España cuenta con una de las leyes más avanzadas en materia de violencia de género  y Andalucía fue pionera en el reconocimiento de los menores como víctimas, sin embargo el número de asesinatos de mujeres no para de crecer. En estos momentos, la cifra es ya sonrojante, 915 mujeres desde 2003 hasta el momento de escribir esta información y 28 menores muertos a manos de sus progenitores. Y sí, en este macabro recuento están ya Jessica, la joven de Elda tiroteada por su pareja y la niña degollada por su padre en Alzira. Protestas, pancartas, trendic topic en la red social Twitter, condenas por parte de los responsables políticos e institucionales y… ¿algo más?

Abogados y abogadas trabajan en Andalucía con dos textos de cabecera, la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (de ámbito estatal) y la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral con la violencia de género (de ámbito autonómico) que añade a la primera la consideración de la violencia económica. A estos dos textos legales se ha sumado recientemente el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, ratificado en el Congreso de los Diputados el pasado 28 de septiembre cuya novedad reside en una aportación económica que quedará en el aire si se prorrogan los presupuestos del 2017 y no se habilita una partida específica para poner en marcha las medidas que contempla. Y ellas seguirán muriendo.

'Las mujeres llegan destruidas después de años de violencia y tienden a minimizar los hechos muy influidas por su entorno familiar y social', de ahí la importancia de trabajar desde una perspectiva de género

Montserrat Linares Lara, abogada granadina especializada en violencia de género, hace especial hincapié en la necesidad de formar adecuadamente a todos los agentes que intervienen en el proceso que inicia una mujer cuando se decide a interponer una denuncia porque “si no se escucha a la víctima con detenimiento y nos quedamos en el último hecho que nos relata y el que la mueve a ir a la comisaría o el juzgado, no llegaremos al origen del problema por lo que será difícil establecer las medidas de protección adecuadas”. La clave reside, entonces, en instruir la violencia habitual, muy difícil de acreditar al no existir muchas pruebas que presentar en un proceso penal pero por lo que es necesario contar con agentes formados específicamente en violencia de género. “Las mujeres llegan destruidas después de años de violencia y tienden a minimizar los hechos muy influidas por su entorno familiar y social” por lo que “se terminan condenando las violencias ‘más leves’, el hecho puntual que ha llevado a la denuncia y dejamos atrás el historial de violencia y su gravedad”. Años de malos tratos que sólo se podrán instruir y enjuiciar si se trabaja en este ámbito desde una perspectiva de género. 

La mayor o menor gravedad de las condenas por violencia, la consideración de la conducta violenta como un hecho puntual y aislado, y no como violencia mantenida en el tiempo, influyen directamente en las actuaciones que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado realizan para aplicar los protocolos de control y seguimiento del riego de las víctimas. Si no se instruye y se investiga la violencia habitual que la mujer denuncia “nos encontramos ante delitos leves como las injurias que se solventan, en ocasiones, con una conformidad en el juzgado y una orden de alejamiento de seis meses” explica Montserrat Linares para quien estas situaciones encierran muchas veces el verdadero riesgo.

La declaración de la víctima

En los procesos judiciales por violencia de género, la declaración de la víctima es fundamental al igual que todos los testimonios que puedan aportarse por parte de vecinos, familiares o amigos que a lo largo del tiempo han tenido conocimiento de la situación de estas mujeres. Estos testimonios, que pueden sumarse a los historiales médicos, los del profesorado de sus hijos en los centros educativos, los informes de los servicios sociales o de los centros de la mujer, proporcionan a las defensas de las víctimas las pruebas necesarias para acreditar la violencia habitual. Además de  estas pruebas objetivas, “es fundamental que se dé credibilidad al relato de las víctimas cuando se acercan hasta la comisaría o el juzgado para presentar las denuncias” explica la letrada quien manifiesta que, en muchas ocasiones “se pone en cuestión su relato y son interrogadas para encontrar contradicciones en la exposición de los hechos” y ello se debe a la falta de formación de algunos profesionales con los que las víctimas se encuentran a lo largo del proceso que actúan sin la perspectiva de género adecuada. “Claro que a veces hay contradicciones, ¡cómo no las va a haber!, si llegan en estado de shock, nerviosas, con mucho miedo y bloqueadas” y sus declaraciones iniciales pueden diferir de las que realizan luego en la instrucción y en el juicio cuando ha transcurrido el tiempo y recuerdan detalles importantes que se no se relatan en la comisaría cuando llegan para denunciar un hecho puntual.

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En los procesos judiciales por violencia de género, la declaración de la víctima es fundamental. indegranada

El trabajo de los profesionales del derecho es fundamental en todo el proceso pero, principalmente, en los momentos previos por lo que “es necesario que la asistencia jurídica a la víctima sea preceptiva, es decir, que no se le tome declaración sin la presencia de un letrado o letrada”, señala Linares quien reconoce que en ocasiones esto ocurre por lo que, ya de inicio, el procedimiento se complica. Sobre este aspecto, la fiscal delegada de Violencia de Género de Granada, Susana Vega, asegura que en las comisarías hay personal especializado en la materia y que, además, “a la hora de dictar sentencia, lo que se tiene en cuenta es lo que la víctima ha relatado en el juicio y no lo que se recoja en el atestado porque su valor es nulo en materia judicial ya que el juez no tendrá en consideración nada de lo recogido en el atestado si no se ha ratificado en el juzgado”. 

