El arzobispo de Granada, Javier Martínez, ha declarado este viernes en el juicio contra el padre Román, que está acusado de supuestos abusos sexuales a un menor de su parroquia desde 2004 a 2007, que "jamás" se le ha trasladado "la más mínima sospecha de una conducta sexual inapropiada" de este sacerdote, aunque sí ha recibido "quejas" de los "procedimientos pastorales" del grupo de curas al que pertenece por ser "hermético" y "unitario", desde la vestimenta hasta las prácticas religiosas.

El arzobispo granadino ha sido el encargado de abrir la ronda de testigos en la nueva sesión del juicio que se ha celebrado este viernes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada, donde ha garantizado que "nunca ofreció ayuda" a Román M.V.C. para "tapar" los supuestos abusos que le hizo llegar el denunciante, el cual le narró, en agosto de 2014, lo que "había sufrido" "desde los 14 años" en este entorno parroquial, donde -según le trasladó- era "buscado para tener relaciones homosexuales" y los sacerdotes "circulaban desnudos por la casa".

El prelado afirma que a partir de ahí se puso a disposición del joven, con el que mantuvo diversas comunicaciones y al que la Diócesis llegó a sufragar una factura por tratamiento psicológico. Aunque sacó los billetes para trasladarse a Roma, fue informado de que la Santa Sede ya estaba al tanto del asunto -la supuesta víctima escribió una carta al Papa- y, de hecho, fue decisión de la Congregación para la Doctrina de la Fe apartar del ejercicio pastoral al padre Román y dos sacerdotes más como medida cautelar.

El arzobispo ha precisado que él no era competente para investigar los hechos, pues debe hacerlo la citada congregación, por lo que se limitó a tomar declaración a estos sacerdotes bajo secreto pontificio y sin revelarles la identidad de los denunciantes, en el marco de las indagaciones que realizó sobre este asunto.

Ha reconocido que en la documentación que remitió posteriormente a la Congregación para la Doctrina de la Fe definió la denuncia del joven como "verosímil" y agregó que, de confirmarse los hechos, esto "explicaría ciertas actitudes del grupo", aunque ha matizado que el expediente se centraba en los hechos denunciados y solo recogía una "investigación previa" y "no concluyente" de los mismos, en el marco de expediente canónico que entregó al Juzgado de forma "voluntaria" tras recibir autorización de sus superiores.

El prelado ha descrito ante el tribunal la evolución de la relación que mantuvo con el denunciante, que pasó de remitirle unos correos electrónicos "excesivamente elogiosos" a "casi violentos" y donde señala como punto de inflexión el momento en el que el joven le solicitó 6.000 euros para sufragar una pericial psicológica, a lo que el religioso se negó por considerarlo una petición "extraña".

Javier Martínez ha calificado la relación que mantenía con el padre Román de "correcta" y "con cierta distancia" incluso. Reconoce que el grupo "aparte" de los Romanones era "notorio en la Diócesis", hasta el punto de que llegó a ofrecerles que formalizaran esta comunidad de forma estatuaria y que actuaran así de acuerdo a unas normas aprobadas por la Iglesia para evitar que las prácticas pastorales del colectivo pudieran suponer "un problema a la larga". Obtuvo "el silencio como respuesta".

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Martínez durante su declaración ante el tribunal. miguel rodríguez

La exnovia no se creyó los abusos

Detrás del arzobispo ha declarado como testigo la que fuera novia del denunciante en la época de Instituto, la cual ha reconocido que no se creyó el relato del joven cuando le confesó que había sufrido abusos.

Lo ha justificado en su "forma de ser", que ha calificado de "violenta, agresiva, controladora y persuasiva". "Creí que me estaba manipulando, que lo dijo como único recurso para evitar que le dejara", ha agregado la muchacha, quien explica que decidió cortar la relación tanto por la personalidad del chico como por la forma en que le trataba a ella.

A ello ha sumado el hecho de que el denunciante siguiera frecuentando la parroquia de San Juan María Vianney del barrio granadino del Zaidín después de que sufriera los supuestos abusos sexuales.

El siguiente testigo ha sido el inspector jefe del Servicio de Atención a la Familia (SAF) de la Policía Nacional que llevó todo el peso de la investigación del caso durante la fase de la instrucción. Ha centrado parte de su declaración en las posibles contradicciones que pudieron producirse por parte del denunciante en el relato de los hechos.

De hecho, aunque no es habitual en este tipo de casos, en el transcurso de la investigación se optó por tomarle declaración una segunda vez para individualizar determinadas escenas y determinar si podía incurrir en contradictorios estando sometido a presión, como así sucedió. No obstante, el investigador ha considerado que este hecho "no es concluyente".

La sesión ha concluido con la declaración en calidad de testigos de varias de las personas que fueron detenidas inicialmente en esta causa, los cuales han negado haber cometido abusos sexuales o ser víctima de ellos, afirmando que estas acusaciones "son totalmente falsas", "una patraña" motivada por una cuestión económica.

El juicio del llamado caso Romanones, en el que padre Román se enfrenta a una petición fiscal de nueve años de cárcel, se retomará el próximo lunes 13 de marzo para acabar con la ronda de testigos y dar paso, al día siguiente, a las testificales de los 14 peritos propuestos por las partes. La última sesión, prevista para el próximo 21 de marzo, está reservada a la prueba documental y a las conclusiones finales.