REIVINDICACIÓN DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE LA GUERRA CIVIL Y EL FRANQUISMO EN LA MEMORIA DEMOCRÁTICA
El género en la Memoria Histórica (y II): Los castigos de género durante la Guerra Civil y el franquismo
Segunda y última parte del excelente reportaje que firma la historiadora y feminista Emilia Barrio Rodríguez, en el que reflexiona desde un punto de vista crítico sobre la relación entre Memoria y Género, desde la obligada necesidad de analizar y reparar toda la violencia que sufrieron las mujeres, tanto en la Guerra Civil como en la Dictadura, por la doble condición: por ser mujer y por motivos ideológicos. En esta entrega se centra en los castigos de género durante la Guerra Civil y el franquismo.
Diario 'Ahora', de Madrid, del 9 de octubre de 1936.
Tres mujeres rapadas por franquistas como represalia.
Si aún no has tenido ocasión de leer la primera parte:
Sin la recuperación de las mujeres víctimas de la Guerra Civil y el franquismo nunca será completa la recuperación de la Memoria Histórica y Democrática. Solo así podremos construir una cultura de los derechos humanos inclusivos frente a la cultura de la impunidad.
LOS CASTIGOS DE GÉNERO DURANTE LA GUERRA CIVIL Y EL FRANQUISMO
Insultadas por transgresoras
Muchas republicanas se habían cortado la melena y acortado la falda; en muchas ocasiones se habían emancipado y vivían solas, y algunas de ellas habían osado formarse y trabajar fuera del hogar.
Tanto las mujeres represaliadas como las mujeres hijas de represaliados, soportaron palizas, amenazas, golpes e insultos. Cuando salían a la calle y participaban en actividades públicas: fiestas, viajes o actividades lúdicas de todo tipo, les llamaban comunistas. La palabra feminismo también era un insulto
Los discursos contra estas mujeres eran muy crueles y propios de la ideología de género: las llamaron feas, perras, zorras, guarras, putas, lesbianas...
Tanto las mujeres represaliadas como las mujeres hijas de represaliados, soportaron palizas, amenazas, golpes e insultos. Cuando salían a la calle y participaban en actividades públicas: fiestas, viajes o actividades lúdicas de todo tipo, les llamaban comunistas.
También la palabra feminista era un insulto, sobre todo para aquellas mujeres que destacaban en alguna actividad con algún poder.
Las cárceles franquistas
Las cárceles de mujeres durante el Franquismo se convirtieron en auténticos laboratorios humanos donde se investigaba un supuesto gen recesivo que desnaturalizaba a las mujeres republicanas. La consecuencia era que, por éste extraño fenómeno, estas mujeres habían renunciado al ideal de ángel del hogar: buenas madres y mejores esposas. La Perfecta Casada era el ideal natural de la feminidad para la ultraderecha española.
El psiquiatra fascista Vallejo Nájera, encargado de todo tipo de torturas a las presas políticas de la Cárcel de Mujeres de Málaga, escribiría sobre las republicanas que tenían: “labilidad psíquica”, que “les faltaba equilibrio mental”, que “no controlaban su personalidad”, que “eran impulsivas y poco sociables” y que “su conducta anormal las llevaba a estados psicopatológicos”.
Aunque la represión franquista fue implacable contra hombres y mujeres; las motivaciones, las causas y los efectos son necesariamente distintos.
Los "crímenes de género" incluyeron la violencia sexual, habitualmente ejercida por "los funcionarios de prisiones o por falangistas que entraban en las cárceles a visitar a las mujeres de manera recurrente". Las mujeres eran detenidas y violadas, no sólo por su lucha política, sino también por el "delito consorte, es decir, por ser familiar de hombres con ideas contrarias a las del régimen
Los "crímenes de género" incluyeron la violencia sexual, habitualmente ejercida por "los funcionarios de prisiones o por falangistas que entraban en las cárceles a visitar a las mujeres de manera recurrente". Las mujeres eran detenidas y violadas, no sólo por su lucha política, sino también por el "delito consorte, es decir, por ser familiar de hombres con ideas contrarias a las del régimen".
