Después de mantener conversaciones con la delegada de Fomento y Vivienda de la Junta, Mariela Fernández, y con la concejal delegada de Urbanismo, Isabel Nieto, Vamos Granada entiende que "las dos administraciones se han justificado en la falta de voluntad de la otra, delegando la responsabilidad".

Ambas dan por supuesto que la otra Administración sabe "cuáles son los escollos sin explicitarlos por escrito".

La Junta ha preguntado por escrito una y otra vez qué régimen de protección iban a tener las viviendas, a lo que el Ayuntamiento ha respondido reiteradamente que de esta actuación no sobraban viviendas, señalando -explica Vamos Granada- que las viviendas resultantes se destinan a los vecinos de Santa Adela. En este sentido añade que, según el Ayuntamiento, los vecinos ya manifestaron en las primeras fases que no querían que sus viviendas, que aportan libres, les sean devuelvan como viviendas de protección, con las limitaciones que ello conlleva.

Para defender su posición, el Ayuntamiento se remite al plan estatal y el convenio marco firmado por ambas administraciones en los que no se exige la protección de las viviendas, recuerda Vamos Granada, que considera que la Junta "ha olvidado decir explícitamente" que si hay financiación autonómica se debe cumplir la ley aandaluza, que sí exige la protección de cualquier vivienda financiada, aunque sea en parte, con dinero de la Comunidad Autónoma. 

Este requisito, explica el grupo municipal, no tendría porqué cumplirse si el proyecto no se financiara en parte con dinero de la Comunidad Autónoma; en ese caso, el Plan marco contempla que la Junta tenga únicamente un papel de gestor de la solicitud.

Vamos, Granada considera por tanto que a la próxima reunión se debe acudir "con esta cuestión debidamente trabajada y explicitada". Al respecto, reclama además que cada Administración explicite la cantidad que va a invertir y que se informe "de todo" a los afectados por este proyecto, colaborando con la Plataforma de Santa Adela.