Nuestros derechos frente a sus privilegios

TRIBUNA DE OPINIÓN, POR PILAR MESA ARROYO Y JESÚS DE MANUEL JEREZ

Política - Pilar Mesa Arroyo y Jesús de Manuel Jerez - Sábado, 1 de Abril de 2017

Pilar Mesa Arroyo y Jesús de Manuel Jerez, miembros del Consejo Ciudadano de Podemos Andalucía, analizan en este artículo la situación de profunda desigualdad que sufre el país. Una reflexión, que merece que leas.

P.V.M.

'A la gente de nuestros barrios, seguros de que en su lucha está la clave de nuestra emancipación'

(Dedicatoria del libro “La clase obrera no va al Paraíso” de Ricardo Romero y Arantxa Tirado )

El lunes los consejeros del PP y de Endesa evitaban que se aprobara el bono eléctrico en Cádiz, bono que había sido aprobado por unanimidad en pleno, que evitaría que cualquier familia quedara privada de recursos energéticos por razones de pobreza y vulnerabilidad y que solo necesitaba ya el apoyo del consejo de administración de Eléctrica de Cádiz. Con ello han dejado sin este recurso a dos mil familias gaditanas.

Además, contravienen el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que establece que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”. Este artículo ya fue la base para la propuesta de Ley 25 de Podemos y ahora forma parte de un plan de defensa de los derechos más básicos que, por desgracia, como sabemos, son frecuente y flagrantemente incumplidos en nuestro país.

¿Cómo podemos asegurar que todas las personas tengan un nivel de vida adecuado cuando el 45% de los desempleados no recibe ninguna prestación social de acuerdo con datos del Ministerio de Empleo?

¿Cómo podemos asegurar que todas las personas tengan un nivel de vida adecuado cuando el 45% de los desempleados no recibe ninguna prestación social de acuerdo con datos del Ministerio de Empleo? Y es que la desigualdad y la falta de renta es uno de los principales problemas que afecta a la mayoría social. Ante el abandono de las instituciones, son las redes familiares las que con suerte, en algunos casos, están sosteniendo a este sector de la población. Nuestro país también es campeón en precariedad, cosa que seguramente tenemos que agradecer entre otros factores a las dos últimas reformas laborales, somos el país de la Unión Europea con la mayor tasa de contratos temporales, un 25,2%, y además, tener trabajo en nuestro país no te libra de la pobreza ya que Cáritas nos alerta de que el 15% de los trabajadores en España son pobres.

Por otra parte, el 65,93% de los pensionistas cobra menos de 1.000€ de pensión y 2 millones de ellos reciben de media entre 600 y 650€ al mes de acuerdo con datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. El Gobierno está siendo irresponsable y está destruyendo el sistema público de pensiones. Tras una vida trabajando, los pensionistas tienen derecho a recibir una prestación social y disfrutar de una vejez digna. Nos vienen a la mente las palabras de la Régula en “Los santos inocentes” al despedir a su hermano tras una vida entera de servicio, “Si el Azarías se puso viejo a su lado fue”, parece mentira que después de tanto tiempo tengamos que seguir reivindicando lo más básico.

La vivienda es otro de los derechos fundamentales que recoge el artículo 25. Sin embargo, en nuestro país se está vulnerando también este derecho, el Gobierno ignora las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que señalan que la legislación hipotecaria española contradice la normativa europea. En concreto, de acuerdo con datos del Consejo General del Poder Judicial desde 2008 se han llevado a cabo más de 600.000 procesos de ejecuciones hipotecarias.

Entre otras, la iniciativa “Vamos!” basada en la fraternidad y la solidaridad se ha ocupado de denunciar el drama de la pobreza energética, a todos nos han indignado y escandalizado las muertes de personas que se calentaban con velas este invierno porque empresas como Gas Natural Fenosa las habían dejado sin suministros pese a no tener recursos. Trágicos hechos que no son sino la punta del iceberg de los 5 millones de personas que no puedan hacer frente a los gastos de la factura de la luz según datos de la Asociación de Ciencias Ambientales, y esto sucede en la cuarta economía de la zona euro.

