El Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Granada ha pedido que se adopten “medidas coherentes en materia de movilidad sostenible” y por tanto la recaudación de multas “se destine a inversiones que favorezcan la movilidad sostenible, metropolitana y la educación vial”. De este modo el portavoz de la organización de izquierdas, Francisco Puentedura,  critica que el equipo de gobierno mantengan sistema de accesos, restricciones y cámaras pensados no en favorecer la movilidad ni el transporte público “sino en aumentar la recaudación por multas en vez de prevenir“.

En esta línea, se ha pronunciado sobre el convenio firmado con la Diputación que permitirá al Ayuntamiento realizar el cobro de seis millones de euros más de multas realizadas en la ciudad en los últimos tres años a personas no residentes en la misma, y sí residentes en la provincia, para las que el consistorio granadino no podía utilizar la vía ejecutiva. Puentedura ha asegurado que este acuerdo es “necesario, pero no en los términos que se están planteando”, e indica que su grupo llevará al próximo pleno una iniciativa para pedir que estos ingresos tengan un destino finalista, es decir, “que los ingresos por multas se destinen a mejorar, el transporte público, la educación vial y la movilidad sostenible y así prevenir el acceso de vehículos privados a la ciudad y multas ofreciendo alternativas en la ciudad”.

Además, el portavoz de IU ha apuntado que la ciudad cuenta con un “sistema de notificaciones obsoleto” que ocasiona “que la multa muchas veces pueda no llegar a alguien que ha cambiado de domicilio”. De este modo, asegura que se “aumenta el coste de una multa con artimañas administrativas”.

2017 deja 100.000 multas en Granada

Además IU señala que el pasado 2017, último año cerrado por la Agencia Municipal Tributaria, dejó unas 100.000 multas en Granada, de las cuales solo tres son de vehículos extranjeros, mientras que unas 26.000 son de personas residentes en la capital y más de 80.000, de personas de la provincia u otras provincias.

Con el convenio firmado con la Diputación, el Ayuntamiento conseguiría el cobro de 48.000 multas pendientes desde los años 2015, 2016 y 2017, de cuyo importe se destinaría un 25% al organismo provincial “condiciones económicas que son abusivas para la ciudad”, asegura Puentedura.