El concejal de IU en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Puentedura Anllo, ha denunciado que el alcalde de Granada y su gobierno municipal están permitiendo que "una empresa privada se lucre con la explotación" comercial del Centro Deportivo Municipal Periodista Antonio Prieto, situado en la zona de Albayda, mientras a la ciudad "no se le paga el canon correspondiente por la concesión privada" que hizo el equipo de gobierno de esta instalación deportiva.

Según ha explicado en una nota de prensa el edil, en 2012 acabaron las obras de este centro deportivo, que fue financiado con dinero público. El gobierno municipal decidió no integrar esta instalación deportiva en la Concejalía de Deportes para su gestión municipal directa y optó por privatizarla, algo a lo que IU se opuso. Tras un concurso se adjudicó la concesión de esta instalación a la empresa ServiOcio Granada SL durante 25 años, firmándose un contrato desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2038. Esta empresa ofreció un canon anual de 225.000 euros, que desde el año 2013 no está cumpliendo, según IU. Asimismo se comprometió a reservar un cupo de plazas en esta instalación para niños del distrito Norte con necesidades, así como tarifas especiales para mayores pensionistas y personas con movilidad reducida.

Desde el año 2013 hasta estos meses del 2015 esta empresa debería haber pagado alrededor de 700.000 euros en concepto de canon, sin embargo sólo ha satisfecho 112.500 euros, teniendo una deuda pendiente por vía ejecutiva de 433.000 euros con el Ayuntamiento más otros 100.000 en periodo voluntario, cantidades a las que hay que añadir los intereses de demora, según la información difundida por Puentedura.

Para el grupo municipal de Izquierda Unida esta situación, según establece el pliego de condiciones del contrato público de esta concesión, es "un claro incumplimiento" de las condiciones del contrato, lo cual según las claúsulas del mismo permite resolver la concesión, es decir finalizarla. "Y por tanto integrar esta instalación deportiva en la red de instalaciones municipales, acabar con su privatización y devolvérsela a los granadinos".

A juicio del portavoz municipal de IU, “lo más sorprendente es que el gobierno municipal en vez de resolver el contrato, que es la vía más beneficiosa para la ciudad, opta por una postura mucho más suave como es la imposición de una multa permitiendo que esta empresa se lucre con un equipamiento que es de todos los granadinos y granadinas”. De hecho, según denuncia Puentedura, la última Junta de Gobierno Local, después de esperar tres años, aprueba iniciar un procedimiento sancionador por una falta “muy grave” por sólo 5.000 euros. 

“Ni siquiera se aplica lo que la ley de contratación pública permite y es una multa del 10por ciento del canon por cada año de impago, lo que supondría una sanción superior a los 60.000 euros”, ha explicado el edil de Izquierda Unida,  quien ha añadido que “este tipo de contratos cuentan con la obligación de presentar un aval, es una concesión durante 25 años, lo cual el aval implica una cantidad importante”. Los avalistas son Bankia y Deustche Bank; “ni siquiera el gobierno municipal toma la decisión de ejecutar estos avales de tal modo que la ciudad pueda cobrar los que le corresponde”.

Resolver el contrato y volver a la gestión pública

“Nos sorprende una posición tan débil que adopta el gobierno municipal y consiente el alcalde de Granada”, ha indicado Puentedura para exigir “que se instruya el expediente para resolver este contrato y finalizar la concesión y por tanto que esta instalación deportiva municipal vuelva a la gestión pública y sea administrada por el área de Deportes del Ayuntamiento”. A juicio de IU, “las instalaciones deportivas están para ofrecer un servicio público a los barrios y no para favorecer el negocio de unos pocos a costa de los granadinos y granadinas que con sus impuestos pagaron esta instalación”. 

Además, la coalición de izquierdas ha pedido al gobierno municipal “que sancione a la empresa por sus incumplimientos con lo máximo permitido por la ley, que reclame lo que le adeuda al Ayuntamiento junto con sus intereses de demora y que se ejecuten los avales del contrato, y lo que quede pendiente se reclame a través de los tribunales”.

En el mismo sentido Puentedura ha señalado “que este es un ejemplo más de como las privatizaciones del Partido Popular son una chapuza y una ruina para la ciudad que sólo favorece a intereses privados de unos pocos a costa de los granadinos y granadinas”.