En España más de 250.000 familias viven de los olivos. El 82% del sector olivarero se concentra en Andalucía, donde genera el 44% del empleo en el campo y más de 18 millones de jornales por campaña. Además, la importancia del olivar no se puede medir únicamente en términos económicos, ya que también es fundamental para frenar la despoblación de las zonas rurales y para la sostenibilidad del medio ambiente. Así pues, estamos sin duda ante un “sector estratégico” que tendría que estar en el centro de cualquier proyecto de futuro mínimamente serio no solo para Andalucía sino también para España. Si esta afirmación parece evidente, podemos empezar preguntándonos cómo hemos llegado a una situación en la que el olivar tradicional en concreto y el campo español en general están en peligro.

El sector de la agricultura va mejor que nunca… pero solo para unos pocos

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) publicó ayer un interesante estudio sobre la evolución del modelo social y profesional de agricultura con un título muy sugerente: «La “uberización” del campo español». Este estudio, con conclusiones sin duda alarmantes, empieza poniendo de manifiesto el estado paradójico del sector de la agricultura. Lo cierto es que según los datos macroeconómicos vamos de récord en récord: la renta agraria, que viene subiendo desde 2012, alcanzó el año pasado la cifra récord de 30.217 millones de euros; el valor de la Producción Final Agraria alcanzó la cifra récord de 53.391 millones de euros; y las exportaciones agroalimentarias españolas han aumentado un 97,5% en los últimos 10 años alcanzando, también, un nuevo récord de 50.349 millones de euros. En resumen: los grandes números dicen que la cosa no puede ir mejor.

Los datos indican que en términos macroeconómicos la cosa parece ir bien, pero si a la inmensa mayoría le va mal eso significa que lo que en realidad dicen esos datos es que a unos poquitos les va muy bien. Como veremos más adelante, esos poquitos se pueden contar literalmente con los dedos de dos manos.

¿Cuál es la paradoja? Que todos estos datos no tienen nada que ver con la realidad de los pequeños y medianos agricultores que conforman esa inmensa mayoría que sostiene sobre sus espaldas el olivar. Los datos indican que en términos macroeconómicos la cosa parece ir bien, pero si a la inmensa mayoría le va mal eso significa que lo que en realidad dicen esos datos es que a unos poquitos les va muy bien. Como veremos más adelante, esos poquitos se pueden contar literalmente con los dedos de dos manos.

“Mucho sacrificio, poco beneficio”

2019 ha sido un año de movilización y protesta en el sector olivarero. Ya en julio se produjo una masiva movilización en Sevilla advirtiendo que las ganancias de esta cosecha pueden ser pírricas y, en algunos casos, ocasionar incluso pérdidas. La razón principal es el precio del aceite. Los datos reales que los agricultores manejan con sus propias manos no tienen nada que ver con los macroeconómicos. Los números son mucho más sencillos: a un agricultor le cuesta 2,75 € producir un kilo de aceite (los costes de producción fueron establecidos en 2015 por el Consejo Oleícola Internacional), mientras que vende ese mismo kilo de aceite por 2 €. De hecho, según POOLred, a día de hoy tanto el aceite de oliva lampante (1,7 €) como el oliva virgen (1,9 €) están por debajo de 2 € y solo el virgen extra está ligeramente por encima (2,2 €).

Estamos hablando de precios inasumibles que suponen una caída de más del 40% respecto a la media de las últimas cuatro campañas. Esta bajada de los precios no se equilibra con una bajada de los costes de producción, por lo que arruina a los agricultores pero tampoco compensa a los propios consumidores, pues aunque el agricultor acaba vendiendo el litro de aceite a dos euros, el consumidor acaba pagando por éste entre tres o cuatro euros… O cinco en Italia, por ejemplo. Según el IPOD (Índice de Precios en Origen y Destino de los alimentos) de octubre, el precio del virgen extra se infla un 87% desde el origen (cuando lo vende el agricultor) hasta el destino (cuando se vende en una tienda). Hay ejemplos más sangrantes, como por ejemplo el de las aceitunas en verde, cuyo precio final se infla el 546%, el del ajo (573%) o el de la cebolla (716%).

Hace más de 20 años, IU presentó una propuesta muy sencilla en el Congreso: añadir el precio de origen en las etiquetas de los productos del campo junto con el precio final que acabamos pagando en las tiendas. La rechazaron porque sabían que era un ejemplo perfecto de concienciación. ¿Qué cara se nos quedaría cada vez que pagáramos 1,90 € por un kilo de berenjenas sabiendo que el agricultor vendió ese mismo kilo a 0,23 €?

Siguiendo el rastro del dinero: ¿quién se lo lleva calentito sin trabajarlo?

Tanto la COAG como la UPA (Unión de Pequeños Agricultores y Ganadores) señalan a los especuladores como los responsables de robarnos a los andaluces 1.500 millones de euros. ¿Y quiénes son estos señores? Un número muy reducido de grandes inversores y grandes distribuidores.

