Memoria de la Fiscalía Superior de Andalucía
La Fiscalía advierte del "colapso judicial" en las medidas para proteger a víctimas de violencia de género
Es una de las reflexiones que recoge en su memoria anual la Fiscalía Superior de Andalucía, a cuyo contenido ha tenido acceso El Independiente de Granada.
Reunión de la fiscal superior, Ana Tárrago, con los fiscales provinciales en una imagen, de mayo del pasado año, en la aún aparece María José Segarra, ahora fiscal general del Estado y que estaba entonces al frente del Ministerio Público en Sevilla. Foto: Fiscalía Superior
La Fiscalía Superior andaluza cuenta con una sección encargada de la violencia hacia la mujer que dirige, desde Málaga, la fiscal Flor de Torres, con fiscales delegadas en todas las provincias. Todas ellas son mujeres, como se recoge en la memoria anual de la Fiscalía Superior Andaluza, que dedica un amplio apartado a analizar la labor desempeñada en esta materia. El Ministerio Público, que destaca que su especialización en este ámbito es ya "un hecho", lanza también mensajes de alerta. Llama la atención especialmente uno de ellos: el "colapso judicial" relacionado con las medidas de protección de las víctimas de violencia de género y su seguimiento y control.
En su reflexión, la Fiscalía recuerda que las fiscales delegadas y sus secciones han asumido, por ley, el quebrantamiento de las penas y medidas de alejamiento. Si bien eso ha permitido tener "el visionado del control de esas medidas de forma integral", se ha traducido en la existencia de "un colapso judicial en tales órganos", al haberse asumido competencias no atribuidas inicialmente por ley como delitos de género.
Por ello considera que es "necesario la conversión de un órgano penal especifico en género dada la importante diferencia cuantitativa y cualitativa de asuntos donde la especialidad se quiebra precisamente en el enjuiciamiento".
Según los datos recogidos en la memoria, en 2017 se registraron 803 órdenes de alejamiento y 1.485 órdenes de protección. De todas ellas se denegaron 491 y se adoptaron solo con medidas penales 678, siendo con medidas civiles y penales en 244 y con medidas civiles exclusivas en 71.
En las situaciones que "requerían un más exhaustivo cumplimiento del control y eficacia de medidas" se optó por los dispositivos electrónicos. Se utilizaron en 83 casos, de los cuales 41 lo fueron por penas de alejamiento y 42 por cumplimiento de medida cautelar.
Además, constan en situación de prisión provisional un total de 229 investigados a lo largo del año.
La propia Fiscalía califica estas cifras como "muy pobres" en relación a la litigiosidad, lo que achaca a divergencias entre los dos registros que se utilizan -Fortuny y Adriano-. Y reconoce que son mayores.
En cualquier caso, las cifras recogidas en la memoria señalan que en 2017 se incoaron en Andalucía un total de 23.721 procedimientos por violencia de género. Las ciudades que concentraron esa actividad judicial fueron Sevilla, con 6.151 asuntos incoados; Granada, con 5.530 asuntos; y Málaga, con 4.820.
Imagen de la concentración celebrada este jueves en Maracena para recordar a la última víctima de violencia machista. Foto: IndeGranada
"Las incidencias más importantes derivadas de las nuevas competencias de los Juzgados de Violencia a la Mujer han sido sin duda el mayor número de litigiosidad derivado de los nuevos tipos penales. El complejo control de las medidas de protección y sus incumplimientos suponen una importante carga procesal derivada de la fuerte ligiosidad en esta materia sin olvidar que los nuevos tipos penales derivados del Art 172 ter hacen aumentar los tipos penales dentro de los Juzgados de Violencia hacia la Mujer", expone la memoria.
También alerta del "resurgimiento de delitos de control tecnológico y hostigamiento a través de wasap así como de los medios telemáticos" que, sin embargo, "tienen un máximo acomodo probatorio e irrefutable" para fundamentar condenas.
Recuerda a las víctimas
La Fiscalía recuerda a las víctimas asesinadas en la memoria. En el caso de Granada, detalla cómo fueron los crímenes de Sara Yudes -que se ha juzgado recientemente- y que fue asesinada en la capital; Encarnación García, asesinada en Las Gabias -cuyo caso acaba de ser juzgado-; y también el de la menor que fue abandonada malherida en Cerrillo de Maracena, Noemí.
Algunos detalles estremecen. Como el relato del crimen de Encarnación: "(...) Con el ánimo de acabar con su vida, accionó el disparador a una distancia de entre 30 y 100 centímetros del cuerpo de la víctima, deflagrando uno de los proyectiles que le atravesó de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo el pecho, perforándole el esternón, la cavidad torácica y el propio corazón hasta que salió despedido de su tronco alojándose en el mueble que servía de reposo a Encarnación. Como consecuencia del impacto, la víctima sufrió una hemorragia masiva que derivó en un choque hipoglucémico instantáneo que le produjo la pérdida de actividad de las funciones principales del organismo y el fallecimiento casi inmediato".
Una vez más la memoria de la Fiscalía Superior de Andalucía refiere los casos de violencia de género con menores víctimas o agresores.
Toque de atención sobre las Unidades de Valoración Forense
También dedica un apartado específico a las Unidades de Valoración Forense, órganos clave para las periciales y la valoración de los daños de las víctimas, pronunciándose también sobre el agresor. Sobre estas unidades, la memoria de la Fiscalía Superior de Andalucía que dirige Ana Tárrago alerta de que solo el de Málaga cumple con la ratio mínima de una unidad de valoración por Juzgado.
Además, señala la "fluctuación de profesionales" y la "externalización" de este servicio dependiente del Instituto de Medicina Legal como un inconveniente.
"Esta unidad el único mecanismo válido de prueba para determinados delitos de violencia a la mujer tal y como se ha sentado en numerosas resoluciones judiciales de órganos especialistas por lo que se ha dotado en cada procedimiento eficacia probatoria pericial con perspectiva de género", recuerda la Fiscalía para añadir: "No obstante la fluctuación de los profesionales integrantes de la UVIVG ( salvo excepciones) y la externalización del servicio dependiente del Instituto de Medicina Legal, requiere una incansable labor de especialización en la materia. En numerosas ocasiones en esta anualidad ha sido instrumento poco eficaz en la valoración de asuntos que requerían una mayor especialización y visión de una realidad que es la violencia de género con altas dosis de especialización de lo que se ha adolecido en determinados casos".
"Las víctimas -añade la memoria fiscal sobre esta reflexión- son personas inmersas en una vida compleja, difícil, llena de ansiedad y miedos, pero también de 'no saber qué hacer' 'de no saber qué es lo mejor'", circunstancia por la cual "una valoración conjunta por expertos es determinante a la hora de abordar la compleja situación en la que se encuentra".
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