La privatización de la sanidad en Andalucía alcanza las bajas laborales
Catalina García en una visita a un centro de salud de Baeza (Jaén). junta de andalucía
Los sindicatos CCOO-A y UGT-A ha alertado del "nuevo intento" por parte del Gobierno andaluz de privatizar la sanidad pública a través de las mutuas laborales, tras el convenio de colaboración entre la Consejería de Salud y Consumo y el Servicio Andaluz de Salud. Este convenio, publicado en el Bolentín Oficial de la Junta el pasado viernes, potencia la participación de las mutuas en procesos de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes.
La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía ha mostrado su "total oposición" a la medida del Gobierno andaluz de traspasar la gestión de las incapacidades laborales transitorias (IT) por contingencia común a las mutuas laborales.
En este sentido, el sindicato ha recordado que la Junta sacó el pasado año, también en el mes de agosto, "una orden de tarificación que incluía un avance hacia la privatización de la sanidad con la posibilidad de privatizar las consultas de Atención Primaria".
"Una Orden que, a fecha de hoy, no ha sido modificada, a pesar de los acuerdos firmados por el propio presidente del Gobierno andaluz y por la Consejería de Salud que obligaban a retirar la Atención Primaria de esa tarificación", ha explicado la federación.
Según explica CCOO, el acuerdo deja en manos de las mutuas patronales el seguimiento y control de las incapacidades temporales por contingencias comunes, es decir, "por cualquier enfermedad común, y no solo por procesos traumatológicos o por accidentes laborales"
CCOO-A ha resaltado que se trata de un acuerdo con Ibermutua, "ampliable a todas las mutuas patronales que quieran acogerse a él", y que "deja en manos de estas" el seguimiento y control de las incapacidades temporales por contingencias comunes. Es decir, "por cualquier enfermedad común, y no solo por procesos traumatológicos o por accidentes laborales", ha matizado.
Según el sindicato, la mutua puede hacerse cargo de todo el proceso diagnóstico y del tratamiento del paciente y emitir un informe final proponiendo el alta a la inspección médica, dejando a los médicos de familia de atención Primaria fuera del tratamiento y control de esas IT.
"Dejar a los médicos de familia fuera del tratamiento y control de esas IT supone una parcelación de la asistencia sanitaria", advierte
Al hilo de ello, la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO-A ha advertido que "dejar a los médicos de familia fuera del tratamiento y control de esas IT supone una parcelación de la asistencia sanitaria". "Estamos hablando de mercantilizar la baja laboral dejando en manos de una entidad patronal un proceso que tiene consecuencias económicas para las empresas. La baja laboral no es un mero acto administrativo, sino que es una medida que forma parte del tratamiento del paciente", ha argumentado el portavoz de la federación, Luis González.
CCOO-A considera que el Gobierno andaluz "afronta la penosa gestión de las listas de espera con una doble vía de privatización: con los centros sanitarios privados antes y ahora también con las mutuas".
Para el sindicato, "se trata de un sistema perverso donde incluyen la voluntariedad del paciente que tiene que elegir entre mantener sus molestias durante años en una lista de espera infinita en lo público o ir a la mutua en un corto plazo de tiempo, sin saber, eso sí, las consecuencias finales de esa decisión".
Asimismo, ha vuelto a exigir a la Junta presupuestos y personal suficientes para la sanidad pública, "que permitan una asistencia sanitaria adecuada y sin demoras intolerables, y no más medidas intolerables de privatización".
Como resalta UGT, este convenio permitirá que las mutuas "lleven el control casi absoluto de las bajas e incluso el control y seguimiento del proceso asistencial, dejando sin dichas funciones a los médicos de familia"
Por su parte, desde UGT-A se ha denunciado que la Consejería de Salud y Consume "continúa con su intención de privatizar" la Atención Primaria, al tiempo que ha señalado que el acuerdo con las mutuas "permitirá que estas lleven el control casi absoluto de las bajas e incluso el control y seguimiento del proceso asistencial, dejando sin dichas funciones a los médicos de familia".
Un paso más, el que esta Consejería "innovadora" está dando para la privatización del sistema sanitario público, a través del cual las mutuas podrán hacer el seguimiento y control de los procesos de Incapacidad Temporal derivados de contingencias comunes.
En este contexto, el sindicato ha explicado que la asistencia sanitaria prestada por las mutuas, en relación con el proceso causante de la situación de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, podrá extenderse a los siguientes ámbitos, exámenes y reconocimientos médicos, pruebas diagnósticas y funcionales complementarias, exámenes y reconocimientos médicos en interconsultas de atención especializada, dispensación de especialidades y productos farmacéuticos, tratamientos de fisioterapia y rehabilitación física, e intervenciones quirúrgicas, en su caso.
