El PP resalta la "regeneración democrática" del Gobierno andaluz, que repercutirá en entidades locales

Política - Europa Press - Lunes, 15 de Febrero de 2021
Ha puesto como ejemplo la ley contra el fraude y la corrupción y protección de la persona denunciante que, tras su aprobación en el Consejo de Gobierno, se elevará al Parlamento.
Rafael Caracuel.
PP
Rafael Caracuel.

El parlamentario andaluz del PP de Granada Rafael Caracuel ha remarcado que la Junta de Andalucía ha apostado esta legislatura por la "regeneración democrática de la Administración", lo cual afectará también a las entidades locales granadinas y a las empresas adjudicatarias de contratos públicos o subvenciones.

Se trata, según ha indicado este lunes Caracuel, de una "apuesta y compromiso" que se ha materializado en el "impulso a la ley contra el fraude y la corrupción y protección de la persona denunciante" que, tras su aprobación en el Consejo de Gobierno, se elevará al hemiciclo andaluz para su tramitación.

"Con el gobierno del cambio -ha asegurado el diputado autonómico- se ha puesto fin a los años oscuros del PSOE al frente del Gobierno de Andalucía y a los escándalos de corrupción institucionalizada que el PSOE, al frente de la Junta, había normalizado", entre los que ha mencionado los ERE, Faffe o Isofotón.

En este punto, ha indicado también que, siendo Susana Díaz presidenta de la Junta de Andalucía y María Jesús Montero consejera, se "frenó esta norma". En contraposición a esta actitud, ha destacado que, en dos años, el Gobierno de Juan Manuel Moreno ha hecho que "los casos de corrupción dejen de ser portada diaria en los medios de comunicación andaluces".

Ha detallado que la norma afectará tanto a "la actuación de la Administración General de la Junta de Andalucía, sus entidades instrumentales e instituciones; como a las entidades locales, universidades públicas o a personas y entidades privadas que hayan sido adjudicatarios de contratos públicos o subvenciones, en lo concerniente a esa relación".

De este modo, "no podrán desempeñar estos puestos personas encausadas judicialmente o condenadas por delitos relacionados con corrupción u otros delitos dolosos castigados con penas graves o que conlleven inhabilitación".

En lo referido a la futura oficina contra el fraude, el parlamentario andaluz del PP ha señalado que será "un instrumento específico para prevenir, investigar, combatir el fraude y la corrupción, y proteger a las personas que se dirijan a ella para denunciar".

Además, ha recalcado que "contará con plena independencia", al no estar sujeta al Ejecutivo autonómico, sino que será adscrita al Parlamento de Andalucía. Entre otros aspectos, tendrá al menos dos subdirecciones, y contará con "competencia sancionadora".