"La crítica (con fundamento) a determinadas actuaciones de Jueces o Juezas, lejos de generar desconfianza en el sistema judicial español especializado en violencia de género, lo que hace es reforzar el buen funcionamiento del mismo, eso sí, siempre y cuando, tales críticas sean percibidas por dichos Jueces y Juezas como parte del lógico funcionamiento de una sociedad democrática, madura y moderna, y no como un ataque al conjunto del sistema judicial que requiere de una férrea respuesta corporativa".

Es una de las reflexiones de la carta abierta que la Coordinadora Estatal para la Erradicación de la Violencia Vicaria y la Violencia de Género Institucional ha dirigido al centenar de jueces y juezas que han expresado públicamente su apoyo a la titular del Juzgado de Violencia contra la Mujer 2 de Granada, tras las críticas a su actuación en el caso del hijo menor de Juana Rivas, un asunto que ya conoció en 2016, con la primera denuncia tras la huida de Italia de la madre con sus dos hijos, entonces los dos menores de edad. 

Hacen hincapié en que consideran "fundamental" la tarea de los responsables de estos juzgados y recuerdan que vienen reclamando mayor dotación de recursos para esos órganos judiciales. 

"A todo servidor o servidora pública, incluidos los y las Juezas de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, se les ha de exigir algo tan básico como ajustar su actuación al cumplimiento del DEBER DE DILIGENCIA, presupuesto básico para garantizar el ejercicio de los derechos de ciudadanía y más aún de los derechos humanos de las víctimas, tal y como reiteradamente exige el Derecho Internacional y nuestro Derecho Interno"

"En esta línea, creo que compartiremos la idea de que, a todo servidor o servidora pública, incluidos los y las Juezas de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, se les ha de exigir algo tan básico como ajustar su actuación al cumplimiento del DEBER DE DILIGENCIA, presupuesto básico para garantizar el ejercicio de los derechos de ciudadanía y más aún de los derechos humanos de las víctimas, tal y como reiteradamente exige el Derecho Internacional y nuestro Derecho Interno", expone esa carta para añadir que, en ese actuar diligente, "bien sabe usted que requiere, junto al obvio cumplimiento de la ley, la autoexigencia, individual y colectiva, de una evaluación permanente y autocrítica. Es esta la única manera de avanzar y superar problemas estructurales tan graves como es el de la violencia machista".

Por ello, defiende que no cabe duda, y espera -dice- coincidir con este centenar de profesionales, de que "reconocer los errores y tratar de enmendarlos forma parte intrínseca del correcto cumplimiento de la diligencia debida, así como que limitar o impedir la libre y sana crítica a las actuaciones de los y las servidoras públicas, no sólo no es aceptable, sino que, bien al contrario, dicha crítica ha de formar parte de las reglas de juego de un auténtico Estado de Derecho".

En la carta abierta, la coordinadora cita situaciones a las que tienen que hacer frente las víctimas de violencia machista. Y, respondiendo a los jueces, añade que esa crítica que hizo pública Carlos Aránguez, abogado de Juana Rivas, tiene como único interés "profundizar en la mejora" del sistema de justicia.

"Criticar las actuaciones de un juez o jueza, en cuanto que servidores públicos cuyas resoluciones, en determinados casos, tienen evidente interés para la opinión pública, no solo forma parte del legítimo derecho a la libertad de expresión, sino que es síntoma de una sociedad avanzada, con capacidad para profundizar en la mejora de su sistema de Justicia.

Nos consta fehacientemente que el letrado de la Sra. Rivas, D. Carlos Aránguez, el cual interviene pro-bono en esta causa, lejos de pretender un ataque contra todos los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, y de generar la duda acerca de su capacidad y cualificación profesional, lo que cuestiona son las concretas actuaciones de una Jueza, la cuales, como las de cualquier servidor público han de estar sujetas a crítica, máxime cuando las críticas son hechas por parte de los y las profesionales implicados o por las propias víctimas, cuyas vidas, en ocasiones (como el caso que nos ocupa, quedan tremendamente dañadas por decisiones judiciales que no se ajustan a la normativa vigente".

Consulta el texto completo en el siguiente enlace:

• Carta abierta de la Coordinadora Estatal para la Erradicación de la Violencia Vicaria y la Violencia de Género Institucional