La Agencia Provincial de la Energía nació en el año 2001 como una asociación participada por diversas instituciones granadinas, entre las que la Diputación Provincial de Granada asumía su liderazgo contando con las ayudas europeas en relación con la energía, sostenibilidad y eficiencia. No obstante, según el portavoz de IU en la Diputación de Granada, Juan Francisco Arenas, “más de una década después los objetivos iniciales con los que nació ya no se cumplen, al acceder directamente las instituciones a esas líneas de proyectos europeos”. Para Arenas de Soria, “poco a poco la Agencia de la Energía se ha ido convirtiendo en una extensión más de la propia Diputación de Granada, en la línea de asesoramiento a los municipios, programas de concertación y auditoría energética, y funcionando gracias a una subvención anual de la Institución provincial que viene a sufragar los salarios de sus cinco empleados. 

Izquierda Unida Para la Gente ha propuesto su disolución basándose en el informe de la Comisión Técnica de Estudio creada para la aplicación de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad, en el cual se afirma que “para el caso de la Agencia Provincial de la Energía de Granada, sería necesario la disolución de la misma y la asunción de todos los derechos y deberes de la misma por parte de Diputación en especial los referidos a los derechos laborales de sus trabajadores”.

Juan Francisco Arenas de Soria, defiende que “es imprescindible normalizar y racionalizar el funcionamiento de la Diputación  Provincial, ya que la Agencia de la Energía se encuentra en una situación anómala que puede generar problemas y que vulnera los derechos de las personas que trabajan en la misma”. Los máximos responsables del gobierno provincial, a su juicio, se niegan a asumir la necesaria modificación de la estructura de la institución apostando por el fortalecimiento de la misma y eliminando un aparato instrumental formado por organismos autónomos y empresas “que no responden a las necesidades reales de la provincia y que sitúan a sus empleados en un régimen inferior al de cualquier otro trabajador de la institución central”, afirman desde IU. 

El pleno de la Diputación Provincial discutió este martes la moción presentada por Izquierda Unida Para la Gente, que resultó aprobada con la oposición del grupo del PSOE en la Diputación. Como resultado, debe ponerse en marcha el proceso para que la Diputación asuma las competencias y a los trabajadores de la Agencia.

También se debatieron y aprobaron otras dos mociones presentadas por el grupo de Izquierda Unida Para la Gente. La primera de ellas, aprobada por unanimidad, pretende que la Junta de Andalucía ponga en valor y en funcionamiento permanente los albergues juveniles de la provincia, además de “propiciar que dichos albergues puedan ser utilizados por la sociedad de los municipios en los que se encuentran para actividades socioculturales” según ha indicado la Diputada de IU Carmen Capilla.

La segunda, aprobada con el apoyo de todos los grupos excepto el PSOE, propone la mejora de la calidad educativa en educación infantil y la mejora de las condiciones de trabajo y acceso al mismo del profesorado interino, además de asegurar el normal funcionamiento de las sustituciones del profesorado.