La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha archivado las diligencias de investigación penal iniciadas para establecer la posible responsabilidad penal de las Adminstraciones públicas en la altísima contaminación que soporta Granada y ha dictado la "urgente remisión" de las diligencias a la Fiscalía Provincial, al entender que es la oficina fiscal "territorialmente competente, en principio, para el conocimiento y valoración de los hechos".

Las diligencias se iniciaron a raíz de la presentación de un extenso y documentado escrito ciudadano, elaborado por el químico industrial granadino Javier Gómez González, en el pedía a la Fiscalía del TSJA que investigara si las Administraciones públicas han incurrido en algún tipo de delito por la elevada contaminación que soporta Granada y su Área Metropolitana, debido a "la conculcación de sus obligaciones legales en materia de calidad del aire en la Aglomeración Granada y Área Metropolitana, así como su deber constitucional de velar por la salud y la vida de las personas y el medio ambiente establecidos en el artículo 43 y 45 de la Constitución Española". 

El escrito argumenta que si las Administraciones responsables en materia de calidad del aire en la la capital y su Área Metropolitana "hubieran hecho su trabajo" implantando las medidas adecuadas para que se cumpliera la normativa en límites máximos de NO2, partículas y ozono "se hubieran evitado muertes prematuras y enfermedades".

Presentado el 22 de noviembre, al día siguiente de su recepción en la Fiscalía del TSJA, la fiscal superior, Ana Tárrago, ordenó la incoación de diligencias de investigación penal, encargadas al fiscal Jesús García Calderón. En su escrito de archivo y remisión de las diligencias penales a la Fiscalía Provincial, García Calderón indica sobre la denuncia que "no se dirige hacia alguna persona concreta, ni refiere las tipologías delictivas que podrían haberse producido". El denunciante "se refiere de forma completamente genérica a una delicada situación ambiental que afecta a la ciudadanía andaluza y española en su conjunto y que, en todo caso y conforme a sus facultades estatutarias, tendría que ser analizada por la Fiscalía Delegada de Medio Ambiente y Patrimonio Histórico".