La Central Sindical Independiente y de Funcionarios ( CSIF) en Granada denuncia la falta de recursos en las unidades de salud mental en la sanidad pública andaluza para atender de manera adecuada la prevención del suicidio, con un déficit de profesionales especializados, tanto en Atención Primaria como en hospitales, que no se adecua a las necesidades asistenciales, según informa en una nota de prensa. 

Con motivo del Día Mundial de Prevención del Suicidio que se conmemora este domingo, el sindicato recuerda que la falta de profesionales especializados en el SAS para la prevención de la conducta suicida es clara e histórica y ocasiona demoras y déficits en la atención que tienen repercusiones muy graves para los pacientes. 

CSIF Granada recuerda que precisamente, en la provincia, estadísticamente se conocen datos sobre intentos de suicidio recogidos entre 2015 y 2022 y de ellos se desprende que el año pasado se contabilizaron 60 casos de intentos de suicidios en las urgencias sanitarias. En 2022,  último año con registros de la provincia en el Instituto Nacional de Estadística (INE), 120 personas se quitaron la vida en la provincia de Granada, quinta provincia española con mayor tasa de suicidios, que han aumentado casi un 35% desde 2018.

El sindicato reclama un refuerzo en las unidades de salud mental mediante la dotación estructural de más personal especializado para garantizar una asistencia integral en el sistema público de salud, al tiempo que subraya la necesidad de trabajar en el cuidado de la salud mental y el riesgo de suicidio en el ámbito laboral.

En este sentido, CSIF Granada valora la creación de un sistema de registro de conducta suicida aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado mes de julio, que permitirá conocer y manejar datos de primera mano que aporten información valiosa para intensificar los trabajos de prevención y actuación ante el suicidio en general en nuestra comunidad y especialmente en el ámbito laboral.

Plan Nacional de Prevención del Suicidio

Asimismo, CSIF pide la aprobación urgente de un Plan Nacional de Prevención del Suicidio, con dotación presupuestaria y con medidas específicas para los colectivos profesionales más vulnerables. El sindicato propone, con el objetivo específico de detectar precozmente y prevenir el riesgo suicida, ampliar los registros de suicidio con la variable demográfica de “la profesión” para identificar grupos profesionales vulnerables poder actuar sobre ellos y evaluar los factores de riesgo que llevan al suicidio.

La relación entre trabajo y suicidio tiene diferentes vertientes. Entre los factores laborales que pueden llevar a una persona a tener ideaciones suicidas se encuentran: situaciones traumáticas o de estrés laboral sostenido en el tiempo, jornadas laborales maratonianas que no permiten la desconexión y pueden generar problemas familiares, dificultad de conciliación, salarios bajos, el acoso laboral, el acceso a medios letales (medicación, pesticidas o armas), aunque también figuran la pérdida del empleo o el desempleo de larga duración.

En este contexto, el entorno laboral puede constituir un lugar primordial para implementar estrategias de prevención del suicidio en la edad de adulta; al igual que los centros educativos son esenciales, en el caso de la infancia y la adolescencia.

Además, hay colectivos profesionales -como el personal de seguridad y emergencias- con altas cargas de estrés por las características propias de su trabajo, a las que se añaden otras problemáticas familiares derivadas de un trabajo sometido a turnos y horarios intempestivos, sin festivos y sin periodos vacacionales fijos.

En España, el suicidio es la primera causa de muerte no natural, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2022 las cifras se han incrementado en un 2,3% respecto al año pasado, con un total de 4.097 suicidios (3.042 hombres y 1.055 mujeres). Esta cifra supera más del doble de accidentes de tráfico que fueron 1.790 en 2022.

El 67,24% de los suicidios estaban en edad activa (entre los 20-65 años), por lo que CSIF considera que el entorno laboral puede servir de vía para la detección precoz, la prevención y por otro lado como agravante.

CSIF ha trasladado una batería de propuestas y de reivindicaciones al Ministerio de Sanidad, a diversos Gobiernos autonómicos y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), entre las que se encuentran:

• Aprobación de un Plan Nacional de Prevención del Suicidio que incluya medidas para los colectivos profesionales con mayor incidencia y coordine las iniciativas en comunidades y ayuntamientos. 
• Un Protocolo Antisuicidio específico en cada administración para los colectivos profesionales más vulnerables, como Policía Local y personal de la Sanidad, al igual que se ha creado para Policía Nacional y Guardia Civil. 
• Mayor inversión en salud mental con un enfoque multidisciplinar. 
• Programas de prevención, detección precoz e intervención ante las conductas suicidas con refuerzo y apoyo psicológico en el entorno laboral. 
• Los suicidios derivados del ámbito laboral sean considerados accidentes laborales, tras una autopsia psicosocial. 
• Campañas de sensibilización social para romper estigmas, tabús y que pueda identificarse. Las administraciones deben incrementar sus recursos. 
• Ampliación de los criterios del registro del INE para determinar la actividad profesional del suicida. 
• Promoción de la educación emocional desde las primeras etapas educativas. 
• Medidas para dar a conocer los factores de riesgo asociados al suicidio y actuaciones específicas para prevenirlo. 
• Formación para que los profesionales aprendan a gestionar y regular el estrés laboral y los impactos en el trabajo. 
• Reforzar los RRHH en atención primaria y atención en Salud Mental. 
• Que los medios de comunicación se impliquen activamente ofreciendo una información responsable y adecuada sobre el suicidio.