La Policía Nacional ha desarticulado un grupo compuesto por cuatro personas, entre ellas una mujer, supuestamente dedicado a la regularización ilegal de hasta 20 marroquíes con contrataciones falsas desde empresas agrícolas de la comarca del Marquesado, con otros 22 expedientes en trámite.

Según ha informado la Policía Nacional en una nota, los cuatro están investigados como supuestos autores de delitos de falsedad documental, favorecimiento de la inmigración ilegal y pertenencia a grupo criminal. Se ha descubierto que llegaron a traer en algún caso hasta cinco hijos de una misma familia

La investigación se inició a finales de 2018, al detectarse en la Oficina de Extranjeros de Granada un elevado número de solicitudes de contrataciones en origen de ciudadanos magrebíes, por parte de varias empresas agrícolas pertenecientes a una misma familia de una localidad cercana a Guadix.

Los primeros pasos de la investigación evidenciaron que los empresarios, padre e hijo, que disponían de maquinaria agrícola con la que trabajaban en tierras propias y prestaban servicios a terceros, realmente "no tenían ningún trabajador extranjero marroquí contratado y tenían una estrecha relación con un bufete de abogados de Granada", en el que trabaja como secretaria una mujer de origen marroquí.

Dicho bufete actuaba supuestamente como representante en todos los expedientes de regularización de los ciudadanos extranjeros, ha informado también la Policía Nacional.

En los primeros días del mes de junio de este año, se llevó a cabo una actuación conjunta entre la Policía Nacional y la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, en las explotaciones agrícolas y en un domicilio, fruto de la cual se descubrió que un total de 20 ciudadanos marroquíes habrían logrado obtener de modo ilegal autorización de residencia y entrada en territorio nacional, con "falsas ofertas de trabajo y altas ficticias en la Seguridad Social, además de otros 22 expedientes que están en trámite".

Uno de los empleadores estaba en situación de jubilado y a su vez era benefactor él, como su esposa, de la Ley de la Dependencia, por la que una mujer contratada por el Ayuntamiento de la localidad donde residían trabajaba cuatro horas diarias en esa actividad, y habría hecho contratos de trabajo de falsos empleados de hogar a seis ciudadanos marroquíes que lograron regularizarse "en fraude de ley".

Los falsos empleadores, que fueron detenidos, cobraban una cantidad que variaba de entre 5.000 y 8.000 euros a los padres de cada extranjero a los que supuestamente contrataban, aprovechando una excepción legal, que "permite dar derecho de residencia a esposos e hijos mayores de edad y así habrían llegado a traer en algún caso hasta cinco hijos de una misma familia, cantidad que se repartían porcentualmente los cuatro miembros de la organización".