Por otro lado, el régimen franquista se caracterizó por negar la existencia de presas políticas, que fueron tratadas como delincuentes comunes. "Las torturas a las que fueron sometidas las mujeres se ejercían con el mismo odio y fuerza que hacia los hombres, pero había un componente de género específico hacia ellas, tanto en los insultos como en el uso particular y sexuado de la violencia: descargas genitales, golpes en el bajo vientre…[1]
La violencia económica
También fue ejercida contra las mujeres por el hecho de ser consortes o hijas de hombres significados como republicanos, fusilados o supervivientes. Aunque ellas no tuvieran un compromiso político público, se consideraba que, por el hecho de estar casadas o ser hijas, estaban contaminadas por sus valores, consecuencia lógica derivada de los discursos naturalizados nacional-católicos de la dependencia y sumisión a los maridos y padres. A todos y a todas se le despojó de sus bienes[2]
El Tribunal de Responsabilidades Políticas provocó la mayor transferencia de rentas desde la desamortización de Mendizábal en la historia de España. La única reparación económica afectó a los partidos políticos y sindicatos: hubo varias leyes con las que se les restituyó su patrimonio o se les indemnizó, pero nunca se han planteado indemnizar también a las familias expoliadas en este periodo.[3]
Las maestras
Sabemos que el magisterio fue un sector especialmente castigado, con muchas y muchos profesionales fusilados y depurados en la Guerra y la Posguerra. Los colectivos de maestros y maestras habían sido un movimiento renovador, comprometido con la República, la Democracia y el Laicismo. Por tanto, cuando revisamos la escuela franquista, siempre es necesario introducir reflexiones acerca de los discursos sobre el adoctrinamiento de una Dictadura en contraposición a los discursos de la escuela democrática y laica de la República.
Quienes sobrevivieron, no pudieron ejercer su profesión, ocupando sus plazas muchas personas que no eran tituladas, sin tener la carrera ni la especialización para ejercer la docencia[4].
El concepto de enseñanza que había en el Franquismo entraba en contradicción con los objetivos de enseñar en valores democráticos y aprender las disciplinas de conocimiento necesarias para adquirir nociones básicas en todas las materias de la enseñanza, desarrollando un espíritu crítico.
'Doña Pura: la memoria recuperada de la maestra de Salar', ejemplo de la dura represión ejercida contra las maestras.
Sabemos que las mujeres que estudiaban una carrera eran mayoritariamente maestras; aún no se había dado en España una generación de profesionales universitarias amplio, dado el corto espacio de tiempo desde que se había producido el acceso de las mujeres a las universidades.
La educación franquista segregó al alumnado por sexos y asignó a chicos y chicas asignaturas diferentes, según el rol esperado en la nueva sociedad: la mujer será, ante todo, hija, esposa y madre.
Así, en el caso de las maestras, el franquismo habilitó a mujeres a las que se les exigía enseñar labores de ganchillo, aguja e historia sagrada. En segundo lugar, se trataba de enseñar algo de lectoescritura: con aprender a firmar, ya no eran consideradas analfabetas.
Se completaba ésta formación con las campañas itinerantes que hacía la Sección Femenina de Falange: enseñaban cómo ser buenas madres y esposas y la necesidad del deporte para ser madres saludables. Esta Enseñanza Primaria tenía, por tanto, un fuerte contenido religioso, patriótico y de formación hogareña.
En el caso de las maestras, el franquismo habilitó a mujeres a las que se les exigía enseñar labores de ganchillo, aguja e historia sagrada. En segundo lugar, se trataba de enseñar algo de lectoescritura: con aprender a firmar, ya no eran consideradas analfabetas
Las maestras, sobre todo en los pueblos, estaban constantemente observadas e inspeccionadas en su cumplimiento del deber como educadoras y transmisoras del modelo de sociedad deseado. Para vigilarlas, se crearon Juntas de Primera Enseñanza, integradas por maestros, padres, sacerdotes, representantes de la vida civil y fuerzas de seguridad, como la Guardia Civil.[5]
Mención especial hay que hacer a las Cursillistas del 36, a las que no se les reconoció el título, aun cuando habían cursado la carrera después de hacer el bachiller y habían obtenido plaza[6]. A algunas de estas maestras, después de recabar informes de buena conducta, se les permitió ejercer sin ser titulares, con acceso a plazas muy lejanas a sus domicilios y como sustitutas e interinas. Hubo otras para quienes no fue necesario informe alguno ya que no volverían a ejercer la docencia en su vida.[7].
