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El pasado verano fue necesario habilitar un pabellón polideportivo para la atención a los migrantes. alba feixas

En el Día Internacional de las personas migrantes, que se celebra mañana, el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha insistido en la necesidad de mejorar la primera acogida y asistencia de las personas que llegan a las costas españolas en situación irregular. En el punto de mira del nuevo informe de la institución está el Puerto de Motril.

Si bien el campamento habilitado puede servir a su juicio de ejemplo para establecer espacios similares en Almería o Cartagena, ha vuelto a denunciar que las viejas instalaciones carecen de los servicios elementales. También pone el acento en la asistencia jurídica a las personas migrantes, que se hace de manera colectiva y, por tanto, sin las garantías suficientes. En este sentido, se ha dirigido al decano del Colegio de Abogados de Granada. 

La institución, en su doble condición de Alto Comisionado de las Cortes Generales y Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), ha hecho 11 visitas durante los meses de agosto y septiembre a las provincias de Granada, Cádiz y Málaga para comprobar cómo se estaba realizando la atención humanitaria y jurídica a las personas que accedían por la costa de manera irregular. Así, ha supervisado, coincidiendo con un repunte migratorio, las distintas instalaciones que han servido para la acogida, custodia y documentación de las personas llegadas en patera.

Hasta mediados de agosto, el Defensor pudo constatar un fallo estructural de estos servicios cuyas capacidades se vieron ampliamente superadas. Este fallo provocó la saturación de las comisarías de policía y que se tuvieran que abrir pabellones polideportivos, entre otros espacios, para poder ofrecer una mínima atención humanitaria a las personas que iban siendo rescatadas del mar. En las visitas de septiembre se constataron mejoras y se apreció un “significativo y positivo” cambio de tendencia en relación con las instalaciones, no así en las condiciones jurídicas apreciadas en estas inspecciones.

La institución también ha valorado positivamente la estrecha colaboración entre la Administración General del Estado y las Administraciones locales para atender la llegada de estas personas.

El Defensor del Pueblo lleva años denunciando los fallos y las carencias del sistema de primera acogida. Fernández Marugán ya alertó el pasado mes de febrero en una comparecencia ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor que, a pesar de los más de 30 años transcurridos desde la primera llegada de una patera, la respuesta que está dando España es insuficiente.

La institución considera imprescindible la consolidación de un catálogo de infraestructuras próximas, en el que podrían encajar los denominados Centro de Atención Temporal a Extranjeros (CATE) ya operativos en San Roque, Motril y Málaga, y en este sentido, confía en que se creen espacios similares entre Almería y Cartagena.

También aboga por la creación de equipos móviles especializados que permitan ofrecer una respuesta inmediata ante repuntes de llegadas. Al tiempo que considera recomendable que se refuercen con estos equipos las plantillas policiales de las localidades del litoral andaluz. Además, insiste en generar un sistema de identificación de personas vulnerables que permita detectar a solicitantes de asilo, niños y niñas no acompañados y víctimas de trata.

Por otra parte, el Defensor ha reiterado a la Secretaria de Estado de Migraciones su recomendación para que se revise el protocolo para atender las situaciones de emergencia humanitaria derivadas de llegadas a través de la frontera terrestre o marítima para evitar el uso de infraestructuras no idóneas para la primera acogida y asistencia.

Agosto: saturación de recursos

En los primeros días de agosto se visitaron polideportivos en Algeciras, San Roque y Los Barrios que fueron abiertos para acoger a las personas rescatadas del mar tras la saturación de los recursos existentes. Por estas instalaciones pasaron hombres, mujeres y niños de corta edad, en su mayoría de origen subsahariano, en unas condiciones inadecuadas. En algunos pabellones había colchonetas deportivas para dormir pero en otros tuvieron que hacerlo directamente sobre trozos de cartón. Los vecinos fueron, en muchos casos, los que proveyeron de alimentación y ropa a las personas allí ingresadas.

Estas instalaciones carecían de cualquier tipo de registro oficial que permitiera conocer con exactitud la situación de cada persona allí custodiada. En opinión del Defensor, la ausencia de libros de registro y de hojas de custodia debe ser rechazada. Además, la Institución apunta que no es justificable que se utilizara el concepto de retención para mantener que estas personas no se encontraban técnicamente privadas de libertad. Así, ha formulado un recordatorio de deberes legales al Director General de la Policía apuntando que a muchas de las personas que se encontraban en los diferentes dispositivos utilizados no se les había iniciado procedimiento administrativo alguno por lo que no habría sido posible acordar la detención como medida cautelar, tal y como establece la normativa vigente.