Tampoco todos en nuestro país tenemos asegurado el derecho a la sanidad: la Comisión Europea señala que en España se ha recortado el gasto público en Sanidad en más de 12.000 millones de euros desde 2009 a 2015. Asimismo, más de 2,4 millones de personas no podían acceder al pago de medicamentos por falta de renta según datos del Centro de Investigaciones Sociológicas.

Por si eso fuera poco, mientras que en el artículo 25 se destaca también que “La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales”, la ONG Save the Children estima que la pobreza infantil severa afecta al 17% de los niños, siendo España el segundo país, después de Grecia, que menor capacidad demuestra de reducir la pobreza infantil a través de sus ayudas sociales. Los recortes en políticas sociales afectan gravemente a los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad. Según datos publicados por Eurostat España pasó de tener 2,76 millones de menores en situación de pobreza y riesgo de exclusión social en el año 2010 a 2,86 millones en el 2015.

Todas estas cifras se agravan en el caso de las mujeres a las que han afectado especialmente las políticas de austeridad y recortes. En la actualidad en nuestro país las mujeres obtienen un 30% menos de salario realizando el mismo trabajo que un hombre y de todas las personas pobres un 70% son mujeres pese a que el artículo 1 de la DUDH asegura que “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.

Y es que el artículo 25 de la DUDH no es el único que se ve vulnerado en nuestro país, sino también el resto de ellos. Por ejemplo, el artículo 13 asegura que toda persona tiene derecho a elegir su residencia en el territorio de un Estado y a regresar a su país, en cambio los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística evidencian que de 2008 a 2012 225.000 españoles abandonaron el país por la crisis para residir en el extranjero. Sin embargo, algunos expertos reconocen que estas estadísticas son muy poco precisas. Según el estudio “La nueva emigración española” elaborado por la Fundación Alternativas, la cifra alcanzaría las 700.000 personas. Una diferencia entre datos muy elevada que se explica porque no hay prácticamente nada que impida llevar una vida normal y plena en el extranjero a quien no se inscriba en el consulado.

La realidad es que España sigue siendo el segundo país de la Unión Europea donde más ha crecido la desigualdad desde que estalló la crisis, y donde esta ha seguido aumentando a pesar de los últimos años de crecimiento económico

A estos jóvenes no solo se les ha privado de la posibilidad de vivir en su país sino que se les hurta también el derecho al voto. El mecanismo del voto rogado provoca estragos en la participación de los emigrados en las elecciones. Desde la introducción de este método, tras la reforma de la ley electoral pactada por PSOE, PP, CIU y PNV en 2011, la participación de los emigrados no ha dejado de descender. En 2011 rogó el voto un 9,3% y el 20D un 8%, sin embargo, las cifras no se corresponden con el 4,95% y el 4,7% de emigrados que, respectivamente, votó finalmente. Cifras que no son propias de un país democrático y que no fueron mejores en las últimas elecciones ya que no se habilitó ningún mecanismo para mejorarlas y hacer cumplir con ello el artículo 21 de la DUDH que asegura que “Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos”.

A tenor de los datos expuestos anteriormente y de la realidad que vivimos la mayoría en nuestro entorno, ¿quién puede imaginar que haya habido crecimiento económico en nuestro país en los últimos tiempos? Pues lo cierto es que sí que lo ha habido pero España es un país de dos realidades. Desde 2014 crece el PIB, pero los resultados de esta reactivación económica solo benefician a una minoría mientras que la desigualdad se cronifica e intensifica. La realidad es que España sigue siendo el segundo país de la Unión Europea donde más ha crecido la desigualdad desde que estalló la crisis, y donde esta ha seguido aumentando a pesar de los últimos años de crecimiento económico. Este continuo aumento de la desigualdad se debe a una concentración de la riqueza en menos manos, a la vez que se produce un deterioro de la situación de las personas más vulnerables. En el último año, el informe de Oxfam Intermón señala que hay 7.000 nuevos millonarios en España, y que la fortuna de tan sólo 3 personas equivale ya a la riqueza del 30% más pobre del país, es decir, de 14,2 millones de personas. Mientras en 2015 este 30% más pobre vio reducida su riqueza en más de una tercera parte (-33,4%), la fortuna de las tres personas más ricas del país aumentó un 3%.

