El Partido Popular pedirá la próxima semana al Gobierno andaluz que refuerce los servicios sociales de los ayuntamientos de la provincia y de la Diputación “saturados en la ejecución de planes del propio gobierno”, según ha anunciado la vicesecretaria regional del PP andaluz en materia de servicios sociales y parlamentaria granadina, Ana Vanessa García.

En la Proposición No de Ley que la parlamentaria debatirá el próximo miércoles, el PP quiere solventar el atasco de los expedientes sociales municipales que ha generado el gobierno andaluz “al valerse de los funcionarios de los ayuntamientos y de la diputación para hacer los informes de los planes de la Junta”.

El PP estima en entre 10.000 y 13.000, los informes que los ayuntamientos granadinos ejecutaron sólo en 2014 para hacer frente a los planes de empleo de la Junta o a los conocidos decretos para la inclusión social que la ejecutivo andaluz puso en marcha en 2013 y 2014.

“No queremos entrar a valorar los muchos aspectos mejorables de esos decretos”, ha dicho Ana Vanessa García, “pero lo que creo que la Junta tiene que corregir de manera inmediata es lo que esas tramitaciones han supuesto para los ayuntamientos granadinos y para los servicios que ellos prestaban”. Sin embargo, la parlamentaria granadina sí ha querido subrayar, al hilo de la PNL, que las corporaciones locales granadinas no han cobrado aún los planes de empleo de los años 2013 y 2014, “que sin embargo, ellos si adelantaron a los beneficiarios, además de pagar todos los materiales necesarios”. Según los cálculos del PP, la Administración autonómica adeuda a las corporaciones locales alrededor de 16 millones de euros en estos conceptos.

Sin embargo, en la PNL, el PP lo que quiere evitar es que, al menos, los planes de la Junta no interfieran en el funcionamiento de los servicios sociales municipales. Por ello, la Proposición apunta que “dado que todos los informes son para Planes y Programas procedentes de la Junta de Andalucía y gestionados directamente por la Administración Local, dentro de la colaboración institucional, es necesario que para no interferir en el funcionamiento habitual de los Servicios Sociales Municipales, el Gobierno andaluz disponga la contratación de personal de refuerzo para dichos servicios”.

Según los cálculos del ayuntamiento de Granada, esta institución ejecutó más de 3.000 informes en 2014 para los planes de la Junta de Andalucía. “Durante varios meses del año pasado, y en 2015 va a ocurrir lo mismo, los funcionarios del ayuntamiento de Granada trabajaron de hecho para la Junta y tuvieron que desatender otras funciones igual de imprescindibles para la ciudad de Granada y sus vecinos más necesitados”, ha señalado Fernando Egea, concejal de Bienestar Social de la Corporación local granadina.

Por ello, el PP buscará en el Parlamento la complicidad del resto de grupos políticos para que la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales articule un método para reforzar los servicios sociales de los ayuntamientos y comunitarios, “de manera que la implantación de un plan de la Junta no suponga, en la práctica, paralizar todas las actuaciones de los ayuntamientos de nuestra provincia”.