Los peritos de la Junta se reafirman en la nulidad de pleno derecho del plan que avaló una promoción de viviendas investigadas en el caso Nazarí
Los peritos de la Junta de Andalucía han remitido a la jueza que investiga la presunta trama urbanística un informe en el que se reafirman en la nulidad del pleno derecho del plan parcial N-2 en el que el promotor José Julián Romero construyó una promoción de viviendas. La operación es una de las investigadas en el caso Nazarí por el supuesto trato de favor que recibió el constructor, obteniendo licencia de primera ocupación pese a que llegó a desviar un barranco sin autorización de la Confederación Hidrográfica del Sur y no completar la urbanización del entorno.
En una reciente notificación a la jueza, la Junta de Andalucía anunció que estaba a punto de concluir el último informe que le quedaba por elaborar y que lo enviaría a mediados de marzo.
En un extenso escrito, de cerca de 50 folios, los peritos de la Junta dejan claro que, a su juicio, el Plan Parcial N-2 (Casería de San Jerónimo) es "ilegal" al presentar "vicios de nulidad de pleno derecho". Así lo recogieron en el primer informe y ese es el criterio que confirman en el que responde a las aclaraciones solicitadas.
Los técnicos recuerdan que no se contó con la preceptiva autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la licencia de obra y el desvío del barranco se iniciaron sin ese pronunciamiento, que no llegó hasta noviembre de 2008 y en términos distintos a los propuestos.
Además, incide en que el silencio de la Administración que alegan los investigados "en modo alguno" habilitaría para continuar las actuaciones urbanísticas, sino en todo caso, reaccionar ante la Confederación conforme a lo establecido por la ley.
Las obras de urbanización no se ejecutaron y pese a ello se concedió licencia de primera ocupación. Los técnicos no entran en la pretensión de la defensa de pronunciarse sobre otro plan parcial, el del Hospital del Campus, donde según señalan se actuó igual.
El informe insiste en cuestionar la expropiación, destacando que en ningún caso puede hacerse en "terrenos ya ocupados por barranco, por la vía de hecho, sin justificar su integración y/o compatibilidad en el Sistema General de Espacios Libres previsto en el planeamiento".
La defensa refiere documentación a la que, según los peritos de la Junta, no han tenido acceso por encontrarse en un expediente de la Confederación.
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