El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Huéscar investigará si se cometieron presuntos delitos de prevaricación administrativa, falsedad en documento público y malversación de caudales públicos en la compra de un terreno de algo más de 200 hectáreas por el Ayuntamiento de la Puebla de Don Fadrique. 

Los denunciantes, el presidente de la Asociación Ecologista-Cultural La Sagra, Augusto Ángel Arias, y el edil de Podemos en ese Consistorio, Hilario Sánchez Díaz, tienen previsto ratificar ahora la denuncia que presentaron en julio del pasado año contra el exalcalde y ahora parlamentario del PP por Granada, Mariano García, todos los miembros de la corporación anterior que votaron a favor de la operación (del PP, en el gobierno, y una edil del PSOE, de los dos que tenía este partido), además de la secretaria-interventora. El Juzgado ha citado a los denunciantes para este miércoles, 11 de junio, según ha informado eldiario.es. 

Al tener Mariano García condición de aforado por ser diputado autonómico, lo que hará el juez instructor es investigar los hechos y, en el caso de que decida que hay indicios contra el parlamentario, elevaría una exposición razonada a la Sala Civil y Penal del TSJA para que continúe la causa y le llame a declarar en calidad de investigado

Es necesario señalar, como han trasladado a El Independiente de Granada fuentes judiciales, que al tener Mariano García condición de aforamiento por ser diputado autonómico, lo que hará el juez instructor es investigar los hechos y, en el caso de que decida que hay indicios contra el parlamentario, elevaría una exposición razonada a la Sala Civil y Penal del TSJA para que continúe la causa y le llame a declarar en calidad de investigado si los magistrados lo estiman oportuno. 

De momento, lo que se conocen son los detalles de la compra, de los que ya informó El Independiente de Granada antes de que llegara a los tribunales. En total, el Consistorio destinó 600.000 euros a la compra, lo que representa casi un tercio del presupuesto municipal para un ejercicio. Según los cálculos de los denunciantes, sería el doble de su valor real del terreno, teniendo en cuenta que en su mayoría era un "erial", improductivo y situado en parte en otro municipio, lo que condicionaría los permisos para actividades.

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Descripción de la finca: "La finca está situada en los Collados de Abajo y Embudo de la Sagra, zona de los Castillos en su mayor parte en término de Puebla de Don Fadrique y una parte (parte alta de la Sagra) en término de Huéscar. Se compone de una superficie de labor de 20,64 hectáreas y 188,1449 hectáreas de monte, matorral y pastos, improductivo y pinar maderable. Formada por la segregación de la finca registral 1.808 de Puebla, coincidente con la parcela 186 del polígono 26 de Huéscar y parte de la parcela 79 del polígono 22 de Puebla de Don Fadrique".

El trato entre el gobierno municipal, del PP, y el propietario de los terrenos, un notario conocido del exalcalde, se fraguó antes de que Mariano García dejara la Alcaldía para ser parlamentario autonómico. La denuncia, consultada por este diario, cuestiona el interés de la compra, el procedimiento elegido -negociado sin publicidad y no concurso- y la valoración de los terrenos. 

El gobierno local alegó que la adquisición permitiría el desarrollo de diferentes proyectos y programas que repercutirían en "el progreso del turismo geológico, astronómico, de naturaleza y aventura, así como religioso". Añadía a esas razones el aprovechamiento de los recursos naturales que pudiera generar, además de "alejarla de la especulación". La denuncia los cuestiona todos. También pone en duda el informe del técnico municipal elaborado para justificar la operación.

Algunos de los aspectos que cuestionan los denunciantes:

• INTERÉS GEOTURÍSTICO: "la finca comprada contiene una pedriza de un kilómetro aproximado de distancia con un desnivel medio del 45 % y hasta un 60%, cuyo uso turístico, como propone el nefasto informe técnico del Ayuntamiento, aceleraría el deterioro de la ladera de la montaña, sin mencionar el peligro que supone, puesto que han habido muertes y rescates en el embudo".
• INTERÉS ASTROTURÍSTICO: "la finca comprada carece por completo de ningún lugar estratégico útil para desarrollar este aspecto, la situación del actual Observatorio Astronómico de La Sagra, que se menciona en la memoria, operado por el Instituto Astrofísico de Mallorca y el Instituto Astrofísico de Andalucía, es un enclave privado de otra finca, al que el Ayuntamiento solo puede acceder, a día de hoy, facturando a los científicos, este sería el único aprovechamiento que puede hacer el Ayuntamiento del observatorio y está totalmente desligado de la inversión en la finca comprada".
• INTERÉS PARA UN TURISMO FAMILIAR, DEPORTIVO Y DE OCIO: "ninguno de los eventos mencionados, se practica ni dentro ni en los terrenos aledaños de la finca, la carrera de alta montaña “La Sagra Sky Race” y la carrera de mountain bike “La Sagra MTB Race” por su orografía de tan elevada pendiente. Tampoco el senderismo sirve como justificación, ya que al iniciar la subida, seguidamente hay que desplazarse a otra finca privada, tal y como el mismo Ayuntamiento reconoce en su publicidad turística".
• INTERÉS AGROAMBIENTAL: "en la finca comprada no existen los cultivos mencionados en la memoria de encinas micorrizadas en trufa negra, la explotación maderera es prácticamente imposible por la orografía con gran desnivel y la explotación ganadera ya se hace en las fincas privadas que hay en todo el entorno de La Sagra, dentro de la finca comprada no hay nada que explotar ya que solo hay un 10% cultivable y no hay infraestructura construida".
• INTERÉS PARA UN TURISMO RELIGIOSO Y CULTURAL: "el santuario y las rutas de carácter religioso, como son el Santuario de las Santas y “El camino Espiritual del Sur”, están justamente en la cara contraria a la finca comprada, por tanto, es una burla mencionar este supuesto interés".

Para los denunciantes, el Ayuntamiento ha pagado la hectárea al "doble de lo que puede ser su valor real en la zona donde está la finca" y consideran que "han dilapidado 300.000 euros del presupuesto municipal".

Consideran también que el propietario, al segregar la finca, se quedó en propiedad con los terrenos de mayor valor productivo, con balsas de agua y pozo, y endosa, según los denunciantes, el terreno improductivo al Ayuntamiento.

El parlamentario del PP ha defendido la legalidad de la operación, que considera plenamente justificada, según eldiario.es. Niega sobreprecio y atribuye la denuncia a una "persecución personal".