Lo que tienen en común un taxista y un agricultor es que ambos son víctimas de la ofensiva neoliberal de los grandes capitales multinacionales

Por un lado tenemos a los grandes inversores, en muchas ocasiones con capital ajeno al sector de la agricultura, que en definitiva ven en ésta un nicho de mercado como otro cualquiera. Estamos hablando, por ejemplo, de los fondos de inversión que intentan cargarse otros sectores como el del taxi o como el de los repartidores. Asistimos al intento de liquidar el modelo productivo social basado en el olivar tradicional para imponer un modelo de grandes extensiones en intensivo, controlado tan solo por un número muy reducido de grandes propietarios. Un modelo que únicamente busca el rendimiento económico a corto plazo aunque eso suponga reventar nuestro débil tejido social y el propio medio ambiente a medio y a largo plazo.

Lo que tienen en común un taxista y un agricultor lo resumió Eduardo Bayona de la siguiente manera: “(…) la financiarización del sector y la liberalización comercial se están llevando por delante los modelos productivos, tal y como está sucediendo en otros ramos de lo que se ha dado en llamar el nuevo precariado, como el taxi o la distribución de mercancías al por menor, e incluso el propio modo de vida del campo, en cuyo horizonte comienzan a tomar cuerpo nubarrones con forma de falso autónomo”. En resumen, lo que tienen en común un taxista y un agricultor es que ambos son víctimas de la ofensiva neoliberal de los grandes capitales multinacionales.

Por otro lado, tenemos a las grandes empresas distribuidoras, mayoritariamente extranjeras (multinacionales): “los seis primeros grupos de distribución comercial concentran el 55,4% de la cuota de mercado en España, según cifras de Kantar Worldpanel para junio de 2019. Pero por el otro lado, en el otro estrechamiento, le compramos nuestros insumos a menos empresas, que son cada vez más grandes y poderosas (véanse las fusiones de Monsanto + Bayer, Dow + DuPont, Syngenta + ChemChina…)”. Asistimos, de nuevo, a la concentración de capitales y al fracaso del llamado “libre mercado”. Son principalmente estas grandes distribuidores quienes especulan con los precios aprovechándose del sudor de los agricultores: “Solo la facturación conjunta de Bayer y Monsanto supera el valor de la producción agraria en España e incluso el valor de lo exportado”.

Lo resume con sencillez Lorenzo Ramos Silva, secretario general de la UPA en el documental “BARBECHO. En el corazón del despoblamiento”: “Con la liberalización de los mercados estamos en manos de la especulación de unos cuantos que están sacando el dinero a los agricultores, sin embargo a los agricultores lo que nos llega no nos da siquiera para cubrir los costes de producción”.

Los gobiernos: ¿en defensa del interés general o lacayos de las multinacionales?

En julio, Eva García Sempere, diputada de IU por Málaga, registró una iniciativa parlamentaria en el Congreso denunciando el movimiento especulativo de los seis grupos de distribución anteriormente citados y proponiendo la creación de una Agencia específica del aceite de oliva para certificar la calidad y la pureza del aceite para así poder garantizar su trazabilidad. La respuesta del Gobierno dos meses después fue negativa. 

Y es que los distintos gobiernos autonómicos y centrales, sean del PP o del PSOE, no solo no han hecho nada para corregir esta situación, sino que han contribuido de manera decisiva a agravarla. La aprobación de tratados como el TTIP o el CETA suponen una cesión de la soberanía popular y nacional, es decir un trasvase de poder de los gobiernos a las grandes empresas multinacionales para que éstas puedan competir en condiciones de infinita ventaja con los agricultores, por ejemplo, allí donde lo deseen. Esto es lo que aprobaron los grupos de PP, PSOE, Ciudadanos y Vox en el Parlamentario Europeo. Otro ejemplo es el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, que supone un auténtico mazazo para el sector de la apicultura andaluza precisamente en su peor momento. Con este acuerdo, las grandes industrias de Argentina, Brasil y Uruguay podrán inundar el mercado europeo con 45.000 toneladas de miel libres de aranceles, tirando los precios a la baja.

¿Qué legitimidad tienen quienes vienen aprobando durante años (e incluso décadas) estas políticas para quejarse ahora por los aranceles de Trump?

Si se quiere, se puede: ¡hay alternativa!

Que los distintos gobiernos se hayan posicionado en contra de su propio pueblo no significa que no se pueda hacer nada. Un gobierno con voluntad podría tomar medidas desde el primer minuto. Algunas de ellas de aplicación inmediata, pero todas pasan por asumir la necesidad de un cambio estratégico para reforzar el tejido productivo en el que se basa el olivar tradicional.