La apertura de estos recursos fue de carácter excepcional y actualmente se encuentran cerrados como centros de atención temporal. Sin embargo, el Defensor no puede dejar de insistir en la necesidad de poner en marcha infraestructuras mejor articuladas que permitan garantizar los derechos fundamentales de las personas custodiadas.

En agosto también se visitó el buque “María Zambrano” donde durante al menos cinco días, más de 400 personas permanecieron en un limbo jurídico tras permanecer privadas de libertad por falta de dispositivos adecuados para su acogida y atención. Estas personas no fueron formalmente recibidas por la Policía Nacional durante ese periodo de tiempo, a fin de que no comenzara a computarse el plazo máximo de 72 horas de una detención. Este criterio, en opinión del Defensor, constituye un “flagrante fraude de ley” que permitió que estas personas se vieran privadas de libertad sin fundamento jurídico que lo avalase. Esta situación terminó el mismo día de la visita de los técnicos de la Institución. Las personas que se encontraban en el buque fueron puestas a disposición de la Policía Nacional y trasladadas a otros dispositivos de atención y custodia.

Por otra parte, se visitaron la comisaría de la Policía Nacional de Algeciras y el Centro de Internamiento de Extranjeros de Tarifa. Tras comprobar que en estos lugares solo se ingresaban a personas de nacionalidad marroquí o argelina, mientras que las de origen subsahariano o asiático eran derivadas a dispositivos de atención humanitaria y custodia, se ha solicitado información sobre esta práctica.

Además, tras constatar en la visita a la comisaría que a todos los integrantes de una misma embarcación se les concentraba en una misma celda, a pesar de encontrarse el resto de celdas libres, se formuló una sugerencia para que los detenidos sean ubicados en celdas de acuerdo con lo previsto en la Instrucción 4/2018 de la Secretaría de Estado de Seguridad que establece que el criterio general será de un detenido por celda y cuando el número de detenidos sea superior al de celdas, la ocupación se ajustará al aforo establecido para cada una.

Septiembre: significativo avance

En la segunda fase de inspecciones se volvieron a visitar instalaciones en la provincia de Cádiz y se ampliaron a Málaga y Motril.

En septiembre ya se encontraba operativo el CATE en el Puerto de Algeciras (Crinavis). Se comprobó que se había producido un significativo avance en relación con lo anteriormente observado. Estas instalaciones contaban con literas, cocina y aseos garantizando una acogida digna. En ellas se prestan labores humanitarias, de identificación y de documentación y se comprobó que ACNUR y organizaciones humanitarias accedían a estas instalaciones e informaban a las personas custodiadas.

La institución ha formulado a la Dirección General de la Policía cuatro sugerencias para mejorar las instalaciones y una recomendación para que se establezca y mantenga actualizado un libro de registro y custodia de detenidos. Además, el Defensor ha dirigido una recomendación al decano del Colegio de Abogados de Cádiz para que se garantice que las asistencias jurídicas sean siempre individualizadas y efectivas e imparta instrucciones para que no se realicen asistencias colectivas como las que se pudieron presenciar durante la visita.

En Málaga se visitó un pabellón polideportivo dónde se volvieron a reproducir las deficiencias detectadas un mes antes en la provincia de Cádiz y la Comisaría de la Policía Nacional dónde eran trasladadas las personas ingresadas en el polideportivo para la realización de las gestiones documentales.

Por último, se visitaron los dos espacios habilitados por la Policía Nacional en el Puerto de Motril. Tras visitar el CATE se formularon seis sugerencias al Director General de la Policía para mejorar las instalaciones y convertirlas en un recurso con vocación de mayor estabilidad. También se ha realizado una recomendación al decano del Colegio de Abogados de Granada para mejorar la asistencia jurídica tras presenciar, al igual que en Cádiz, asistencias simultáneas de hasta 12 personas.

Sobre las instalaciones de primera asistencia y detención de extranjeros en el Puerto de Motril, el Defensor ha pedido en reiteradas ocasiones su cierre por carecer de los servicios más elementales. En esta nueva visita se pudo comprobar que las carencias detectadas en noviembre de 2017 seguían sin corregirse.