UDEF: Urbanismo fabricó informes para amparar un convenio que provocó un perjuicio de 4,8 millones al Ayuntamiento
![Detalle del informe en el que se detalla el perjuicio a las arcas municipales. Detalle del informe en el que se detalla el perjuicio a las arcas municipales.](https://www.elindependientedegranada.es/sites/default/files/styles/large/public/politica/detalleudefportada.png?itok=ff4qRPy0)
El último informe aportado por el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional constata que el área de Urbanismo en la etapa del gobierno del PP fabricó informes para amparar el convenio urbanístico del Palacio de Hielo, cuya denominación técnica es PP-T1 Cerrillo de Maracena. Esos informes sirvieron en su día para dar el visto bueno a una operación lesiva para los intereses municipales y también para eludir la investigación judicial que se llevó a cabo en su día, a raíz de una denuncia del grupo socialista, y quedó finalmente archivada. Ahora, en el marco de la Operación Nazarí, la UDEF constata que ese convenio provocó un perjuicio a las arcas municipales de, al menos, 4,8 millones de euros.
El informe, con fecha de 12 de noviembre y al que ha tenido acceso El Independiente de Granada, detalla cómo se actuó irregularmente en el área de Urbanismo para que los promotores de ese convenio firmado en 2005 en pleno boom urbanístico, Comarex y JJ Consulting, pudieran afrontar la deuda que habían contraído con el Ayuntamiento con la dación en pago de parte de los propios terrenos. Todo ello se fue perfilando hasta que, el 19 de mayo de 2011, a unos días de que se celebrara las Elecciones Municipales, el entonces alcalde, José Torres Hurtado, firmó un decreto avalándola. Debería haber sido el pleno, pero de eludió al órgano municipal.
23/09/2005: La Junta de Gobierno Local aprueba el convenio para la ejecución del PP-T1 con Arcomarex (después Comarex) y JJ Consulting y Caja Rural de Granada. Se cede al Ayuntamiento el 10% de los aprovechamientos urbanísticos.
31/3/2006: Aprobado en Pleno el Plan Parcial.
03/08/2007: La Junta de Gobierno aprueba la reparcelación del terreno.
24/07/2008: No es hasta esta fecha cuando la Junta de Gobierno exige a los promotores el pago de los importes correspondientes a la monetarización de los aprovechamientos urbanísticos. Se hace una vez que Manuel Lorente había dimitido como gerente de Urbanismo.
12/02/2010: Certificado de TINSA sobre la valoración de la parcela.
14/03/2011: Los promotores solicitan al Ayuntamiento la compensación de la deuda.
23/03/2011: Reunión para tratar de resolver la fórmula para el pago de la deuda presidida por el alcalde, José Torres Hurtado, y a la que acuden Isabel Nieto, Manuel Lorente, Agustín Belda, Mari Paz Spínola, Emilio Martín, Jacobo de la Rosa y Jesús Comino. No se logra consenso.
6/04/2011: Aprobación plenaria de la Innovación.
8/04/2011: Informe de Jacobo de la Rosa argumentando su oposición al pago en especie.
10/05/2011: Informe de Martín Recuerda (Colegio de Economistas) actualizando la valoración de TINSA.
13/05/2011: El estudio de detalle se eleva para su denegación a Junta de Gobierno en base al informe de Jacobo de la Rosa.
17/05/2011: Informe de la secretaria del Ayuntamiento, Mercedes López Domech, amparando que se use el informe externo de opinión del Colegio de Economistas.
19/05/2011: Acta de la Junta de Compensación acordando que se proponga al Ayuntamiento la dación en pago para saldar la deuda.
19/05/2011: Decreto del alcalde suscribiendo el acuerdo alcanzado el mismo día por la Junta de Compensación.
20/05/2011: Acuerdo de liquidación y pago de la deuda; Decreto del alcalde para desistir en un recurso del contencioso con los promotores del convenio.
22/05/2011: Elecciones Municipales.
16/10/2012: El Juzgado de Instrucción 1 abre diligencias a raíz de la denuncia del grupo municipal socialista.
10/09/2013: Se pretende levantar acta de la reunión de marzo de 2011 con un contenido que no se trató. Jacobo de la Rosa y Jesús Comino se niegan a firmarla.
27/01/2014: Sobreseimiento libre de la investigación por parte de Instrucción número 1.
Toda la tramitación en esta operación urbanística del Palacio de Hielo estuvo dirigida, según certifica ahora la UDEF en el marco del caso Nazarí, para ocultar que era lesiva sirvió también para eludir la investigación de esa operación que se puso en marcha a raíz de la denuncia del grupo socialista municipal.
Aquella investigación quedó archivada como se ha señalado y en ese momento Torres Hurtado se llegó a querellar contra los ediles socialistas acusándoles de presentar una denuncia falsa. Estos fueron juzgados por ello, quedando finalmente absueltos.
La UDEF señala en el último informe la censurable actuación del anterior gobierno municipal con la colaboración de parte de los funcionarios de Urbanismo investigados por la presunta trama urbanística. El Ayuntamiento de Granada "habría ocultado al Juzgado Instructor, de forma intencionada, determinada información que se relacionaría directamente con los hechos investigados judicialmente y que afectarían al núcleo decisorio del sobreseimiento". Como destacan los investigadores, esta estrategia de defensa es legítima para unos investigados, pero "totalmente censurable" por parte de un organismo público obligado a colaborar con la Justicia.
El informe policial constata ahora las graves irregularidades en la operación y, sobre todo, a partir del momento en el que los promotores urbanísticos tuvieron que hacer frente a las obligaciones derivadas del mismo.
Fue a partir de entonces cuando 'la maquinaria' del área de Urbanismo se puso en marcha para aceptar la dación en pago de unos terrenos que ya habían sido municipales; se celebró una reunión que presidió Torres Hurtado para perfilarlo, un encuentro del que no quisieron levantar acta dos funcionarios, entre ellos Jacobo de la Rosa, cuyo testimonio ha sido clave en la Operación Nazarí; se encargó un informe externo al economista Martín Recuerda para eludir los cauces municipales y la valoración que tendría que haber hecho Tinsa. En denifitiva, la UDEF vuelve a constatar las graves irregularidades que se habrían cometido en el seno del área de Urbanismo durante la etapa del PP para favorecer los intereses de determinados constructores.
Dado que se trata de una cosa juzgada, la jueza que instruye la investigación sobre la trama urbanística pide ahora a las partes que se pronuncien teniendo en cuenta estas nuevas indagaciones policiales.
Tres meses para concluir el análisis policial de la documentación
Por otra parte, la UDEF ha comunicado a la instructora del caso Nazarí que estima que en un plazo de tres meses estarán concluidos todos los informes que quedan en relación con la documentación intervenida en la causa y los convenios investigados. Tres meses salvo que, como precisan, se produzcan "circunstancias sobrevenidas que pudieran afectar al normal desarrollo de los trabajos de análisis".