El grupo popular en el Ayuntamiento de Granada ha reaccionado con críticas tras el auto judicial del Caso Serrallo en el que la jueza cita a declarar al exalcalde José Torres Hurtado y abre la puerta a investigar a todo su gobierno.

El portavoz adjunto del grupo municipal, Antonio Granados, ha incidido en que "el PP, como es obvio, tiene un absoluto respeto por la justicia, a la que todos debemos dejar trabajar" y por ello ha dicho que ni su partido ni su grupo van a entrar en "el juego de las conjeturas" y a "elucubrar sobre qué podría pasar a partir del 23 de marzo, cuando el ex alcalde declare de nuevo ante el juez", en relación a la indicación que plantea la propia jueza, que condiciona la citación de los ediles del PP que votaron junto en Junta de Gobierno Local la operación urbanística del Serrallo. 

Ha puesto el acento en que "el PP, a nivel nacional, tomó en su día la decisión política de suspender cautelarmente de militancia a Torres Hurtado" y que, a partir de ahí, "es la justicia la que debe hablar y nosotros, cuando un caso está sub iudice, debemos limitarnos a mostrar respeto con los tiempos judiciales y guardar silencio". 

En este sentido, ha reclamado a los socialistas que dejen de "hacer el ridículo", reiterando que es un asunto judicial en el que "los tiempos los marca un juez y no los políticos" y han subrayado que, en estas circunstancias, "hacer declaraciones que saquen de contexto determinadas situaciones, es hacer daño al procedimiento judicial". 

Ha recordado a los socialistas que los populares no tienen "nada que ocultar" porque están trabajando "desde la máxima transparencia" y ha instado al equipo de gobierno local a que, si ellos piensan lo contrario, en vez de "echar balones fuera", deberían "finalizar de una vez la auditoría en Urbanismo".

Granados desvía las críticas a "los casos de corrupción" del PSOE

Además, Granados "no cree que el PSOE sea precisamente el partido más indicado para hacer esa serie de insinuaciones, cuando es la única formación de la provincia que tiene condenas en firme por casos de corrupción, en algunos casos con penas de cárcel, como sucedió en Armilla". 

El portavoz adjunto ha agregado que "más cerca aún, en la misma capital, hay 27 corporativos y sólo uno de ellos está investigado por la Justicia". "Pero ese único caso -ha agregado- es el del alcalde, Francisco Cuenca, que ya ha declarado ante un juez por la presunta comisión de tres delitos que conllevarían hasta nueve años de cárcel y quince de inhabilitación". "Eso le deslegitima, a él y a su partido, para hablar sobre estas cuestiones". 

Esto último es algo, ha dicho para terminar, de lo que debería tomar nota Ciudadanos, cuyo grupo municipal apoya sin fisuras al alcalde “en una demostración clara de que es un partido con una doble vara de medir, porque en la Comunidad de Murcia sí que se ha apresurado a pedir la dimisión del presidente popular, mientras que aquí no ha hecho nada”.