La pérdida de unidades en la escuela pública andaluza es una constante desde 2012. La excusa según la anterior administración educativa era la bajada de la tasa de natalidad. Desde USTEA siempre hemos denunciado esta farsa: la bajada de natalidad no puede galopar exclusivamente a lomos de la escuela pública mientras que se protege a la concertada. A modo de ejemplo, en la provincia de Granada el año pasado la reducción de unidades entre infantil y primaria dentro de la escuela pública fue de 106, mientras que en la escuela concertada fue de 4. Este año vamos camino de repetir el mismo escenario. 

Supresión de unidades 

Aunque un estudio acerca de la pérdida de unidades para el curso que viene requiere esperar a la certificación de matrícula en el mes de julio, es posible realizar una aproximación con las previsiones que los centros dan a la administración entre marzo y abril y la respuesta de ésta. Con estos datos provisionales en USTEA Granada hemos realizado dicha aproximación a partir de una muestra de 51 centros de la provincia: 13 institutos y 38 colegios. Los resultados arrojan unos datos nada buenos para la escuela pública. De estos 51 centros hemos registrado una posible pérdida de 24 unidades. Esto supone una pérdida promedio de una unidad por cada 2,1 centros educativos. Evidentemente estos datos se modificarán en julio, sin embargo, partimos ya de una situación alarmante, que certifica que seguimos en la dinámica de deterioro de la Escuela Pública de cursos anteriores. Hasta aquí mucho malo, pero nada nuevo. 

Masificación ilegal 

Vamos a la novedad. Hasta marzo de este curso el conocido como Real Decreto de “los recortes educativos”, esto es el RDL 14/2012, de 20 de abril, permitía una aglomeración en las aulas con un incremento de hasta el 20% respecto al número ordinario de alumnos/as por grupo, la conocida “ratio”, que es de 25 en infantil y primaria, 30 en secundaria y 35 en bachillerato. Los responsables políticos andaluces se jactaban de que aquí ese recorte nunca llegó, pues se aplicaba la “ratio” sin tener en cuenta la normativa de recortes, lo cual tampoco era cierto. No era cierto porque si bien la LOE (Ley Orgánica de Educación) permite un aumento del 10% sobre la ratio ordinaria, ese aumento queda claramente vinculado a una casuística muy determinada: alumnado de incorporación tardía o por movilidad forzosa de la unidad familiar. La trampa estaba en que ese 10% extraordinario se convertía en ordinario y las unidades de los centros se cerraban sistemáticamente a 28 en primaria, 33 en secundaria y 39 en bachillerato. No se podía reclamar nada puesto que el suelo legal lo establecía el Real Decreto de “recortes educativos” que incluso hubiera permitido un giro de tuerca más en la masificación de las aulas. Pero en marzo de este año, tras la derogación parcial de dicha norma, desaparece la posibilidad de aumentar la ratio en un 20% sin excepcionalidad ninguna, por lo que nos atenemos a la LOE para calcular el número de estudiantes por aula estrictamente. 

Sin embargo, hay dinámicas difíciles de romper, sobre todo aquellas derivadas de las lógicas de recortes. La Delegación de Educación de Granada sigue haciendo la misma trampa en la escolarización y sigue concediendo grupos de forma ordinaria con el 10% extraordinario de incremento. De los 51 centros de los que hemos sacado información, esta delegación ha comunicado que el año que viene habrá 55 unidades con esta ratio ilegal. El objetivo original del ese aumento excepcional en la ratio es el de garantizar el derecho a la escolarización a alumnado que se traslada de vivienda o de centro una vez comenzado el curso escolar. Sin embargo, este mal uso de la escolarización por parte de nuestros responsables políticos va a hacer que en muchos centros con ratios al límite se les niegue el derecho a la escolarización a estos alumnos/as o que los centros cedan al chantaje de que para que esto no ocurra, los incorporen aunque para ello tengan que meter un pupitre en el pasillo, en el armario o en el quicio de la puerta. 

La cuestión es la siguiente: ¿cuántas unidades de la escuela pública podrían recuperarse si contabilizara correctamente el número de alumnos por aula? Pues bien, si estas 55 unidades con ratios ilegales pasaran a tener una ratio legal, podrían llegar a recuperarse cerca de 40 unidades. Dicho de otro modo: tan sólo respetando la legalidad vigente en estos centros se podrían recuperar de forma neta 16 unidades, en lugar de perder 24. Es imprescindible comprender que aumentar el número de unidades en un centro educativo, significa mejorar al atención al alumnado, no sólo por el descenso de las ratios por grupo que repercute en una atención más individualizada, sino también porque el número de unidades está estrechamente vinculado a los cupos y recursos educativos que se conceden a colegios e institutos. 

Defensa de la Escuela Pública 

Que la bajada de natalidad conlleve supresión de unidades lo comprendemos. Pero que estas unidades suprimidas sólo sean de la escuela pública, no tanto. Y que la supresión de unidades vaya de la mano de la masificación de aulas por encima de la legalidad vigente es algo que no se puede tolerar. 

USTEA somos un sindicato que defendemos la escuela pública, por lo que pondremos toda la carne en el asador para impedir que se utilice el contexto de la bajada de natalidad para degradar la escuela pública. Y como además somos un sindicato de clase que defiende el empleo de los y las trabajadoras, cabe preguntarse: ¿cuántos puestos de trabajo se pueden llegar a perder con la supresión de unidades? La media es de 1 maestro/a menos por cada unidad menos en infantil y primaria, y 1,7 profesores/as menos por cada unidad menos en un IES. Es decir, de constatarse los datos provisionales, se podrían llegar a perder 30 docentes en los centros estudiados. Este dato extrapolado a nivel provincial es una catástrofe en términos de destrucción de empleo público, fundamentalmente de empleo interino. Es por ello por lo que queremos hacer un llamamiento a toda la comunidad educativa a pelear contra la pérdida de unidades y la masificación ilegal en la escuela pública.