El joven que denunció al padre Román M.V.C. por supuestos abusos sexuales en el conocido como 'caso Romanones', del que el sacerdote salió absuelto, ha recurrido ante el Tribunal Supremo la sentencia para que las costas del procedimiento, que le fueron impuestas, sean declaradas de oficio.

De hecho, el único motivo que se esgrime en este recurso de casación formalizado ante la Sala Segunda del Supremo, y al que ha tenido acceso Europa Press, es relativo a la imposición de las costas procesales al joven, que ejercía la acusación particular en el proceso y no ve justificada la medida.

La Audiencia de Granada lo justificó en "la falta de convicción" en su testimonio y en "su conducta desleal", al tiempo que le reprochó haber dado lugar a "un proceso excepcional, llevándose a cabo diligencias nada común en asuntos de similar naturaleza, aumentando injustificadamente su volumen, con resultado nulo".

Para el tribunal provincial, se había "exigido un sobreesfuerzo por lo complejo de la actividad instructora, su carácter secreto y lo largo y engorroso del plenario, obligando a los órganos de investigación y enjuiciamiento a prestar una dedicación desproporcionada" al caso.

En el recurso se explica que estas circunstancias "nada tienen que ver con la mala fe o temeridad" del joven y se argumenta que su actuación no ha originado en el proceso "ningún gravamen innecesario" ni "ningún exceso de diligencias de investigación o prueba" que le haga merecedor del pago de las costas procesales de la defensa.

Así, se expone que fue el Juzgado de Instrucción con intervención de la Fiscalía, cuando aún estaba declarado el secreto de sumario, los que "debieron apreciar indicios de verosimilitud en la denuncia del joven", de manera que llevaron a cabo y desplegaron toda una serie de diligencias de investigación, "en algunos casos innecesarias".

El recurrente hace hincapié en que fueron el juez instructor y el Ministerio Fiscal quienes impulsaron el procedimiento y ordenaron la práctica de diligencias", con la detención de la investigados, registros domiciliarios y pruebas de análisis de conducta, entre otras, sin que en ello interviniera la acusación particular, según consta en el recurso, que avanza este viernes el diario 'Ideal' y que ha sido formalizado por el letrado del denunciante del 'caso Romanones', Jorge Aguilera.

Se argumenta por tanto que cuando se levanta el secreto de sumario "todas las diligencias de investigación están practicadas sin intervención de la acusación particular", que según se defiende en el documento "no ha pedido ni una sola diligencia de investigación a su cargo o a su instancia", por lo que no ve justificada la imposición de costas.