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La Fiscalía se querella contra Villafranca

Ciudadanía - IndeGranada - Lunes, 6 de Julio de 2015
La Fiscalía de Granada ha formalizado esta mañana una querella criminal contra la directora del Patronato de la Alhambra, María del Mar Villafranca, otros tres miembros de la cúpula del monumento y dos empresarios de la empresa adjudicataria del servicio de audioguías, que fue objeto de la investigación. El fiscal les acusa de un delito continuado de prevaricación administrativa, otro de malversación de caudales públicos y otro de blanqueo de capitales.
El fiscal actúa contra la directora de la Alhambra, la cúpula del monumento y dos empresarios de las audioguías.
Miguel Rodríguez
El fiscal actúa contra la directora de la Alhambra, la cúpula del monumento y dos empresarios de las audioguías.

La querella es el resultado de la investigación abierta a raíz de la denuncia de la Agencia Tributaria en relación con la adjudicación del contrato del servicio de audioguías. Tras las pesquisas ordenadas por la Fiscalía, Villafranca y el resto de ahora querellados fueron detenidos por la Policía y quedaron en libertad con cargos. Ahora el Ministerio Público, tras concluir esa investigación, procede contra la cúpula del monumento y la empresa que resultó adjudicataria del contrato. 

El fiscal se querella contra Villafranca; contra la secretaria general del Patronato, Victoria Chamorro; José María Visedo, que fue jefe de la Sección Económica y de Contabilidad dentro del área de Gestión y Contabilidad de Ingresos y que actualmente se ocupa de la Comercialización; el interventor del monumento, Miguel Gutiérrez Pedrosa; y contra los dos empresarios de la adjudicataria de las audioguías, Alejandro Antonio López Rodríguez y Luis Parra, administrador único y director general, respectivamente, de GTP Museum Solutions SL -que pasó a denominarse Stendhal Museum Solutions SL-. 

La investigación se puso en marcha tras la denuncia presentada por la Agencia Tributaria sobre irregularidades detectadas en la contratación de este servicio por parte de la Alhambra.  Estas pesquisas, según ha informado hoy el Ministerio Público, han evidenciado, "sin perjuicio de lo que resultare posteriormente", la presunta comisión de diversos delitos de "especial trascendencia y gravedad" como un delito continuado de prevaricación administrativa, un delito continuado de malversación de caudales públicos y un delito de blanqueo de capitales. 

La querella criminal ha sido formalizada ante el Decanato de los Juzgados de Granada para su reparto. La Fiscalía no ha querido detallar los términos completos de la misma hasta que se dé traslado a las personas contra las que se dirige, una vez que sea admitida a trámite. 

La adjudicación y explotación del servicio de audioguías es el objeto de la investigación. miguel rodríguez

La investigación se conoció en plena campaña electoral. Un mes más tarde, el pasado 25 de junio, María del Mar Villafranca, los otros tres responsables de la gestión de la Alhambra y dos empresarios, fueron detenidos por la Policía. Todos quedaron en libertad con cargos tras prestar declaración.

Esa operación policial fue duramente criticada tanto por Villafranca como por el PSOE y la Junta. La directora del Patronato se quejó de que no fue informada del objeto de la citación que recibió para acudir a Jefatura y llegó a asegurar que había visto conculcado sus derechos, una línea que siguió con dureza el PSOE. Tanto el subdelegado del Gobierno, Santiago Pérez, como la propia Policía rechazaron esas críticas y defendieron que la detención se hizo con todas las garantías e incluso tratando de evitar "la pena de telediario", en palabras pronunciadas en su día por el representante del Ejecutivo central en la provincia. 

Denuncia de la Agencia Tributaria

La Fiscalía de Granada abrió diligencias penales tras recibir la denuncia de la Agencia Tributaria, que había investigado a la empresa adjudicataria de ese servicio por supuesta apropiación indebida de parte de la recaudación y un posible delito contable. La investigación, adelantada por El Mundo el 21 de mayo, estaba en ese momento en una fase preliminar, según confirmó la Fiscalía de Granada a El Independiente. En ese momento se habían ordenado la práctica de diligencias, entre ellas la toma de declaraciones, para determinar si se archivaban las investigaciones o, como ha sucedido, se presentaba denuncia. 

La corrección del contrato, tres años después de su adjudicación, para rebajar el porcentaje que la empresa adjudicataria tenía que pagar en concepto de canon variable, del 47 al 15%, fue el dato que hizo sospechar a la Agencia Tributaria. En las pesquisas preliminares que derivaron en la investigación de la Fiscalía se apuntaba también a que, pese a la deuda que llegó a mantener la empresa por esa contribución, se renovó el contrato. 

“Error material”

La Alhambra aseguró entonces que ese cambio en el porcentaje se efectuó conforme a lo establecido en la ley porque se cometió un “error material” y, en lugar del 47% que proponía la empresa en la oferta con la que se adjudicó el concurso, se transcribió en el contrato el 15% que figura en los pliegos administrativos para la licitación. Cuando se advirtió –lo hizo la empresa al recibir las facturas de la Alhambra-, se “solucionó a través de procedimientos legales”. El Patronato, que hizo pública parte de la documentación del expediente, aseguró que prueba de que se aplicó el 47% son los 77.000 euros que se ingresaban a través de las liquidaciones anuales.

Respecto a la renovación del contrato y a la deuda que mantenía la adjudicataria, recordó que el Pleno del Patronato, en el que están sentados el Ayuntamiento, la Universidad, el Ministerio de Cultura y la Junta, aprobó la prórroga y el plan de pagos propuesto por la empresa para hacer frente a los atrasos en el abono del canon. La deuda fue liquidada conforme a dicho plan de pagos, según consta en la documentación contable de la Intervención General, aseguró el Patronato, que aportó las actas de una reunión en la que la secretaria general da cuenta del plan de pagos después de que la edil Isabel Nieto preguntara por las cantidades pendientes de cobro e informa de que, si no se hace efectivo el pago, se iniciaría un procedimiento de apremio.