El Partido Popular ha registrado esta mañana en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía una carta dirigida a la presidenta, Susana Díaz, instándole a que el Gobierno andaluz "impulse la revisión de la norma interna que impone limitaciones en el uso de la propiedad privada en el territorio que forma parte del Parque Natural de Sierra Nevada, especialmente las que afectan a los sistemas de protección de los cultivos y por la que se ven afectados, en su gran mayoría, los agricultores de la comarca de la Alpujarra".

La parlamentaria andaluza del PP Marifrán Carazo, junto a los diputados provinciales Carmen Lidia Reyes y Antonio Ayllón, alcaldes y representantes de la Asociación de Agricultores y Propietarios Agrícolas de la comarca de la Alpujarra, ha presentado esta iniciativa que también se defenderá ante el Parlamento de Andalucía, la Diputación de Granada y los ayuntamientos afectados.

“Queremos que Susana Díaz se entere de una vez por todas de lo que está ocurriendo en la Alpujarra, donde los agricultores llevan años denunciando muchos problemas con los que se encuentran a diario y que les dificulta desarrollar la plantación de sus cultivos con normalidad, una actividad fundamental para la economía de cientos de familias de la zona”, ha insistido Carazo.

El 12 de julio de 2011, la Junta de Andalucía reguló la ordenación y la gestión del Espacio Natural de Sierra Nevada. Según el PP, entre otros aspectos, se establecía" un veto", que por encima de los 900 metros los agricultores no pueden instalar estructuras con cubierta, conocidas como vallas antigranizo, para proteger los cultivos ante las inclemencias meteorológicas. Por encima de esa altitud, sólo se autoriza de forma puntual su despliegue ante una alerta específica que ponga en riesgo la plantación.

“Las mallas anti granizo son fundamentales para los agricultores, es la única manera de proteger el cultivo, sobre todo porque los seguros no cubren el cien por cien del cultivo que se encuentre al aire libre, mientras que el riesgo de granizadas pende como una espada de Damocles especialmente sobre el cultivo de tomate cherry y la habichuela. Por eso, pedimos que las mallas se coloquen durante la temporada, alrededor de seis meses al año, porque no hacen daño a nadie, más bien al contrario, ya que beneficia a la economía de la comarca y crea empleo”, ha defendido Carazo.

Por su parte, el alcalde de Cádiar, Javier Martín, ha apelado a la “sensibilidad” de la Junta de Andalucía para que “deje vivir tranquilas y desarrollar su trabajo con dignidad, sin que sean tratados como delincuentes a las cientos de familias alpujarreñas que tienen como único sustento la agricultura". “Pedimos que la Junta suspenda cautelarmente las sanciones que ha impuesto a muchos agricultores de la zona y que en muchos casos superan los 6.000 euros, ya que se está aplicando una norma totalmente injusta, hecha de espaldas a los agricultores y a la sociedad de La Alpujarra, por lo que pedimos flexibilidad y una revisión adecuada de la normativa vigente”, ha aludido Martín.

En este sentido, la parlamentaria autonómica ha hecho un llamamiento al “diálogo y al consenso” para que la norma sea “flexible”, que se adapte a las necesidades del Parque Natural de Sierra Nevada y que sea compatible con los cultivos agrícolas.

El 90 por ciento de los vecinos de La Alpujarra vive de la agricultura, siendo en municipios como Mecina Bombarón, Bérchules, Trevélez o Busquístar, un sector muy importante, donde cientos de familias viven del cultivo de diferentes verduras y hortalizas, destacando el tomate cherry y las habichuelas, según ha explicado el PP.

La diputada provincial del PP Carmen Lidia Reyes ha recordado que en la Alpujarra existen dos “pilares económicos” fundamentales, uno, es el turismo y otro, la agricultura. “Las reivindicaciones de los agricultores son justas y van a contar con el apoyo del Partido Popular en sus denuncias”, ha añadido.

Pasados casi seis años y algunas granizadas que arrasaron plantaciones y un buen número de multas después, la Asociación de Agricultores y Propietarios de Terrenos Agrícolas reclama “más flexibilidad en la normativa para poder salvaguardar sus cosechas”.

Según los datos facilitados por la propia Delegación de Medio Ambiente de la Junta expuestos por el PP, el año pasado se formalizaron 61 denuncias y el anterior, 62. En total, 123 sanciones resultantes, la inmensa mayoría están en fase de recurso y, por tanto, aún no han sido abonadas. El setenta por ciento de ellas se interpusieron en Bérchules. El treinta por ciento restantes, entre Alpujarra de la Sierra, Juviles, Busquístar y Trevélez. La cuantía media es de 1.217,9 euros.

Según Miguel Ocaña, representante de la Asociación de Agricultores y Propietarios de Terrenos Agrícolas, este asunto, junto a otros relacionados con los sistemas de cultivo en Sierra Nevada, se ha tratado en numerosas ocasiones en el  Consejo de Participación del Espacio Natural.

“Es necesario llegar a un modelo consensuado de cómo adecuar los cultivos, así como de organizarlos mejor para que encajen con la normativa del espacio y del paisaje y para que sean rentables para la gente de la Alpujarra y más beneficiosos para el turismo y el comercio”, ha explicado Ocaña, quien ha lamentado que la actitud mostrada hasta el momento por la Junta es “aburrirnos” con multas elevadas.