Aunque tendrán que solicitar el consentimiento del trabajador, "es más que evidente que ponen en bandeja de plata" este consentimiento y la consiguiente "degradación" del sistema sanitario público de Andalucía, algo absolutamente "perverso" y un paso más para la privatización y desaparición de la actual Atención Primaria
En este sentido, aunque tendrán que solicitar el consentimiento del trabajador, "es más que evidente que ponen en bandeja de plata" este consentimiento y la consiguiente "degradación" del sistema sanitario público de Andalucía, algo absolutamente "perverso" y un paso más para la privatización y desaparición de la actual atención primaria.
Además, esta externalización del servicio de seguimiento de las bajas por contingencias comunes, tienen la "desfachatez" de basarlo en "favor de la agilización de la prestación asistencial y curación del paciente y de una mayor eficiencia económica y de la optimización del aprovechamiento de recursos públicos".
Por otro lado, desde UGT Servicios Públicos Andalucía consideran que este convenio ignora absolutamente que los trabajadores de las mutuas están en una situación laboral que "deja mucho que desear y que, más bien, están pidiendo pasar a formar parte del sistema sanitario público de una manera total y sin estas medias tintas", que "solo tienen un sentido desde el punto de vista del ahorro económico a costa de la salud de los trabajadores", han concluido desde el sindicato.
La Consejería de Salud y Consumo ha defendido que el convenio de colaboración, según la Junta "para potenciar la colaboración sanitaria en procesos de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes", viene a "reforzar y garantizar la tutela efectiva de los derechos de los trabajadores". En respuesta a la denuncia sindical, la Consejería se limita a recordar la normativa en la que se ampara y describir las funciones de las mutuas.
Así, el departamento que dirige Catalina García ha asegurado que "el convenio suscrito ha sido autorizado por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, órgano directivo de la Secretaría de Estado de Seguridad Social y Pensiones perteneciente al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones".
Además, la Consejería sostiene que dicho convenio "viene a reforzar y garantizar la tutela efectiva de los derechos de los trabajadores, siempre con las competencias que la ley faculta a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y sin olvidar que un proceso voluntario del trabajador y que debe ser autorizado previamente por el Servicio Público de Salud".
El convenio de colaboración, sostiene la Junta, "viene a reforzar y garantizar la tutela efectiva de los derechos de los trabajadores"
"Desde Andalucía, se trabaja desde hace décadas en el control de la Incapacidad Temporal, siendo ésta una responsabilidad de todos los ciudadanos", han añadido también desde el departamento de Catalina García, desde donde también han subrayado que, "a lo largo de estas décadas, se han ido firmando acuerdos de colaboración entre el INSS -Instituto Nacional de la Seguridad Social- y la Consejería competente en materia de salud de la Junta de Andalucía con objeto de garantizar un control adecuado de la prestación en Incapacidad Temporal, entre cuyos objetivos se incluyen los relativos a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social".
Igualmente, la Consejería ha apuntado que "el Real Decreto 400/1984, de 22 de febrero, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Andalucía de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud, establece que la Comunidad Autónoma de Andalucía es competente para prestar la Asistencia Sanitaria de la Seguridad Social y, a través de los facultativos de su Servicio Público de Salud (SPS), extender los partes médicos de baja, confirmación de la baja y alta que establecen el inicio y la duración, con carácter general, de los procesos de Incapacidad Temporal (IT) en su territorio".
Además, dicho real decreto asigna a Andalucía la competencia, "mediante la Inspección de Servicios Sanitarios de la Consejería de Salud y Consumo", de "participar en la responsabilidad de gestionar y controlar la prestación junto con las Entidades Gestoras y colaboradoras de la Seguridad Social, de conformidad con el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros 365 días de su duración".
De igual modo, desde la Junta indican que, "conforme a lo establecido en el artículo 80.2.b) del Real Decreto Legislativo 8/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social tienen atribuidas la gestión de la prestación económica por IT derivada de contingencias comunes".
"Para ello, y conforme a lo previsto en el artículo 82.4.d) del referido Real Decreto Legislativo, las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social podrán realizar pruebas diagnósticas y tratamientos terapéuticos y rehabilitadores, con la finalidad de evitar la prolongación innecesaria de los procesos previstos en esta disposición, previa autorización del médico del servicio público de salud y consentimiento informado del paciente", ha abundado.
Todo ello "como viene recogido en el mencionado artículo, sin que en ningún caso las pruebas y tratamientos supongan la asunción de la prestación de asistencia sanitaria derivada de contingencias comunes ni dé lugar a la dotación de recursos destinados a esta última".
La Consejería subraya que "la asistencia sanitaria de los trabajadores en situación de incapacidad permanente por contingencias comunes corresponde al Servicio Público de Salud, siendo responsable de esa asistencia y de la emisión de los partes de baja, confirmación y alta el médico de Atención Primaria que tiene asignado el paciente".
La Inspección de Servicios Sanitarios, por su parte, "tiene asignadas las competencias de inspección, vigilancia y control de las situaciones de incapacidad temporal por contingencias comunes durante los primeros 365 días de duración de la prestación", y "la mutua colaboradora de la Seguridad Social ejerce, a través de los servicios médicos de que dispone, el seguimiento y control de las prestaciones otorgadas por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes".
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