La Fiscalía Superior de Andalucía ha abierto diligencias de investigación penal por posibles irregularidades en el presupuesto municipal del Ayuntamiento de Cogollos Vega para 2015, tras la denuncia presentada por la Asociación Cívica de Cogollos Vega por supuestos delitos de prevaricación, abuso en el ejercicio de la función pública y falsedad en documento público.

En un decreto de fecha 8 de junio, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal superior, Jesús García Calderón, acuerda esa apertura de diligencias y designa para su tramitación al fiscal Alberto López, para que lleve a cabo "las actuaciones que estime convenientes" y elabore un "informe-propuesta" para que "pueda adoptarse la decisión que corresponda por el Ministerio Fiscal".

En su denuncia, presentada el pasado 1 de junio ante Fiscalía, la Asociación Cívica Cogollos Vega sostiene que presentó alegaciones al presupuesto por ausencia de un plan económico-financiero, y sin "ningún dato económico", sin anexo de personal, y convocatoria de oferta de empleo público para la plaza de un policía local "contraviniendo la ley".

Esas alegaciones, no fueron tenidas en cuenta por el alcalde de la localidad, Manuel Lucena (PP), que no informó de las mismas al pleno tras la aprobación provisional del presupuesto, ni éstas recibieron respuesta, "contraviniendo la Ley que preceptúa que se debe resolver y contestar en un mes si se han recibido".

Asimismo, según la denunciante, se "faltó a la verdad" cuando en la aprobación definitiva de las cuentas, en el pleno del 25 de marzo de este año, se señaló que "no se había presentado reclamación alguna".

En lo que respecta a la oferta de empleo público, la Asociación sostiene que se creó una plaza de subinspector de Policía Local "sin existir ni Policías locales ni oficiales de policía", por lo que se guardó la proporcionalidad exigida en la Ley de Coordinación de Policías Locales, de un oficial por cada 10 policías y un subinspector por cada cuatro oficiales.

Así, en la Oferta de empleo público de 2015 se convocó una plaza de subinspector de Policía Local, una de oficial y otra de policía local "sin los requisitos legales necesarios", plazas, "además de innecesarias para un municipio de 2.000 habitantes" que "supondrían un gasto insoportable e inasumible por la administración pública que pagan todos los ciudadanos".

En ese sentido, la Asociación justifica su denuncia en que "cuando las resoluciones administrativas contravienen de forma palmaria y evidente la legislación y sumergen a los ciudadanos en una losa que no se puede soportar se debe acudir por la vía judicial solicitando su amparo".