El escrito de las asociaciones que conforman la campaña, firmado en nombre de todas ellas por la Delegación en Granada de la Asociación Pro Derechos Humanos en Andalucía (APDHA), se refiere al internamiento de aproximadamente 500 personas extranjeras en el centro penitenciario Archidona II, Málaga, acordado en virtud de autos dictados por siete Juzgados el pasado 20 de noviembre, y ante la llegada de casi 300 personas durante la última semana a las costas granadinas y teniendo conocimiento de la situación de “desbordamiento” en la que se encuentra el Centro de Acogida Temporal de Inmigrantes (CATE) de Motril, para elevar las siguientes preguntas:

“¿Qué medidas han tomado tanto las autoridades locales como esta Subdelegación del Gobierno?”; “¿Entre las mismas se contempla el traslado al centro penitenciario Archidona II?; ¿Se están respetando los derechos reconocidos en el artículo 62 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros? y, la última: “Tal y como adelantó esta misma Subdelegación de Gobierno el pasado verano, ¿se ha dado algún paso en relación con la construcción de un nuevo CIE en la provincia de Granada?”

Andalucía Acoge denuncia ante el juzgado de Archidona las "deficiencias" en la asistencia a los inmigrantes

Andalucía Acoge ha interpuesto una denuncia ante el juzgado de Archidona debido a las "deficiencias" que ha detectado su equipo jurídico tras la asistencia letrada prestada a las personas migrantes encerradas en este centro, como continuación de todas las actuaciones que la federación ha llevado a cabo debido al internamiento de más de 500 personas en este cárcel.

Así, la organización expone en un comunicado, que "incumpliendo la legalidad, estas personas no cuentan con un examen médico, permanecen en la intemperie durante largas horas sin prendas de abrigo y sin posibilidad de cambio de ropa interior". Además, señala que los internos "no pueden acceder a sus efectos personales y tienen serias dificultades para comunicarse con sus familiares y para hacer llamadas".

Así pues, lamenta que "se demuestra la falta de trato humanitario a las personas migrantes que no han cometido ningún delito y que, sin embargo, ven vulnerados sus derechos básicos y fundamentales".

Para Andalucía Acoge, la constatación de esta realidad al prestar asistencia jurídica a personas internas en la prisión de Archidona demuestra que las declaraciones vertidas en el Congreso de los Diputados por el ministro del Interior, en las que aseguraba que estas personas se encuentran en "mejores condiciones" que en los centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), "cuando menos, no se ajustan a la situación detectada".

Por todo ello, desde Andalucía Acoge manifiestan la "ilegalidad" que supone esta decisión porque "se ha privado de libertad a más de 500 personas sin cumplir la normativa actual pero también, lo inadmisible de esta medida porque la solución no es una política de internamiento de personas extranjeras privándolas de libertad". "Es necesario generar cauces legales, seguros y ordenados para que la gente no se siga jugando la vida en el Mediterráneo y como se ha demostrado los CIES ahondan en una política totalmente fracasada", añade.

Andalucía Acoge vuelve a recordar al Gobierno que "debe ser inmediata la puesta en libertad" de las personas extranjeras encerradas en Archidona, ya que este internamiento "no cumple los requisitos que nuestra legislación exige y porque además los centros de internamiento de extranjeros son agujeros negros de los derechos humanos".

"Es urgente dejar de lado las excusas y trabajar, sin más demora, sobre vías legales y seguras para que las personas puedan migrar sin peligro y no condenar a las personas a la clandestinidad, a jugarse la vida en su proceso migratorio y despojarlos de sus derechos fundamentales", concluye la organización.