Los robos de bebé
Fue un hecho muy común. Se calcula que ronda los 30.960 niños y niñas robados. Los hijos de las mujeres que eran asesinadas fueron entregados a familias franquistas para "eliminar la semilla marxista" y darles una educación afín al régimen.
Muchos niños y niñas perdidos del franquismo, o niños robados por el franquismo durante la Guerra Civil y la Posguerra, o bien fueron arrebatados a sus madres republicanas porque estaban encarceladas, o bien fueron tutelados porque sus madres habían muerto a manos del propio ejército franquista.[8]
Esta tragedia representa un episodio poco conocido de la historia reciente de España que también hay que destapar: desaparición de hijos pequeños de republicanos y separación forzosa de sus familias por parte de la represión franquista.
Conforme las tropas sublevadas del general Franco ganaban terreno, las prisiones se llenaban de personas que habían sido leales a la República. Entre los prisioneros había miles de mujeres militantes de partidos políticos de izquierda o, simplemente, esposas, madres o hermanas de republicanos
Conforme las tropas sublevadas del general Franco ganaban terreno, las prisiones se llenaban de personas que habían sido leales a la República. Entre los prisioneros había miles de mujeres militantes de partidos políticos de izquierda o, simplemente, esposas, madres o hermanas de republicanos. Las cárceles también se llenaban de bebés que nacieron o que ingresaron en la prisión con sus madres y que pasaron los primeros años de su vida privados de libertad por ser hijos de republicanos.
La ligazón que señalaba entre pasado y presente, se nos muestra aquí con mucha claridad: hasta los años 80, muchas mujeres sufrieron el robo de bebés en los hospitales bajo la excusa de una enfermedad grave y posterior muerte del bebé.
Anulación de la Ley de Divorcio de la República
Terminada la guerra en 1939, llegaría un duro golpe para las parejas divorciadas: el 23 de septiembre se promulgaba una ley derogando la Ley de Divorcio republicana con efectos retroactivos.
Esta orden establecía que cualquier sentencia de divorcio sería anulada automáticamente a petición de uno de los cónyuges, que solo tenía que dar como razón su deseo de reconstituir su legítimo hogar, o el de tranquilizar su conciencia de creyente. Es decir, si una mujer había pedido el divorcio por malos tratos, el marido podía conseguir que volviesen a estar casados legalmente, lo cual suponía convivencia obligada, ya que el abandono del hogar estaba castigado.
Pero los divorciados de la República no se imaginaban el infierno que les aguardaba después de la guerra.
Esta Ley no solo derogó la Ley de Divorcio de la República por ser radicalmente opuesta al profundo sentido religioso de la sociedad española, sino que incluyó siete disposiciones transitorias de carácter retroactivo que dejaban a los ya divorciados y a sus criaturas al pie de los caballos, totalmente expuestos a la venganza de sus ex cónyuges y a la represión estatal.
Las consecuencias para estos fueron funestas, ya que, una vez invalidada la unión, si seguían conviviendo con sus parejas se arriesgaban a una denuncia por amancebamiento (los hombres) o por adulterio (las mujeres), ambos delitos introducidos por el Código Penal de 1948 y castigados con penas de prisión menor
En concreto, una de estas disposiciones transitorias establecía que las sentencias firmes de divorcio, dictadas por los tribunales civiles a tenor de la ley que se deroga, respecto de matrimonios canónicos (…), “se declararán nulas por la autoridad judicial a instancia de cualquiera de los interesados”. Y otra señalaba que los segundos matrimonios (civiles) celebrados por los divorciados al amparo de la legalidad republicana, “se entenderán disueltos para todos los efectos civiles que procedan, mediante declaración judicial, solicitada a instancia de cualquiera de los interesados”.
En la práctica, esto supuso que numerosas personas divorciadas contra su voluntad solicitaran la nulidad de la sentencia para obligar a su ex marido o ex mujer a volver al nido familiar pero, sobre todo, que los que se habían divorciado tras episodios de infidelidad u otras humillaciones, pudieron vengarse dejando sin ningún efecto la nueva unión.
