Los datos son oficiales y están extraídos de las ediciones de enero de 2012 y enero de 2016 del Boletín Estadístico de Personal al Servicio de las Administraciones Públicas y demuestran que la Junta redujo en ese periodo un 8,17% de los efectivos en educación y un 7,8% en sanidad, muy por encima de la media andaluza  y de la nacional; según la misma fuerte la reducción en España se quedó en el 2% en educación y en el 3,3% en sanidad.

 

“Es importante destacar esto, porque Andalucía es la Comunidad Autónoma que más empleo público destruyó, muy por encima de la media nacional” ha señalado la parlamentaria andaluza del PP, Marifrán Carazo.

 

En todo caso, el Partido Popular considera que los recortes en personal sanitario y docente no suponen un hecho aislado “en la gestión del empleo público en la provincia” por parte del PSOE y de la presidenta Susana Díaz.

 

Y es que el PP también ha reprochado a Susana Díaz la no convocatoria desde 2011 de los programas ligados a las políticas activas de empleo y el retraso de la puesta en marcha de los planes de empleo a través de los ayuntamientos “que la presidenta promete en cada campaña electoral” y que esperan más de 400.000 andaluces según los propios anuncios de la presidenta Díaz”.

 

Tanto Carazo como el también parlamentario granadino Vicente Valero han achacado a estos recortes “impresionantes y vitales” la “merma de la calidad asistencial” en ambos ámbitos.

 

“¿Los granadinos saben lo que pueden suponer en los centros educativos, 1.070 profesores?”, se ha preguntado Carazo que ha recordado que los populares vienen denunciando ejercicio tras ejercicio la reducción tanto de personal docente como auxiliar y el cierre de unidades educativas que, sólo en un curso –del 2014-2015 al 2015-2016-, se eleva a 40 en primaria y 5 en secundaria.

 

“Con esta política, Susana Díaz está poniendo en dificultad el día a día de los colegios públicos de la provincia”, ha alertado la parlamentaria andaluza que cree que todo lo que sucede en torno a los centros públicos muestra “una escasa gestión en política educativa en Andalucía”. 

 

En la misma línea, Valero ha considerado que el recorte de personal sanitario en los centros públicos de la provincia está generando una “regresión brutal en ese pilar fundamental y esencial del estado del bienestar como es la salud”; para el parlamentario granadino, una vez más, la situación se define por  “el maltrato y desprecio a los profesionales del sector que, a pesar de todo, son los que están sacando adelante la sanidad pública andaluza”.

 

Valero ha señalado que el panorama de la sanidad “que nos ofrece la presidenta Susana Díaz” coloca a Granada y Andalucía en la cola de todos los ratios nacionales, “con 100 médicos menos que la media nacional, 150 enfermeros menos y los últimos en cuanto a hospitales públicos”; en opinión del parlamentario granadino esa sería la raíz de “las interminables listas de espera y del colapso de las urgencias, además de la desmotivación del personal sanitario de la provincia”.

 

Precisamente en relación con la calidad del servicio sanitario, el parlamentario granadino del PP no ha querido dejar de referirse a dos asuntos de plena actualidad, el periodo vacacional y el funcionamiento del nuevo hospital del PTS.

 

En relación con el primero, y ante la evidencia de que la Junta de Andalucía no va a cubrir las vacaciones de buena parte de su personal, el PP ha informado de que planteó en el parlamento una iniciativa para conocer qué medidas va a tomar el SAS para evitar que se resienta la calidad de la asistencia. La respuesta, edulcorada bajo la fórmula de “reserva de camas”, es que la Junta tiene previsto cerrar 500 camas en los centros granadinos. Valero ha explicado que la supuesta caída de la demanda a la que alude la administración para justificar esa medida, es más bien, según todos los profesionales, “una consecuencia de la reducción de la oferta”.

 

Por último y en relación con el nuevo hospital del PTS y con la fusión sanitaria, Valero ha asegurado que detrás del proceso de reestructuración hospitalaria, que ha dado lugar finalmente a la apertura del nuevo hospital se encuentra “precisamente un verdadero ERE encubierto” ya que “la única finalidad del mismo es el recorte deliberado de los recursos”.

 

En cuanto al funcionamiento del hospital, Valero ha lamentado las “graves deficiencias, incluso estructurales” de las que están alertando los propios profesionales sanitarios a través de sus sindicatos y que a su juicio tendrían su origen en “la improvisación y las prisas” con las que se hizo el traslado el pasado fin de semana “en una operación cosmética”.

 

Entre otras incidencias, Valero ha citado que tras el traslado, el hospital pasó hasta siete horas sin luz, que se produjo un colapso en urgencias con 500 pacientes para sólo cuatro médicos –lo que generó también el colapso de las urgencias en el Virgen de las Nieves-; que se produjeron inundaciones en baños públicos y problemas con las calderas, además de que sólo funciona una sala para la realización de TACs. Junto a ello Valero ha trasladado quejas de los profesionales sobre “circuitos de trabajo y protocolos no definidos, la inexistencia de equipos multidisciplinares lo que impide una atención integral, la ausencia de un circuito externo y otro interno, o lo exiguo de los espacios para profesionales frente a los enormes espacios comunes”. 

 

“Nosotros felicitamos a los profesionales por el trabajo que realizaron en el traslado; fueron 850 profesionales los que trabajaron así que es fácil que saliera bien”, ha dicho Valero que ha reclamado a la consejería y al SAS que se tomen el mismo interés en ”corregir las deficiencias, con la misma profesionalidad y eficacia con la que se hizo el traslado”.