La quinta prórroga del estado de alarma aprobada por escaso margen de votos el martes pasado en sede parlamentaria, con independencia de ser cuestionada por numerosos juristas de reconocido prestigio al considerar que conculca derechos constitucionales individuales, necesitó el concurso necesario de EH Bildu, partido salido de las filas de los herederos políticos de ETA. Pues bien, este partido  exigió para su apoyo la firma de un documento a los dos  socios en el gobierno por el que se comprometían a la  “derogación  íntegra” de la reforma laboral del año 2012. 

Hay que recordar que la reforma laboral del 2012, bajo el gobierno de Rajoy y con Fátima Báñez como ninistra de Trabajo, supuso la incorporación al mercado laboral de más de tres millones de trabajadores de los cinco que la crisis económica-financiera iniciada en el año 2008 se llevó por delante, bajo el gobierno de Rodríguez Zapatero

 

Hay que recordar que la reforma laboral del 2012, bajo el gobierno de Rajoy y con Fátima Báñez como ninistra de Trabajo, supuso la incorporación al mercado laboral de más de tres millones de trabajadores de los cinco que la crisis económica-financiera iniciada en el año 2008 se llevó por delante, bajo el gobierno de Rodríguez Zapatero. 

 

La nueva crisis económica, en  esta ocasión como consecuencia de la pandemia  originada por el  COVID-19,  ha supuesto que miles de empresas hayan utilizado la figura de los ERTES (suspensión temporal de los contratos de trabajo)  como forma coyuntural  de superar  su situación económica   con ciertos visos de garantías para operar con normalidad en un futuro próximo. Precisamente,  esta figura se introdujo en esa reforma  del 2012 ante la constatación de que la única fórmula legal existente para mantener a las empresas con cierta garantía de continuidades  en épocas de crisis era el  ERE, lo que suponía la extinción de las relaciones laborales. Lo que es lo mismo, su despido.

 

El mero anuncio de la supresión de la reforma laboral ha supuesto el enfrentamiento total de la patronal CEOE y de otros operadores económicos y empresariales con el gobierno al considerar que sería un lastre para la deseada recuperación económica. Es más, la propia ministra de Economía ha mostrado su absoluta oposición a esa derogación. Ni  el momento ni la situación económica actual lo aconsejan puesto que generaría incertidumbre y falta de confianza al empresariado que ante el seguro aumento de sus costes laborales  dejaría de incorporar a nuevos trabajadores o, lo que es peor, pasarían  a convertir esos ERTES en ERES definitivos. Si a ello le súmanos que nuestros índices económicos son aterradores; el producto  interior bruto experimenta caídas no vividas desde nuestra última Guerra Civil o estamos en plena negociación con la Unión Europea de la ayuda financiera necesaria para solventar esta crisis, no se entendería desde Bruselas posicionamientos impuestos por políticas, incluidas las  económicas,  desfasadas e impropias del ideario de la Unión.   

 

Así, fuentes empresariales resumían que “pocas veces se ha visto este nivel de indignación unánime” y no puede ser para menos el enfado mostrado por este colectivo por lo que puede suponer de destrucción del tejido empresarial en contraposición con lo que ocurre con el musculo administrativo-político  que  continuamente aumenta con la  creación de nuevos  puestos  políticos absolutamente improductivos. La mayoría de los miembros del gobierno se han desmarcado de este documento con un escueto “ahora no es el momento, no toca”.