La diputada del área de Asistencia a Municipios y Medio Ambiente, María Ángeles Blanco, ha comparecido hoy junto al responsable de Recursos Humanos, Economía y Patrimonio, Manuel Gómez, para hacer pública una resolución judicial que avala los convenios firmados entre la Diputación y los ayuntamientos en relación al sistema de tratamiento de residuos sólidos urbanos.   

Según ha explicado Blanco, los tribunales se han pronunciado para “tumbar de manera contundente las interpretaciones torticeras y malintencionadas que ha venido realizando el grupo popular de la Diputación, y su portavoz, José Antonio Robles, sobre el convenio firmado por esta institución con los ayuntamientos”.

Este auto tiene su origen en una sentencia derivada de un Recurso Contencioso Administrativo interpuesto por el Ayuntamiento de Güéjar Sierra contra el acuerdo del Pleno de la Diputación, de fecha 17 de diciembre de 2015, por el que se aprobó el modelo de Convenio para la prestación del servicio público de tratamiento de residuos municipales entre la Diputación de Granada y los distintos ayuntamientos de la provincia.

"La resolución judicial, dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Granada, según informa Europa Press, desmonta las pretensiones del alcalde de Güéjar Sierra y portavoz del PP de la Diputación de hacer extensiva a todos los ayuntamientos una sentencia que afecta exclusivamente al suyo, tal y como afirma el auto". Contra el auto cabe recurso de apelación.

"El señor Robles pretendía que los tribunales declararan nulo el Reglamento Regulador del Servicio y el modelo de convenio firmado entre la Diputación y los ayuntamientos, y los tribunales le han dado un revés", ha explicado, y ha recordado que "no es el primero", en alusión a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que declaró "ilegal el tasazo de la basura que impuso el PP en el anterior mandato".

Un sistema "más barato y mejor"

La diputada ha subrayado que tras aquella decisión judicial, este equipo de gobierno puso en marcha un nuevo modelo de gestión del servicio, que "abarata de forma notable" los costes para los municipios y los ciudadanos, y que prima el reciclaje en origen. En este sentido, se ha referido a un ahorro del 30 por ciento de media con respecto al sistema anterior y 4 millones de euros menos de gasto para el conjunto de la provincia.

Además, "gracias a una buena gestión", se ha podido rebajar en casi 11 euros el precio por tonelada, con lo que se ha logrado que la provincia de Granada tenga el coste del tratamiento de residuos por tonelada más bajo de Andalucía "con mucha diferencia".

Por su parte, Manuel Gómez ha destacado que el cambio de sistema en la gestión que ha puesto en marcha el actual equipo de gobierno ha supuesto para los ayuntamientos y los vecinos un 30 por ciento de rebaja en la factura anual del tratamiento de residuos. "Un dinero que está en los bolsillos de los ciudadanos y en las haciendas de los ayuntamientos", ha apuntado. 

"Lo que debemos de preguntarnos es por qué antes un servicio costaba cuatro millones de euros más de lo que cuesta ahora, nosotros lo hacemos mejor, lo hacemos más barato y lo hacemos con seguridad".