Según el grupo de IU en la Diputación Provincial, la privatización del agua ha sido una “práctica continuada” de los gobiernos municipales del Partido Popular y del PSOE, con la gestión privada de grandes empresas extranjeras el área metropolitana y recientemente la Costa granadina. La presentación del proyecto de gestión para el ciclo integral del agua por parte del gobierno de la Diputación Provincial ha hecho "sonar todas las alarmas a aquellos que defienden la gestión pública de los sectores estratégicos de la economía", a juicio de IU.

En el mes de marzo, en la primera reunión del Consejo de Alcaldes, Izquierda Unida Para la Gente, a través de su portavoz, Juan Francisco Arenas de Soria, se opuso a la propuesta que presentó el gobierno provincial del PSOE sobre el ciclo integral del agua y su gestión. La afirmación del portavoz de la coalición de izquierdas fue clara: “No vamos a permitir que privaticen el agua en la provincia de Granada”.

La propuesta presentada por el presidente de la corporación provincial, José Entrena, ante los alcaldes pasaba, según ha explicado IU, por "la cesión de los derechos sobre la gestión de este bien esencial a la empresa pública Granada Innova", la cual presentaba una amplia carta de servicios, en la que en todo momento se afirmaba “que desarrollará de forma directa o a través de una empresa especialista en el sector”. Desde Izquierda Unida se denunció esto como una importante operación que terminaría con la privatización de la mayor parte del agua de la provincia. 

En el último pleno provincial del mes de mayo, "el PSOE ha perdido una primera batalla" en relación a su intento de que Granada Innova asuma la gestión de la mayor parte del agua de la provincia, a través de la encomienda para realizar los estudios técnicos que cimienten el proyecto del actual equipo de gobierno. La propuesta fue rechazada por la cámara provincial.

El portavoz de Izquierda Unida, Juan Francisco Arenas, afirmó que su coalición “no apoyará ningún proyecto que no se fundamente en la gestión pública directa del agua, única garantía del respeto al acceso al agua como un derecho humano”.

La formación de izquierdas defendió esta postura en el pleno provincial sosteniendo que “pretender creer que una empresa con apenas tres empleados iba a gestionar todo lo que supone este proyecto, era pedirnos fe en los reyes magos”.