Cada informe que evalúa las cuentas municipales certifica la gravedad de la situación. Ha ocurrido con la liquidación presupuestaria de 2016, un paso clave para poder afrontar la elaboración de un nuevo presupuesto para el Ayuntamiento de Granada, que funciona con las cuentas prorrogadas desde 2015. 

Según la liquidación presupuestaria, el remanente negativo de tesorería alcanza los 61,8 millones, una cantidad que ha aumentado en 22 millones respecto a la anterior liquidación. Ello obliga, como ha recordado el interventor municipal, a poner en marcha un plan de ajuste. Inevitable, más aún cuando el propio interventor ya alerta de que el pasado, también con remanente negativo de tesorería, se incumplió esa obligación. 

En conjunto, la liquidación de las cuentas se ha cerrado con 5,2 millones en negativo. Entre otras cifras, además del mal dato en la tesorería de los -61,8 millones citados, también señala que hay ingresos de dudoso cobro por importe de 112 millones. El interventor, en el informe consultado por El Independiente de Granada, recuerda que es necesario "depurar" esos derechos, para dar de baja las cantidades que puedan considerarse prescritas.

El portavoz del gobierno local y responsable del área de Economía, Baldomero Oliver, al presentar la liquidación este jueves lo consideró "imprescindible", e incluso dio un paso más dando por abierto el debate sobre la subida de impuestos, a lo que se había resistido hasta ahora. 

"Toca tomar decisiones para alejarnos del abismo", dijo Oliver para agregar que el plan de saneamiento podría "suponer un respiro durante tres años para llevar a cabo los ajustes que necesita este Ayuntamiento", si bien ello requiere de un acuerdo político para tomar "medidas muy duras" y que tendría que ser ejecutado "por dos corporaciones diferentes, posiblemente de diferente signo", informa Europa Press.

La presentación del primer borrador para las cuentas para el próximo año están pendientes de la posibilidad planteada por el Ministerio de Hacienda para acogerse a un fondo de compensación que permitiría al Ayuntamiento de Granada tres años más para amortizar el préstamo del pago a proveedores a cambio de que el Ayuntamiento presente un plan de saneamiento que en cinco años "absorbiera" el remanente negativo de Tesorería, cifrado actualmente en 61,8 millones de euros, con presupuestos municipales con "superávit" durante cinco ejercicios. 

El otro condicionante es la sentencia judicial que da la razón a la empresa Rober, concesionaria del servicio de autobuses municipales, sobre su asignación de 2015 que obligaría a incorporar unos 3 millones de euros al capítulo de gastos los cuales "vienen como una losa por una mala decisión que en 2015 se adoptó", además de por la falta de Presupuestos Generales que impide saber qué correspondería al Ayuntamiento de Granada en concepto de participación en los impuestos del Estado.

'Un mal endémico'