Como ha explicado Ricardo Flores, secretario general de CCOO de Granada, se trata de más de trescientos escolares sólo en la Zona Norte de la capital, a los que se les está privando de un "derecho básico" como es la alimentación.  Ha expresado su confianza en que la Fiscalía "atienda" y "se ocupe" de su petición. 

Por su parte, Diego Molina, responsable de Enseñanza del sindicato, ha asegurado que "la única responsable es la Junta de Andalucía y, si pone "voluntad política", el problema se podría "solucionar ya". Se trata de ciudadanos granadinos con un problema de "emergencia social", ha dicho Molina, que ha pedido también al Ayuntamiento de Granada que ponga en marcha los comedores sociales de los que dispone a través de su Concejalía de Bienestar Social.

Los centros afectados son: 

• Luisa de Marillac: sin servicio. 100 alumnos afectados. Deuda de la Administración: 104.804 euros; con la empresa de catering Ibagar: 74.835 euros.
• San José: sin servicio. 105 alumnos afectados. (No detalla la deuda)
• Amor de Dios: sin servicio. (La denuncia no detalla alumnado afectado ni deuda).
• Ciudad de los Niños: mantiene el servicio. 112 alumnos. Deuda: 160.000 euros.
• Ave María Esparraguera (Motril): mantiene el servicio. 30 alumnos.30.000 euros de deuda con empresas de catering.
• Padre Poveda (Guadix): mantiene el servicio. Entre 60 y 80 alumnos. Deuda de 75.000 euros. 

En la denuncia, CCOO detalla que la Consejería otorgaba subvenciones a centros concertados ubicados en zonas desfavorecidas para atender las necesidades del comedor; con una cantidad de 3,85 euros al día por niño.

Educación no abona esas cantidades desde el curso 2013/2014, detalla el sindicato, que precisa que los comedores han seguido abiertos, acumulándose una deuda con los centros y con las empresas, que han obligado en algunos casos a suspender el servicio de comedor. 

Esto no solo ha supuesto "un quebranto" para los centros y esas empresas, sino que ha dejado sin comeder a un grupo de población infantil desfavorecida, para los que "en muchos casos es la única ingesta diaria que realizan". Una situación, resalta CCOO "impropia" de un país desarrollado y que vulnera el derecho fundamental a la alimentación reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

En la denuncia destaca CCOO que a fecha de hoy la Consejería "no ha dado solución" al problema, que está ocasionando "un gran daño" a los menores afectados y a las empresas.

Por ello pide a la Fiscalía que investigue, al considerar que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de denegación de auxilio (artículo 412 del Código Penal).

Ayuda a los centros de Concapa, la confederación católica de padres

 La Confederación Católica de Asociaciones de Padres de Centros Concertados de Granada (Concapa Granada) ha puesto a disposición de los colegios afectados por el cierre de sus comedores un "auxilio económico" de hasta 12.000 euros para que pueda restablecerse "de inmediato" el servicio. La medida se aplicará mientras se materializa un acuerdo con la Junta de Andalucía que "normalice la prestación de este servicio".

Tras mostrarse conocedora de la "voluntad manifestada de la Junta" de buscar un acuerdo, lo que considera digno de agradecimiento, Concapa Granada lamenta en un comunicado la actual situación a estas alturas del curso académico cuando "se trataba de un conflicto que temporalmente ya venía de lejos". Y ese retraso en la solución es un hecho, dice Concapa, "del que debemos estar profundamente avergonzados por no haber sabido o querido" encontrar una solución.

Habla de vergüenza y fracaso por no promover una rápida respuesta

"Para quienes al final no han dispuesto de ese comedor, para nuestros hijos, para esas familias tan necesitadas del servicio, no son suficientes nuestras buenas intenciones. En una sociedad que se tiene a sí misma impregnada de valores éticos y sociales, casos como éste constituyen un auténtico esperpento y el absoluto fracaso de unos poderes públicos incapaces de promover una rápida y eficaz respuesta inmediata a un problema de auténtica justicia social", apunta la Confederación.

La Concapa  ha solicitado a todos los estamentos públicos implicados, y en particular, a las distintas consejerías de la Junta de Andalucía a cuyas competencias deba afectar la resolución de este conflicto, que "habiliten y aceleren todos los procesos necesarios para restablecer el servicio y el pago de los importes adeudados a estos centros educativos", para que a su vez se puedan cubrir los impagos con las empresas prestatarias.

También ha expresado el "reconocimiento social" a la labor educativa y asistencial que en reconocidas zonas de transformación social desempeñan estos centros educativos afectados, y por ello ha pedido a toda la sociedad granadina el "apoyo a sus justas reivindicaciones". Dirigiéndose a padres madres, asociaciones, sociedades, empresas, fundaciones, resto de administraciones públicas, han pedido: "Invitamos a todos, en la medida de sus posibilidades, a ponernos a disposición de estos centros, solidarizándonos con sus reclamaciones, y ofreciéndonos para cuanto puedan necesitar de nosotros, mientras no se produzca, de manera definitiva y efectiva, la resolución adecuada que dé por finalizado este problema"