La Concejalía de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Granada ha aprobado un protocolo de emergencia (PECOL) para prestar atención a los migrantes "con dignidad y respeto a los derechos humanos", indica el Ayuntamiento en una nota. La finalidad de las medidas, acordadas con 46 entidades que trabajan en este ámbito, "es evitar situaciones de riesgo o exclusión social ante las circunstancias sobrevenidas que impone el contexto actual".

"Granada se convierte en referente nacional al ser la primera ciudad española en acordar un protocolo de estas características y con tan amplio consenso", indica el Ayuntamiento de la capital, que asesora a otros municipios para la puesta en marcha de dispositivos similares.

El Ayuntamiento de Granada y las entidades colaboradoras ofrecen a los migrantes 66 recursos y servicios gracias al PECOL. "Desde el Ayuntamiento de Granada no queremos permanecer ajenos a una realidad que nos afecta", ha declarado Jemi Sánchez Iborra, concejala de Derechos Sociales, Educación y Accesibilidad, durante la presentación del PECOL, junto a representantes de los colectivos implicados.

Estas organizaciones pidieron al Ayuntamiento respuestas y una reacción "contundente", fundamentada en "el respeto a las personas, la dignidad humana y sus derechos fundamentales". Ayuntamiento y entidades admiten que la extranjería excede la competencia municipal, pero no el auxilio a las personas que lo precisan y la necesidad de eludir la improvisación y hechos como los ocurridos el día de la Tarasca.

La confluencia de recursos públicos y privados permiten articular una acogida colectiva de personas migrantes de manera organizada y profesional, bajo el liderazgo de la concejalía de Derechos Sociales, durante un plazo máximo de 30 días. Transcurrido este tiempo, los migrantes optan por seguir el viaje o por otras alternativas ajustadas a sus necesidades. 

La ciudad de Granada es frontera sur de Europa, aunque carezca de costa y no sea un destino, sino un lugar de paso para la inmensa mayoría de los migrantes. De ahí la necesidad de programar con rigor acciones de emergencia que garanticen sus derechos.

El protocolo está estructurado en siete redes de trabajo; las actuaciones son: salud; asesoría jurídica; traducción e interpretación; alojamiento y recursos básicos; planificación de viajes y contactos en destino; acompañamiento y ocio y finanzas.

"Hacen falta políticas valientes de acogida que rompan con el discurso xenófobo de las últimas semanas. Por eso tendemos la mano al Gobierno de España, que tiene la obligación de marcar la diferencia en aplicación de los derechos humanos", ha subrayado la concejala de Derechos Sociales.

El Ayuntamiento de Granada ha reservado una partida de 10.000 euros por si tuviera que activar el PECOL. Pero según Jemi Sánchez, "la buena noticia sería que no haya que activarlo. Si ocurriera sería por el fracaso del sistema establecido por las administraciones competentes; por eso somos el plan Z".