La consejera de Cultura, Rosa Aguilar, ha mostrado este jueves su "respeto" a la actuación del Juzgado de Instrucción 4 de Granada, que investiga las supuestas irregularidades detectadas en la adjudicación y contratación del servicio de alquiler de audioguías de la Alhambra, y ha trasladado "plena disposición a colaborar" en todo lo que requiera el juez.

Aguilar ha realizado estas declaraciones a preguntas de los periodistas en Granada después de que, en un nuevo auto notificado el miércoles, el titular del Jugado haya incluido a diez nuevos investigados, ampliando los delitos que pudieran haberse cometido en distintas contrataciones del Patronato de la Alhambra, viendo indicios de delitos de falsedad documental, fraude en la contratación, tráfico de influencias y cohecho, todo ello, formando organización criminal del artículo 570 bis del Código Penal.

La consejera ha sostenido que "lo mejor" que se puede hacer desde la política es respetar la justicia y "no interferir" en las actuaciones judiciales, lo cual supone "una máxima del Gobierno andaluz", ha dicho, por lo que ha rehusado ofrecer opiniones concreta sobre este proceso.

De hecho, se ha mostrado partidaria de esperar a que finalice la investigación, en la que según sus datos "no hay nada relacionado con el patronato actual", después de que la anterior directora del recinto, María del Mar Villafranca, dimitiera a raíz de este caso.

La consejera ha garantizado igualmente que cualquier requerimiento del Juzgado será debidamente atendido, pues la disposición a colaborar con la justicia es "plena y total" y ha explicado que será la actual dirección del Patronato de la Alhambra y el Generalife la que ofrecerá, llegado el momento, los datos del resultado de las auditorías practicadas sobre la gestión del recinto.

Junto a los nuevos diez investigados, que se suman a los seis que ya había en la causa, el juez también amplía el objeto de la investigación a siete nuevas empresas que mantuvieron relaciones contractuales o comerciales con el Patronato de la Alhambra y el Generalife.

En el auto, el juez solicita, además, nuevas diligencias como los contratos concertados con el Patronato de la Alhambra y el Generalife adjudicados tanto a las personas físicas como a las empresas investigadas.

La causa que sigue el Jugado de Instrucción número 4 de Granada se abrió después de que el pasado 14 de julio de 2015 admitiera la querella presentada por el Ministerio fiscal contra la entonces directora de la Alhambra y otras cinco personas más por las presuntas irregularidades cometidas en el servicio de audioguías del Patronato de la Alhambra y el Generalife.

El titular del Juzgado incoó entonces diligencias previas para investigar los posibles delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales recogidos en dicha querella de la Fiscalía, que cifró en más de 5,41 millones de euros el posible fraude a las arcas del patronato.