El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Granada ha anulado la sanción que el Ayuntamiento de la capital granadina impuso a un letrado municipal que fue suspendido de sus funciones durante tres años y un mes, según ha informado el sindicato CGT.

 

En un comunicado, el sindicato ha señalado que el juez en su auto estima que "la falta cometida por el funcionario podría ser calificada como leve, o en todo caso, como grave, pero nunca como muy grave como en su día entendió el Consistorio". "Al considerar la falta como leve o grave la misma estaría ya prescrita por lo que no habría cabido sanción alguna. Por el contrario, la prescripción no se habría producido en caso de considerarla como muy grave", añade.

 

Desde CGT consideran que "el Ayuntamiento calificó la falta como muy grave a sabiendas de que no lo era con el objeto de poder imponer una sanción exagerada y ejemplarizante a un funcionario que en repetidas ocasiones habría demostrado su independencia ante los requerimientos 'políticos' del equipo de Gobierno".

 

De hecho, la sanción impuesta al funcionario era "el colofón" de una serie de actuaciones que "se instrumentaron contra él por oponerse a los desmanes que desde el Ayuntamiento se estaban llevando a cabo en el área urbanística".

 

Así, este letrado ya fue cesado de su puesto de letrado jefe de los Servicios Jurídicos de la extinta Gerencia de Urbanismo, expulsándole de la misma, con la consiguiente pérdida retributiva que esto supuso, siendo este  sólo "un ejemplo más de los numerosos funcionarios municipales que ven amenazadas sus carreras profesionales cuando no se pliegan a los dictados del equipo de Gobierno".

 

La CGT considera "muy graves" estos hechos que "suponen una persecución en toda regla hacia una persona que ha defendido en todo momento la independencia de la función pública" y responsabiliza "a la edil de Urbanismo, Isabel Nieto y al de personal, Juan Antonio Fuentes, de estas execrables acciones".

 

La sentencia obliga al Ayuntamiento, según la CGT, a reincorporar al letrado a sus funciones y a reponer el salario que el funcionario dejó de percibir durante los meses que sufrió la sanción y aunque es recurrible, el letrado afectado puede pedir la ejecución provisional de la misma.

 

Considera la sentencia igualmente que la actuación por parte del Ayuntamiento ha supuesto "una situación de abuso" que se encuentra, además, en el límite de haber sido considerada desviación de poder.

 

Desde CGT entienden que "es hora ya de acabar con este tipo de prácticas que sólo buscan amedrentar a una plantilla municipal que sin embargo es plenamente consciente de su obligación de cumplimiento del deber público, y que no dudó en concentrarse en fechas pasadas en la Plaza del Carmen para denunciar la persecución que estaba sufriendo el compañero".

 

Asimismo, "entendemos que se deben depurar responsabilidades por esta torticera actuación municipal que lo único que hace es malgastar el dinero de la ciudadanía en venganzas particulares del equipo de Gobierno del PP", ha concluido la CGT.