Las consecuencias para estos fueron funestas, ya que, una vez invalidada la unión, si seguían conviviendo con sus parejas se arriesgaban a una denuncia por amancebamiento (los hombres) o por adulterio (las mujeres), ambos delitos introducidos por el Código Penal de 1948 y castigados con penas de prisión menor.
Los efectos sobre los menores nacidos de esas uniones fue extraordinariamente cruel: los hijos e hijas habidos en esos matrimonios, dejaban de ser legítimos y se convertían, por arte de magia, en naturales o de padres desconocidos y a cargo, exclusivamente, de sus madres.
Otras reflexiones
Me siento totalmente identificada y comprometida con los discursos de los nietos y nietas porque he vivido en una familia de alcalde republicano y maestra represaliada por ser consorte de republicano y cursillista del 36, donde nuestra vida cotidiana está impregnada de la memoria de los perdedores y represaliados del Franquismo de manera constante, continua, sin tregua. Los dos pagaron las culpas: no se les fusiló en los paredones, pero fueron víctimas de una atroz muerte civil.
Una de las mayores dificultades de los historiadores radica en el hecho de que las historias de la represión están íntimamente asociadas a los silencios: el silencio de las víctimas que aún tienen miedo y quisieran olvidar o han encontrado en el silencio una estrategia de sobrevivencia en medio de la impunidad, el silencio de los que prefieren no saber y el silencio de quienes pretenden ocultar sus responsabilidades.
Para quienes crecimos en medio de esos silencios, en un país de verdades proscritas, la ruptura del silencio representa un emocionante desafío, y por qué no decirlo, también nuestra particular forma de hacer justicia.
La Transición Democrática se hizo con la premisa de olvidar el pasado, como si no hubiese existido la Dictadura con todo lo que implicó: supuso, de facto, la renuncia temporal a la Memoria para hacer tabula rassa con ese pasado. Una amnesia histórica programada se instaló en la sociedad española y las víctimas fuimos muy generosas, yo diría que demasiado.
Participamos en la Transición hacia la Democracia sin hablar, porque todos estos episodios de la reciente Historia Contemporánea eran molestos para los artífices de tan “modélica transición” y fueron arrinconados.
Pero los pueblos no olvidan su historia; hijos y viudas no olvidan a sus muertos, y quienes fueron presos y presas políticas no olvidan la persecución, la privación de libertad y la tortura.
Afortunadamente, el empeño de colectivos reivindicativos de la Memoria, unos pocos historiadores e historiadoras -muy pocos- y mucha gente de buena voluntad -sin tener apoyo económico y trabajando a contracorriente- empezamos a romper el muro de silencio con el que se ha querido tapar este período negro.
El objetivo es ayudar a construir y conservar una memoria colectiva que consiga situarnos en los espacios y tiempos visibles y valorados, hecho que contribuirá, en palabras de una víctima exiliada, María Zambrano, “a transformar la historia trágica en historia ética”
Una de las mayores dificultades de los historiadores radica en el hecho de que las historias de la represión están íntimamente asociadas a los silencios: el silencio de las víctimas que aún tienen miedo y quisieran olvidar o han encontrado en el silencio una estrategia de sobrevivencia en medio de la impunidad, el silencio de los que prefieren no saber y el silencio de quienes pretenden ocultar sus responsabilidades.
Para quienes crecimos en medio de esos silencios, en un país de verdades proscritas, la ruptura del silencio representa un emocionante desafío, y por qué no decirlo, también nuestra particular forma de hacer justicia.
La Transición Democrática se hizo con la premisa de olvidar el pasado, como si no hubiese existido la Dictadura con todo lo que implicó: supuso, de facto, la renuncia temporal a la Memoria para hacer tabula rassa con ese pasado. Una amnesia histórica programada se instaló en la sociedad española y las víctimas fuimos muy generosas, yo diría que demasiado.
Participamos en la Transición hacia la Democracia sin hablar, porque todos estos episodios de la reciente Historia Contemporánea eran molestos para los artífices de tan “modélica transición” y fueron arrinconados.
