El Gobierno andaluz se comprometió en mayo, antes de las elecciones municipales, a cambiarla

La Junta tarda un año en rectificar la orden que ponía precio a la privatización de la Atención Primaria

Política - Europa Press/IndeGranada - Jueves, 16 de Mayo de 2024
El BOJA publica la modificación de la Orden que ponía precio a la privatización de las consultas.
Detalle de la manifestación en marzo del pasado año.
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Detalle de la manifestación en marzo del pasado año.

La Junta de Andalucía ha tardado un año en rectificar la Orden que ponía precio a la privatización de la Atención Primaria. El pasado mayo, poco antes de las elecciones municipales y tras una fuerte contestación de profesionales, sindicatos y colectivos ciudadanos, el Gobierno andaluz se comprometió con los sindicatos a retirar esta opción de la orden que había aprobado meses antes con las tarifas para los conciertos que suscribiera el SAS.

Este jueves, el BOJA publica otra Orden en la que se modifica esa polémica decisión. La publicación coincide con la sesión de control al Gobierno en el Parlamento, en la que el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, se somete a las preguntas de la oposición.

Son dos folios en los que la Consejería que dirige Catalina García -que firma la modificación- argumenta que se considera "oportuno suprimir la posibilidad de concertar la atención primaria tras la finalización oficial de la pandemia Covid-19 decretada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con fecha de 5 de mayo de 2023" y a tal efecto se modifica el anexo de tarifas "suprimiendo las tarifas máximas asociadas a atención primaria incluidas en el cuadro final del anexo".

Igualmente, Salud establece que "se suprime del cuadro del anexo referido a consultas, el concepto de 'consulta médica de atención primaria' por estar referidos a la concertación de la asistencia sanitaria de atención primaria y no considerarse susceptible de la misma" y subraya que "la asistencia sanitaria de atención primaria se prestará con medios propios del SAS".

La modificación de la orden publicada en BOJA también suprime su disposición adicional segunda, que establece que, "de conformidad con lo dispuesto en el artículo 312. f) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la prestación de los servicios que conlleven prestaciones directas a favor de la ciudadanía se efectuará en dependencias o instalaciones diferenciadas de las de la propia Administración contratante y, si ello no fuera posible, se harán constar las razones objetivas que lo motivan. Para ello, la Consejería con competencias en materia de salud determinará las tarifas para la realización de procedimientos en instalaciones propias de la Administración".

El proyecto fue tramitado en pleno verano de 2022 y, tras su aprobación, se sucedieron movilizaciones convocadas por los sindicatos sanitarios y colectivos sociales

Desde la Consejería justifican la supresión de esta disposición adicional "por considerarse innecesaria y resultar la previsión legal de carácter básico de aplicación directa".

La orden de 23 de febrero del pasado año 2023 que ahora se modifica incluía un anexo con la tarifación de los convenios y conciertos que suscriba el SAS con entidades, tanto públicas como privadas, para la prestación de la asistencia sanitaria en centros sanitarios, y en él se recogía un cuadro relativo a consultas médicas de atención primaria que con la modificación publicada este jueves quedará suprimida en el plazo de 20 días.

La citada orden fijaba tarifas máximas de 150 euros para primeras consultas de atención primaria, de 90 euros para "consultas sucesivas" y de 215 euros para consultas de "alta resolución" y establecía que, en caso de no realizarse en las instalaciones de las empresas adjudicatarias, dicha tarifa máxima se vería "reducida al 35%".

El proyecto fue tramitado en pleno verano de 2022, como recogió El Independiente de Granada. Entonces, la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas lo consideró "un fraude político". Tras su aprobación se sucedieron las movilizaciones, convocadas por los sindicatos sanitarios pero también por colectivos sociales. En Granada, en marzo del pasado año, se desarrolló una de las mayores manifestaciones registradas en los últimos años en defensa de la sanidad pública