La Audiencia de Granada ha citado este viernes a las partes para notificarles la sentencia del llamado 'caso Alhambra', que sentó en el banquillo de los acusados a medio centenar de personas por un supuesto fraude en la venta de entradas y el control de accesos al monumento.

En una diligencia fechada este jueves, a la que ha tenido acceso Europa Press, se cita a los procuradores de los acusados, al letrado de la Junta de Andalucía y al Ministerio Fiscal para que comparezcan a las 10,00 horas, haciéndoles saber que dado el volumen de la sentencia "se les entregará copia en formato CD".

El documento señala que existe posibilidad de impugnación mediante un recurso de reposición ante el letrado de la Administración de Justicia que firma esta diligencia en el plazo de tres días.

La Sección Segunda de la Audiencia tenía previsto hacer pública la sentencia el pasado 8 de enero, pero finalmente decidió retrasarlo unos días sin que trascendieran los motivos ni otra fecha concreta.

La tardanza en dictar sentencia, más de un año después de que el juicio quedara visto para sentencia, ha suscitado quejas entre los acusados y abogados del caso, ante lo que consideran un "funcionamiento anómalo de la justicia", tras una instrucción que se prolongó durante nueve años.

Entre los 48 acusados que quedaron al finalizar el juicio, el pasado 19 de diciembre, se encuentran trabajadores del patronato, guías turísticos y responsables de agencias de viajes, los cuales se enfrentan a penas de entre cuatro y nueve años de cárcel por delitos de apropiación indebida, estafa, falsedad en documento mercantil, daños al patrimonio histórico-artístico y cohecho.

Cuatro de ellos ya ratificaron al inicio del juicio un acuerdo de conformidad que rebaja su pena a entre tres y nueve meses de cárcel.

En la última sesión del juicio el fiscal del caso Alhambra, Luis Salcedo, consideró acreditados los accesos irregulares al monumento; bien con turistas sin entrada, con entrada recortada o accediendo más personas de las fijadas en los tiques.

También la Junta de Andalucía, que ejerce la acusación particular en la causa, consideró acreditado que se ha producido "una alteración" de los flujos de visitantes y el acceso de turistas sin entradas a través de distintas fórmulas y con "total permisividad" de los que ejercían de porteros. Todo ello, en un sistema donde los guías fueron "colaboradores necesarios".