Pero los pueblos no olvidan su historia; hijos y viudas no olvidan a sus muertos, y quienes fueron presos y presas políticas no olvidan la persecución, la privación de libertad y la tortura.
Afortunadamente, el empeño de colectivos reivindicativos de la Memoria, unos pocos historiadores e historiadoras -muy pocos- y mucha gente de buena voluntad -sin tener apoyo económico y trabajando a contracorriente- empezamos a romper el muro de silencio con el que se ha querido tapar este período negro.
El objetivo es ayudar a construir y conservar una memoria colectiva que consiga situarnos en los espacios y tiempos visibles y valorados, hecho que contribuirá, en palabras de una víctima exiliada, María Zambrano, “a transformar la historia trágica en historia ética”
[1] Natalia Salvo Casaus. (2016) En su artículo “ 9º Aniversario Ley de Memoria Histórica: los castigos de género del franquismo”, describe con minuciosidad los castigos de género aplicados a las mujeres. Ed: Tribuna Feminista.
[2] Julián Casanova. (2014) estudia el saqueo y pillaje franquista:
“Un paso esencial de esa violencia vengadora sobre la que se asentó el franquismo fue la Ley de Responsabilidades Políticas, de 9 de febrero de 1939. En ella se declaraba “la responsabilidad política de las personas, tanto jurídicas como físicas”, que, con efectos retroactivos, desde el 1 de octubre de 1934, “contribuyeron a crear o agravar la subversión de todo orden de que se hizo víctima a España” y que a partir del 18 de julio de 1936 se hubieron opuesto al “Movimiento Nacional con actos concretos o con pasividad grave”. Todos los partidos y “agrupaciones políticas y sociales” que habían integrado el Frente Popular, sus “aliados, las organizaciones separatistas”, quedaban “fuera de la Ley” y sufrirían “la pérdida absoluta de los derechos de toda clase y la pérdida total de todos sus bienes”, que pasarían “íntegramente a ser propiedad del Estado”. La puesta en marcha de ese engranaje represivo y confiscador causó estragos entre los vencidos, abriendo la veda a una persecución arbitraria y extrajudicial que en la vida cotidiana desembocó muy a menudo en el saqueo y en el pillaje”
[3] Ver: Cándido Marquesán Millán (2017) “La represión económica del Franquismo. Otra represión cruel y en gran parte desconocida por los españoles”. Ed: nuevatribuna.es
[4] Munárriz, Tasio (2013)” El proceso de depuración de los maestros comenzaba considerándoles a todos destituidos y con la obligación de solicitar el reingreso respondiendo a un cuestionario sobre su actuación política en toda la época republicana. En el proceso depurador la comisión provincial solicitaba cuatro informes: al alcalde, a la Guardia Civil, al párroco y a una persona de absoluta solvencia ideológica, todos ellos de la última localidad donde hubiese ejercido el maestro. También admitía denuncias anónimas sobre la conducta moral y religiosa (casado por la Iglesia o por lo civil, divorcio, asistencia a misa, etc) y animaba a delatar a los compañeros. La depuración no significaba sin más la expulsión sino el examen de sus antecedentes”.
Una Orden de 1979 permitió la integración de los cursillistas del 36 en el Cuerpo de profesores de EGB
[5]Lo que señalo, se refiere a las escuelas nacionales de primaria, que se creaban, sobre todo, allí conde no llegaban las instituciones religiosas. Los centros privados, pertenecientes a la Iglesia Católica, fueron quienes, mayoritariamente, se encargaron de enseñar a grandes sectores de la población, sobre todo en las ciudades y núcleos urbanos más poblados (donde existían congregaciones religiosas) aunando los idearios católicos con los de la Sección Femenina de Falange.
[6]El grupo de maestros y maestras procedentes del plan de 1931 y de los cursillos de perfeccionamiento de 1936, se llamaron 'cursillistas del 36'. Muchas murieron antes de serle reconocidos sus derechos.
[7] Antonio Botías (2017).Salud y enseñanza. Ed: La Verdad de Murcia
[8] Sabela Rodríguez Álvarez (2016) Las mujeres víctimas del franquismo piden justicia en Argentina Ed: Memòria Repressió Franquista.
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