Además, la desigualdad en el sur es mayor. El último informe Foessa señala que las comunidades del sur se encontrarían en peor situación ante una eventual salida de la crisis. Andalucía es una de las comunidades autónomas donde el 20% más pobre ha caído más y, de acuerdo con datos del INE de enero de 2017, nueve de las diez ciudades más pobres son andaluzas. En 2016 según el informe elaborado por la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social las cifras de riesgo de exclusión estarían en un 43% en nuestra comunidad. Mientras tanto, el gobierno actual del PSOE nos habla de una Andalucía imparable y nuestra presidenta emprende su carrera por liderar el PSOE a nivel estatal, el mismo partido que ha entregado nuestro gobierno al PP, el partido más imputado en la historia de la democracia, pese a haber reiterado que no investirían a Rajoy como presidente.

Lo peor es que todo esto sucede al tiempo que se dan comisiones del 3% en la adjudicación de contratas públicas, el Gobierno pacta con el PSOE una subida pírrica del Salario Mínimo Interprofesional sin tener en cuenta las demandas de la sociedad civil, las puertas giratorias en las eléctricas provocan el tarifazo eléctrico en pleno invierno, Urdangarín y la infanta Cristina salen libres sin abonar fianza, mientras se condena a seis años de cárcel a un ciudadano por robar 70 euros. Para evitar que este secuestro de la democracia se denuncie o revierta se utilizan las cloacas del Estado para difamar a adversarios políticos y se castiga a los fiscales incómodos para el Gobierno que luchan contra la corrupción, buscando la impunidad y la anulación de la independencia de los poderes.

La causa de estas vulneraciones en los derechos básicos de la ciudadanía reside en la existencia en nuestro país de una trama que, con una lógica mafiosa mediante relaciones políticas y económicas pretende poner el estado al servicio de sus intereses personales. En este sentido el rescate a la banca, las privatizaciones, las puertas giratorias, la corrupción y la amnistía fiscal, no son casos aislados, sino que son mecanismos estructurales al servicio de una minoría de privilegiados que nos privan al resto de derechos básicos que deberían estar garantizados por el estado.

En Granada el 25 de marzo en el barrio del Zaidín en la Avenida Don Bosco un grupo de militantes de círculos de Podemos realizaba una performance protesta consistente en una subasta de personas “sin derechos, sin ingresos, sin vivienda, sin luz, sin infancia, sin sanidad, sin pensiones y sin servicios sociales” enmarcada en las movilizaciones que tuvieron lugar todo el estado convocadas por “Vamos!”, iniciativa que surge en el interior de Podemos para desplegar a pie de calle espacios de participación y acción colectiva que respondan a las necesidades de la gente, con el fin de reivindicar el cumplimiento del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El objetivo que nos marcamos en Podemos no es otro que desarticular esa trama para tener un país más justo y democrático. Para ello, vamos a seguir luchando en las instituciones y sobre todo en la calle contribuyendo y colaborando humildemente a la construcción de respuestas colectivas a los asaltos de esta en todas sus formas y niveles, desde los movimientos sociales, en las movilizaciones, respetando la autonomía y fomentando el empoderamiento de los círculos que trabajan en los barrios y en los pueblos diaria y esforzadamente, “seguros de que en su lucha está la clave de nuestra emancipación”.