Todos los grupos políticos en el Ayuntamiento de Granada, incluido el PP, han aprobado la propuesta del equipo de gobierno socialista para declarar lesivo uno de los pasos administrativos dados en el marco de un convenio urbanístico promovido durante la gestión de los populares y que ha derivado en una sentencia que obliga a pagar 13 millones de euros. Con esta declaración, el gobierno local pretende evitar que se pago deba hacerse en dinero y pueda formalizarse con terrenos.

El acto administrativo se refiere a la petición de revocación por parte de Construcciones Vargas del convenio urbanístico suscrito por esta empresa con al Ayuntamiento de Granada en 2005 para la expropiación de ocho parcelas de su propiedad calificadas de suelo urbano en el  PGOU. Sobre ese acto se produjo un silencio administrativo que fue interpretado como positivo. 

El Ayuntamiento de Granada fue condenado en sentencia de 17 de abril de 2016, por incumplimiento del convenio urbanístico, a pagar 13.2 millones de euros. 

Ahora el equipo de gobierno del PSOE con la declaración de lesividad, que se planteará en un juzgado contencioso-adminsitrativo, pretende el cumplimiento del acuerdo inicial al que llegaron las partes, consistente en el pago en especie, y evitar así el desembolso de 13 millones de euros, que “castigaría la sostenibilidad económica y pondría en peligro la prestación de servicios públicos” , en palabras del concejal de Urbanismo, Medio Ambiente y Mantenimiento, Miguel Ángel Fernández Madrid.

Durante el pleno el concejal ha destacado que el respaldo de todos los grupos políticos,  "supone, en definitiva, el reconocimiento del fracaso de la gestión urbanística del Partido Popular, caracterizada por la dejadez, la incapacidad manifiesta y sobre la que, desgraciadamente, pesa la sombra de la corrupción".   

Fernández Madrid ha hecho hincapié en "el esfuerzo" realizado por el gobierno local para "solucionar en tiempo récord un desaguisado urbanístico" con costes millonarios para la ciudad de Granada. "Hoy lo que hemos hecho es dar un paso más para que los granadinos no tengan que pagar de su bolsillo 13 millones de euros" que, según ha especificado, "pondría en peligro el mantenimiento de servicios muy necesarios" para la ciudad. 

El edil también ha adelantado que el gobierno municipal continúa trabajando para solucionar más "marrones urbanísticos" generados por el Partido Popular, entre los que ha citado otra sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que condena al Ayuntamiento a pagar 6,2 millones de euros por una mala gestión en la concesión de licencia a una sala de fiesta. 

A su vez, ha vuelto a insistir en su compromiso para culminar una auditoría en Urbanismo que "ponga luz" en un "área municipal en entredicho" y "a la que pretendemos dotar de seguridad jurídica de tal manera que no quepan sobre ellos la menor duda legal en los procedimientos administrativos que se lleven a cabo".