Para que esto sea posible, necesitamos que el valor de lo que generamos aquí se quede aquí. Es sencillo. Uno de los problemas fundamentales es que la plusvalía se queda fuera de España y aquí únicamente nos quedamos con el trabajo de menor valor añadido: la recogida. Reforzar el tejido productivo significa que debemos ser capaces de que todo nuestro aceite se procese, se envase, se etiquete y se exporte desde Andalucía al mundo. Esto se entiende mejor con un ejemplo concreto: lo que los fondos de inversión italianos nos compran por 1 €, ellos lo venden a 10 €, ganando una plusvalía de 9 € gracias al envasado y el etiquetado. ¿Podemos permitirnos esto siendo los mayores productores de aceite del mundo? ¿Tiene algún tipo de sentido?

el problema principal de los agricultores es que el valor de lo que generan se pierde por el camino en las manos de los intermediarios. Para enmendar esto necesitamos una mejora de la ley de la cadena alimentaria, trazabilidad de precios en la cadena, controles para garantizar la trazabilidad del aceite y la creación de una agencia que certifique la calidad y la pureza del producto

Por otra parte, el problema principal de los agricultores es que el valor de lo que generan se pierde por el camino en las manos de los intermediarios. Para enmendar esto necesitamos una mejora de la ley de la cadena alimentaria, trazabilidad de precios en la cadena, controles para garantizar la trazabilidad del aceite y la creación de una agencia que certifique la calidad y la pureza del producto.

La situación exige claridad y determinación: necesitamos regular un mercado que está secuestrado por un numero reducido de empresas multinacionales. Urgen medidas legislativas que impongan mecanismos de transparencia y vigile el acceso de los fondos de inversión y del capital externo al sector de la agricultura. Regular significa, también, establecer un precio mínimo del aceite que al menos garantice una rentabilidad digna. Antes hablamos de las similitudes con el sector del taxi o de los repartidores. Otro sector afectado por la “uberización” es el de los alquileres, con precios abusivos totalmente inflados por la especulación de los fondos de inversión. ¿Cómo solucionó el Gobierno de Berlín este problema? Interviniendo los precios, congelándolos para impedir más subidas. Un gobierno serio debería establecer un precio mínimo amparándose en el artículo 128 de la Constitución: “Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general”.

Si algo ha demostrado la crisis económica es que las cooperativas, que han resistido mejor, “son imprescindibles como elemento de unión de los agricultores para tener fuerza ante otros operadores, en base a una unión real de la oferta, a través de una correcta dimensión, buscando la eficiencia en costes, la planificación y la defensa de la calidad y el precio, con estrategias claras para la comercialización, en definitiva, como medio para ofrecer rentabilidad a los socios. Para ello, es necesario recuperar los valores cooperativos, deformados en los últimos tiempos por intereses comerciales o personales; es clave la importancia de las personas dirigentes, así como una mayor implicación del agricultor/a; y evitar que las cooperativas y sus asociaciones se conviertan en entidades no representativas de los agricultores”.

En definitiva, necesitamos políticas valientes que superen el fracaso generado por el mal llamado “libre mercado” y por sus dogmáticos representantes –de diferentes colores– para garantizar la sostenibilidad del campo español, del olivar tradicional y de nuestros pueblos. Si se quiere, se puede.

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[1] COAG. (2019). La “uberización” del campo español. Estudio sobre la evolución del modelo social y profesional de la agricultura, p. 3. Recuperado de: http://chil.me/download-file/104758-275997

[2] Eduardo, Bayona. (28 de noviembre de 2019). La ‘uberización’ llega al campo: los fondos comienzan a controlar el negocio. Público. Recuperado de: https://www.publico.es/sociedad/uberizacion-llega-campo-fondos-comienzan-controlar-negocio.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=publico

[3] COAG. (2019). La “uberización” del campo español. Estudio sobre la evolución del modelo social y profesional de la agricultura, p. 6. Recuperado de: http://chil.me/download-file/104758-275997

[4] Molina, Carlos. (28 de noviembre de 2019). Los agricultores alertan que la ‘uberización’ del campo amenaza 350.000 empleos. El País. Recuperado de: https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/11/28/companias/1574943108_068228.html

[5] COAG. BARBECHO. En el corazón del despoblamiento. Documental disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=_yzC-6n_FK8&feature=emb_logo

[6] Izquierda Unida. (4 de julio de 2019). Eva García Sempere exige al Gobierno que explique “cómo va a garantizar precios justos en el olivar” ante la “gravísima especulación” orquestada por las grandes distribuidoras [Comunicado de prensa]. Recuperado de: https://izquierdaunida.org/2019/07/04/eva-garcia-sempere-exige-al-gobierno-que-explique-como-va-a-garantizar-precios-justos-en-el-olivar-ante-la-gravisima-especulacion-orquestada-por-las-grandes-distrib/

[7] COAG. (10 de julio de 2019). El acuerdo UE-Mercosur supone la puntilla para nuestros apicultores en la peor campaña de los últimos 15 años. Recuperado de: http://coag.coag.org/post/el-acuerdo-ue-mercosur-supone-la-puntilla-para-nuestros-apicultores-en-la-peor-c-264385

[8] COAG. (2019). La “uberización” del campo español. Estudio sobre la evolución del modelo social y profesional de la agricultura, p. 32. Recuperado de: http://chil.me/download-file/104758-275997

Ángel de la Cruz es responsable de Estrategia política de IU y agricultor.