El Consejo Escolar de Andalucía se suma a otros nueve autonómicos para pedir la paralización de las reválidas
Diez de los quince Consejos Escolares Autonómicos, entre ellos el de Andalucía -con sede en Granada- han solicitado al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que suspenda o aplace las reválidas de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato.
Así se lo trasladaron al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en un encuentro celebrado el pasado 13 de octubre a petición de las presidencias de los Consejos Escolares de las comunidades autónomas. El encuentro, que presidió el secretario de Estado, Marcial Marín, "por incompatiilidad de agenda del ministro", fue solicitado ante las reuniones que el titular de Educación está manteniendo con los diferentes sectores que conforman el Consejo Escolar del Estado.
Según el comunicado hecho público por las presidencias de estos órganos de participación democrática, el objetivo del encuentro era "sondear el estado de opinión" de los distintos Consejos Escolares Autonómicos sobre las posibilidades y características que deberían abordarse en el Pacto Educativo que el ministro en funciones quiere abordar.
A la reunión asistieron 15 presidencias, salvo la de Baleares -que justificó su ausencia- y la de Cataluña.
El Consejo Escolar del Estado, con Presidencia, Vicepresidencia y Secretaría vacantes
Antes de abordar el objeto de la reunión, los representantes autonómicos abordaron "la excepcional e insólita" circunstancia por la que atraviesa el Consejo Escolar del Estado, que no cuenta con Presidencia, Vicepresidencia, ni Secretaría; circunstancias que, al no estar prevista, en su reglamento de funcionamiento, propician que tanto la Comisión Permanente como la Junta de Participación Autonómica que integran el Consejo lleven 6 y 8 meses, respectivamente, sin celebrar reuniones. A este respecto es necesario tener en cuenta que el Consejo Escolar del Estado debe dictaminar la Orden que desarrolla el Decreto de Evaluaciones -reválidas-.
Tras ponerse de manifiesto esta insólita situación, el Ministerio pidió a las presidencias que se pronunciasen sobre:
- Los contenidos que deberían incluirse sen un futuro Pacto Educativo.
- Quiénes se consideran agentes idóneos para abordarlo: ¿Una subcomisión parlamentaria, el propio Consejo Escolar del Estado?
- Qué se precisaría para su desarrollo.
- Y lo elaborado sobre el pacto educativo en las distintas autonomías.
En este punto, la mayoría de las presidencias de los Consejos Escolares destacaron que, el pacto educativo, "aún siendo clave desde la constitución de la actual Junta de Participación Autonómica", debería "relegarse ante la grave problemática que suscitan las evaluaciones de ESO y Bachillerato -'reválidas'- contempladas en la LOMCE".
El presidente del Consejo Escolar de Andalucía y la consejera de Educación. junta
Ante esa situación, y sumándose de esta manera a "peticiones similares" procedentes de otras entidades integrantes del Consejo Escolar, se pidió al Ministerio que al objeto de "tranquilizar" a la comunidad educativa se arbitrasen "las medidas necesarias para el aplazamiento o suspensión" de las reválidas; más aún, cuando el Congreso de los Diputados se ha pronunciado favorablemente a la paralización de la LOMCE y cuando diversas Comunidades Autónomas han recurrido jurídicamente el Real Decreto. El propio Parlamento de Andalucía también ha solicitado la suspensión de las reválidas.
La posicion del Ministerio respecto a la LOMCE no varía y, de hecho, la posibilidad de que pueda formarse gobierno sirve al departamento que dirige en funciones Íñigo Méndez de Vigo, para dar un paso más e incluso pensar que podrá agilizar los trámites pendientes para las reválidas.
Así, el secretario de Estado rechazó la posibilidad de la suspensión, alegando "razones legislativas y jurídicas". Argumentó, según los Consejos Escolares Autonómicos, que por ser aspectos contemplados en la Ley precisarían de "una modificación parlamentaria y no gubernativa de la misma".
El Gobierno se escuda en que reválidas "no tendrán efectos académicos" este año y pide "calma", confiando en que en unas dos semanas pueda haber nuevo Ejecutivo, ya no en funciones, que pueda nombrar a la Presidencia del Consejo Escolar del Estado. "A partir de ese momento y mediante trámite de urgencia, se podría emitir el dictamen prescriptivo -pero no vinculante- a la Orden que desarrolla el Decreto de Evaluaciones, con lo que se subsanaría el problema de los 293.000 alumnos y alumnas de 2º de Bachillerato afectados".
Los modelos y ejemplos de la PAU, en diciembre
Desde la Secretaría de Estado de Educación se alegó, además, que "gracias" a los acuerdos alcanzados con la Conferencia de Rectores de Universidades, a partir de diciembre, el alumnado y los centros escolares dispondrían de "modelos y ejemplos" para la Prueba de Acceso a la Universidad.
Según destacan desde las presidencias de los Consejos Escolares Autonómicos, lo que vino a decir el secretario de Estado es que "la LOMCE, aun cuando es rechazada por la mayoría de los sectores educativos, sociales y políticos, hay que cumplirla".
El objetivo del gobierno es consolidar de alguna manera esta ley, según advierten desde sectores educativos andaluces. La ley impulsada por el anterior ministro José Ignacio Wert fue aprobada definitivamente en noviembre de 2013, tras casi un año de trámites parlamentarios y largos meses de debate con las comunidades autónomas. Su aprobación se hizo sin consenso, con el rechazo de la comunidad educativa y la mayoría de autonomías.
Los Consejos Escolares Autonómicos consideran que "en una encrucijada de este calibre", es "fundamental destacar, una vez más, la necesidad de pactos educativos que proporcionen estabilidad al sistema, elaborados desde el diagnóstico concreto de comunidades con realidades y expectativas muy específicas, ampliamente articulado por todos los agentes educativos y sociales, construido desde el respecto y la transparencia, que haga posible la educación de calidad como derecho garantizado de todos los ciudadanos y ciudadanas".
