“El hecho de adelantarnos a la entrada en vigor de la normativa y de iniciar el curso político con la grabación y retransmisión del próximo pleno del Ayuntamiento, este mismo mes de septiembre, responde alto y claro a lo que los ciudadanos nos están exigiendo: Que aceptamos el desafío y que seamos más transparentes”, señaló Vamos Granada.

 

“Vamos, Granada” defiende el empleo de TG7 “para potenciar la grabación y la difusión de los plenos de Granada y de los municipios del área Metropolitana, más aún cuando actualmente ya participa en la grabación de los Plenos y en la difusión parcial de los mismos”.

 

Recuerda la formación política que el Ayuntamiento de Granada tuvo que rectificar y aceptar que cualquier vecino grabara sus plenos, después de que el Defensor de Pueblo le hiciera una propuesta para que se comprometiera a animar a los ciudadanos a que registraran las sesiones con sus propios medios. 

 

Para “Vamos, Granada”, la reacción del PPP “llega muy a destiempo y es del todo insuficiente, porque ahora lo que toca es adaptarse lo antes posible a la Ley 1/2014, de Transparencia Pública de Andalucía”.

 

“Durante los últimos años, la propuesta del Defensor del Pueblo, avalada recientemente por el Tribunal Supremo y que ahora acoge el Partido Popular, era uno de los pocos recursos jurídicos con los combatir la falta de transparencia en los ayuntamientos, en procesos que llegaban incluso a los tribunales. Ahora, sin embargo, contamos con una Ley de ámbito autonómico que obliga al Ayuntamiento a tomar un papel activo, que incluye en todo caso la grabación y difusión del Pleno con sus propios medios. Resulta sorprendente que, cuando esta ley lleva aprobada más de un año, el gobierno de Torres Hurtado se manifieste ahora una medida obsoleta y bastante más restrictiva.”

 

“En dicha ley, que entrará en vigor para las Entidades Locales el próximo mes de diciembre, se recoge la obligación de que sea el propio Ayuntamiento el que disponga los medios técnicos y el que garantice la retransmisión y difusión del Pleno (art. 21). La ley obliga también al Ayuntamiento a “derogar las normas que hayan quedado obsoletas” y a introducir las modificaciones que sean necesarias (D.A.1ª), lo que en este caso incluye la necesaria reforma del Reglamento Orgánico Municipal”.