Juana Rivas ve "muy injusto" tener que pagar a su expareja, pero confía en que "al final" la justicia le apoye

Ciudadanía - Europa Press - Martes, 13 de Febrero de 2018

Juana Rivas ha considerado "muy injusta" la resolución del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada que ha fijado en 1.912,5 euros la cuantía que deberá pagar su expareja, el italiano Francesco Arcuri, por los gastos ocasionados a raíz de que permaneciera casi un mes ilocalizable incumpliendo la orden judicial que le obligaba a entregarle a los niños, pero ha confiado en que "al final todo cuadre" y la justicia le apoye.

Rivas ha avanzado en declaraciones a Europa Press su pretensión de recurrir este auto ante la Audiencia Provincial de Granada y ha dicho ser consciente de que la "justicia es lenta y para que te apoye necesitas tiempo".

La madre de Maracena ha afirmado que en las últimas semanas numerosas asociaciones de mujeres y vinculadas a la defensa de los menores le han trasladado su apoyo y la pretensión de ayudarle en caso de que finalmente deba abonar esta cantidad, para lo que harían uso del dinero "de colectas y de fondos que tienen para estas causas". En la petición abierta en la plataforma GoFundMe para afrontar los pasos judiciales que está conllevando este caso, Rivas ha recaudado hasta el momento 16.902 euros.

"Hace falta tener paciencia, fuerza y, al final, con la ley todo saldrá bien", ha agregado Rivas, que se enfrenta a una petición fiscal de cinco años de cárcel por la presunta sustracción de sus dos hijos menores de edad en la causa abierta contra ella por la vía penal, para la que ya se ha decretado la apertura de juicio oral.

Juana Rivas siempre ha alegado que se fue con sus hijos, de once y tres años, del domicilio familiar de Carloforte (Italia) para huir de una supuesta situación de maltrato a manos de la que entonces era su pareja, a la que denunció en 2016 en España.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer 2 de Granada rechazó la apertura de las diligencias por supuestos malos tratos contra él al entender que los hechos denunciados ocurrieron presuntamente en Italia y que por tanto la jurisdicción competente es la italiana, adonde se remitió en su momento por petición de la Fiscalía la denuncia que Juana puso en Granada.