El Ministerio del Interior ha destituido al coronel de la Guardia Civil F.O.C., que fue jefe del Servicio de Asuntos Internos, tras haber sido imputado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Granada, que investiga una presunta trama de narcotráfico, según han confirmado a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

Las mismas fuentes han detallado que la destitución del coronel, que se encontraba en la reserva y era responsable de la Asociación Pro Huérfanos, se produjo este martes. El pasado abril fue cesado el coronel Francisco G.S. por "pérdida de confianza" tras resultar también acusado en esta causa, en la que hay cinco imputados, los dos militares y tres civiles, que son los presuntos traficantes, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Granada lleva varios meses recabando pruebas y ya ha tomado declaración a cuatro de los cinco imputados en el marco de un caso en el que se investiga la comisión de supuestos delitos de asociación ilícita, contra la salud pública, blanqueo de capitales, cohecho y encubrimiento.

En estos momentos está pendiente que declare el coronel que acaba de ser destituido, que estaría siendo investigado por haber supuestamente silenciado las investigaciones sobre una trama de narcotraficantes que estaba presuntamente codirigida por el otro miembro de la Guardia Civil imputado, según detalla en su edición de este miércoles el País y el 'Ideal'.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, se ha pronunciado en Almería sobre estos hechos y ha emplazado a "dejar" que la "investigación siga su curso", al tiempo que ha remarcado que se trata de un procedimiento que lleva "la Guardia Civil, propio de las circunstancias que se denuncia".

"La Guardia Civil toma las decisiones que corresponden evidentemente a su disciplina interna y propia organización. Dejemos que la investigación siga su curso y que avance", ha indicado en declaraciones a los medios.

En el mismo sentido se ha pronunciado el subdelegado del Gobierno en Granada, Santiago Pérez, quien ha defendido la "eficacia" y "transparencia" con la que funciona la Guardia Civil, garantizando que el Ejecutivo central es el "primer interesado" en que se esclarezcan los hechos.