Tanto Montserrat Linares como Susana Vega coinciden en destacar el papel jugado por las instituciones públicas en Andalucía que han situado a la comunidad en la vanguardia de la lucha contra la violencia de Género. No obstante, es necesario continuar con el trabajo iniciado hace años porque “tenemos una Ley de diez pero la aplicamos con un dos, y no son necesarios más protocolos de actuación, sino que se cumplan los ya establecidos”, reclama Linares quien solicita además que “se dicte la prisión cuando se quebrantan las condenas”, una decisión que no se tomó en el caso de la joven de Elda. “En este país, escuchamos a la víctima cuando tiene rastros físicos del delito, pero aunque no existan lesiones, la mujer percibe el peligro que corre y escucharlas adecuadamente puede servir para evitar asesinatos o tentativas de los mismos”, sentencia.

Actuaciones de oficio

Como cualquier delito, los relacionados con la violencia de género también se persiguen de oficio y sobre esta actuación de la Fiscalía, Susana Vega asegura que “se actúa mucho incluso en situaciones en las que la propia víctima no quiere interponer una denuncia pero para que se inicien diligencias de investigación el hecho tiene que llegar a nuestras manos”. Servicios, colectivos y organizaciones como centros de salud, médicos, enfermeras, asistentes sociales o el personal adscrito a los centros de la mujer son los que ponen en conocimiento de la Fiscalía situaciones susceptibles de ser calificadas como violencia de género que ponen en marcha la investigación sin que los maltratadores tengan conocimiento de ello. 

Si bien desde algunos foros se apunta al cambio del perfil del maltratador hacia actitudes de violencia psicológica en vez de violencia física, Vega considera que las que verdaderamente han cambiado han sido las mujeres que ya no están dispuestas aceptar que se les diga cómo tienen que vestir o con quién deben relacionarse. “Lo normal es que haya primero un maltrato psicológico y si, por parte de la mujer se asume, no se utiliza la fuerza pero, en el momento en el que la víctima no acepta esa situación es cuando se hace uso de la misma”. 

Campañas y contracampañas

Tanto las leyes anteriormente citadas como el Pacto de Estado contra la Violencia de Género contemplan campañas de sensibilización para educar a la sociedad y prevenir las situaciones de violencia contra las mujeres que “se notan en las actuaciones de los Cuerpos de Seguridad, en la toma de denuncias o en los protocolos de los atestados” afirma Montserrat Linares que, sin embargo, alerta sobre las contra campañas. Dos de las que han logrado calar más socialmente han sido las referidas a las denuncias falsas (sólo el 0,0075% entre 2009 y 2016 según datos de la Fiscalía General del Estado) y el denominado síndrome de alienación parental “que no existe porque no está reconocido a nivel de protocolos médicos ni psicológicos pero hay jueces que lo aplican”.

Estas contra campañas han dado un paso más e incluso se han creado asociaciones de perjudicados por la Ley de Violencia de Género que culpan a esta normativa de arrebatarles a sus hijos. Según Linares, “es la reacción de un patriarcado que no quiere que se visibilice la violencia de género y este inexistente síndrome de alienación, no es más que la reacción normal de los menores que no quieren irse con sus padres después de ser testigos y víctimas de la situación de malos tratos que han vivido en sus hogares”. 

Susana Vega da un paso más y considera que la violencia de género obedece, también, a la falta de educación desde los colegios y guarderías. Las campañas de concienciación contra esta lacra social, la Ley, los centros especializados y los recursos que se han puesto a disposición de las afectadas no son suficientes si no se trabaja contra la sociedad violenta en la que vivimos. “La violencia está presente en las series de televisión, en la publicidad, en las redes sociales, los menores se hablan violentamente con gritos y, por eso, entre las parejas también se actúa con violencia”, explica la fiscal quien señala que incluso en algunas situaciones esta violencia se consiente “por lo que estos comportamientos se transfieren luego a otros ámbitos”.  

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Juzgados de La Caleta. indegranada

Recursos

En Granada trabajan en el turno de oficio especializado en violencia de género un total de 584 profesionales, de ellos 436 en Granada capital. En la provincia 11 lo hacen en Baza, 16 en Guadix, 2 en Huéscar, 16 en Loja, 57 en Motril, 6 de Órgiva, 29 en Santa Fe y 11 en Almuñécar. En cuanto a los juzgados especializados, la capital cuenta con dos y en todos los partidos judiciales -Baza, Guadix, Loja, Santa Fe y Motril- existe un juzgado de Instrucción que también asume los casos de violencia de género con personal especializado para ello.

Según el Informe anual sobre las políticas autonómicas en esta materia, Andalucía registró en 2016 un total de 29.997 denuncias por violencia de género, lo que supone un aumento del 7,04% respecto al año anterior.