El fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, ha defendido este jueves que los fiscales asuman la labor de instrucción judicial de los casos abiertos como un medio que podría ser "positivo" para "agilizar la tramitación de asuntos", particularmente en la lucha contra la corrupción.

Así lo ha indicado en declaraciones a los periodistas en el Parlamento andaluz antes de entregarle al presidente de la Cámara, Juan Pablo Durán, la Memoria Anual de 2015 de la Fiscalía Superior de Andalucía, y de presentarla posteriormente en la Comisión parlamentaria de Justicia e Interior.

García Calderón ha subrayado que la corrupción es una de las "preocupaciones fundamentales" de la Fiscalía, y ha manifestado al respecto "la necesidad de llevar a cabo una coordinación institucional al máximo nivel y de crear equipos multidisciplinares de investigación".

Ha defendido "la necesidad de que el sistema procesal favorezca la investigación, partiendo quizá de una base que ha sido reiteradamente sostenida por la Fiscalía Superior, que es la instrucción por el Ministerio Fiscal".

"Creemos que esto puede ser positivo y agilizar la tramitación de asuntos", ha comentado García Calderón, que cree que "hay macroprocesos en la comunidad" andaluza "que abonan esta necesidad".

La Fiscalía podría rebajar la dificultad de cumplir el plazo semestral de instrucción

Ha añadido que "hay un elemento novedoso que abona esta idea", que es "la limitación temporal" para la instrucción que establece el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), y al hilo el Fiscal Superior ha indicado que "los especialistas coinciden en señalar en varios aspectos que les va a resultar difícil cumplir con los plazos semestrales de investigación", insistiendo en que "si la instrucción la lleva el Ministerio Fiscal es posible que esta dificultad no sea tan intensa".

Junto a ello, el Fiscal Superior ha citado otros "argumentos muy necesarios" para la lucha contra la corrupción, como "la relación con los órganos de fiscalización y control", así como procurar que "la Policía Judicial tenga todo el despliegue necesario y esté bajo la dependencia del Ministerio Fiscal y los órganos jurisdiccionales".

Ya en su comparecencia ante la comisión, el Fiscal Superior ha remarcado que la corrupción "sigue siendo una preocupación constante de todos los territorios", y "en casi todas las provincias se siguen procesos complejos". Ha citado explícitamente el caso de Cádiz, con "un número importante de causas vinculados con delitos de esta naturaleza" en dicha provincia, y ha insistido en "la necesidad de fortalecer un principio de unidad de actuación".

García Calderón ha argumentado que "ha habido situaciones investigadas que no han alcanzado entidad delictiva, pero que sí podrían ser irregulares", y en ese sentido ha remarcado que "hay formas de corrupción que no son delictivas, pero que sí deben ser perseguidas, no por el Ministerio Público, pero sí por otras instituciones".

Ha reiterado que la "acotación temporal" del proceso de investigación recogida en el artículo 324 de la Lecrim "ha sido una vieja aspiración de la Fiscalía Superior" aunque resulte "polémica por distintos aspectos".

En relación a la instrucción por parte del Ministerio Fiscal, ante la comisión ha aseverado que "a día de hoy ya no tiene sentido debatir más esta cuestión y habría que hacerlo con urgencia para dotar de eficacia a la ley procesal", volviendo a aludir a la existencia de "conocidos macroprocesos en la comunidad que abundan también en esta necesidad".

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El fiscal superior durante su comparecencia en el Parlamento. prensa parlamento

'Reducción de escasa entidad' de la delincuencia 

En su comparecencia en la comisión, García Calderón ha apuntado que se aprecia "una reducción paulatina de los exponentes globales de la delincuencia", pero "no porque se reduzca la criminalidad, sino porque han ido mejorado los sistemas de registro que sostienen la Fiscalía y los órganos jurisdiccionales y continúan evitándose algunas prácticas inadecuadas".

Ha señalado que las formas de "enjuiciamiento rápido e inmediato" producen "un efecto muy deseado", que es el de que "no exista sensación de impunidad", y ha insistido en que en las cifras globales de la delincuencia se aprecia un "descenso" pero "de escasa entidad".

Además, en determinadas figuras delictivas como los de impagos de pensiones o denuncias falsas sí se aprecian algunos incrementos, según ha explicado García Calderón, que al respecto de esta circunstancia ha aludido a la crisis económica.

Respecto a la carga de trabajo de la Fiscalía, ha comentado que ésta sigue realizando "alrededor de 60.000 calificaciones", por lo que "la carga de trabajo se ve con respecto a años anteriores escasamente reducida", con "unas 3.000-3.500 calificaciones menos".

También ha apuntado una rebaja del número de juicios orales a los que tienen que asistir los fiscales, algo que "podría conectarse con el leve descenso de las cifras vinculadas con la delincuencia", ha indicado García Calderón, que ha hecho especial alusión, como "problema más acuciante" que observan en el Ministerio Público, a la ejecución de las sentencias, que "parece que se convierte en un problema endémico del sistema de justicia penal en España", según ha lamentado.

Valoración de los grupos parlamentarios 

En el turno de los grupos parlamentarios en la comisión, el diputado del PSOE-A José Latorre ha defendido a la Fiscalía como "una institución esencial en el mundo complejo que vivimos y que tanto incide en la Administración de Justicia", y ha admitido que "aún quedan aspectos pendientes para lograr una Fiscalía completamente eficiente". "No negamos que haya aspectos a mejorar y trabajaremos para ello en este próximo año", ha avanzado el socialista, que ha defendido la necesidad de "una justicia eficaz".

Por parte del PP-A, la diputada Rosalía Espinosa ha compartido también la idea de que el Ministerio Fiscal asuma la fase de instrucción, y ha incidido en "la falta de medios que sufren en la Fiscalía Superior y las Fiscalías provinciales", algo que desde la Fiscalía Superior se manifiesta cada año, según ha apuntado la representante 'popular', que ha subrayado además que en Andalucía hay "juzgados que llevan macrocausas y que están necesitados de personal".

La diputada de Podemos Begoña Gutiérrez ha criticado que la Ley de Enjuiciamiento Criminal sigue siendo "una ley obsoleta que no se adapta a los tiempos que vivimos ni da una respuesta a la altura" de lo necesario. Además, ha mostrado interés por cuestiones como la situación de los refugiados y la violencia de género, y ha resumido indicando que la Memoria de la Fiscalía "viene a reflejar muchas de las reivindicaciones que hacemos los profesionales. Ahora solo falta que la Consejería las atienda".

Por Ciudadanos (C's) ha intervenido su portavoz en la Comisión de Justicia, Sergio Romero, que ha aludido a la "falta de recursos y de coordinación" que señala la Memoria, y ha lamentado que en ella no se recogen "muchos aspectos positivos". Ha defendido además la importancia de los juicios rápidos y de la mediación, al respecto de lo cual se ha mostrado crítico con la partida que la Junta dedica a ello, y ha concluido reivindicando una justicia "ágil, independiente y justa".

Finalmente, el portavoz parlamentario de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha defendido la necesidad de un "firme compromiso institucional en la lucha contra la corrupción", así como el traslado de la instrucción a la Fiscalía y la conveniencia de crear equipos multidisciplinares. Igualmente, ha abogado por mejorar la respuesta a los hijos de las víctimas de violencia de género, así como por "un pacto de Estado" ante dicha violencia.