de Sevilla Carmen Gómez Laguillo y Daniel Fito García.

 

De igual modo, los nuevos imputados son el jefe de servicio de la delegación de Jaén, José Luis Valentín Martos; el jefe de servicio de Almería, Blas Méndez Capel; el jefe de servicio de Málaga, María Isabel Almendro Flores; y los jefes de servicio de las delegaciones de Cádiz y Huelva Antonio Juan Vidal Agarrado y José Ángel Gil Flores, respectivamente.

 

Alaya ha imputado a todos ellos "por las graves deficiencias en el seguimiento de los cursos y en la justificación de las subvenciones, estando bajo su competencia tanto el departamento de planificación, como el de seguimiento y el de gestión económica".

 

 

A su juicio, los imputados habrían permitido que en este último departamento "se confeccionaran los certificados por el que se acreditaban ante la Intervención que las subvenciones habían sido aplicadas a la finalidad para la que se concedieron, constando su cumplimiento y el correspondiente gasto total de la actividad subvencionada, certificado que liberaba el resto del importe de cada subvención".

 

Además, "omitieron iniciar y continuar los correspondientes expedientes de reintegro, no recuperando así los caudales públicos comprometidos, y confeccionaron las resoluciones de exoneración por las que multitud de empresas, sin justa causa, continuaron recibiendo el pago de subvenciones a pesar de tener múltiples subvenciones anteriores pendientes de justificar".

 

En el auto, y "para un mejor esclarecimiento de los hechos que se investigan y determinación de las correspondientes responsabilidades penales", la juez libra oficio a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que informe sobre el cargo de secretarios provinciales y secretarios generales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), "con identificación de las personas que los han desempeñado, así como especificación de sus funciones".

 

De igual modo, la UCO deberá informar sobre los jefes de servicio de Formación "en la época" de la exdirectora general de Formación María Teresa Florido, que según su declaración judicial fueron María Carril, Alfredo Bolaños, María Cabanillas y Tomás Domínguez. Así, Alaya pide comprobar la "veracidad" de tal afirmación y las funciones desempeñadas por cada uno de ellos, así como que la UCO informe de la identidad de tales jefes de servicio en el periodo comprendido entre 2009 y 2012.

 

 

Alaya también solicita a la Guardia Civil que se determine el periodo en que ejerció el cargo como jefa del servicio de Formación de la Delegación Provincial de Sevilla María del Pilar Galán Ruiz y que se informe sobre las funciones de los coordinadores del SAE Miguel Sivianes y María Luz Fernández, "periodo de dichos cargos e identificación de otros anteriores o posteriores, así como relación que en su caso pudiera tener el primero" con José Sivianes.

Además, la UCO deberá completar el estudio de las resoluciones de exoneración abordadas en su último atestado con las aportadas por el Juzgado y las que en su caso aporte la Junta de Andalucía.

En este atestado, cabe recordarlo, la Guardia Civil elevó a 1.298.722.878,04 euros la cantidad que la Junta de Andalucía habría concedido en ayudas a la formación entre los años 2002 y 2014 sin que se haya justificado por parte de las distintas entidades beneficiarias el destino dado a esas cantidades.

 

Por último, y en relación a las comunicaciones emitidas por la Intervención General a los diferentes órganos gestores en materia de subvenciones destinadas a la ejecución de acciones formativas, "en los que se haya incluido alguna propuesta de reintegro, ya sea total o parcial", reclama a la UCO que recabe de los correspondientes órganos gestores "las fechas de inicio de los expedientes, estado en el que se encuentren y si en alguno de ellos hubiese caducado el derecho de reclamación por no haberse iniciado el correspondiente expediente".

En este punto, también solicita que "se identifiquen a las personas que ocupaban los cargos a los que iban dirigidas las referidas comunicaciones" de la Intervención General.

En esta causa, permanecen imputados los exconsejeros de la Junta Antonio Fernández y Ángel Ojeda, así como otras 16 personas --incluidos 13 exaltos cargos de la Junta-- que fueron detenidas el pasado mes de marzo en el marco de la operación 'Barrado', tras lo que fueron puestas en libertad con cargos.