El concejal de IU ha asegurado que el Ayuntamiento de Granada debe más de 51 millones de euros de 2.500 facturas pendientes de pago a empresas y proveedores "muchas de ellas, unas 900, desde 2010" y se haya convertido así "en el principal moroso de la ciudad", según se desprende de los informes de Intervención y tesorería municipal de los que se dan cuenta en el pleno municipal que se celebrará el próximo lunes 27 de julio.

El portavoz municipal de la formación de izquierdas, Francisco Puentedura, ha recordado que la Ley 2/2012 "por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad" marca que las administraciones públicas "tienen un plazo máximo de 30 días para pagar a empresas y proveedores, algo que el Ayuntamiento está incumpliendo como indican los informes de morosidad que advierten de esta deuda millonaria".

Es por ello que Puentedura ha acusado de "mentir y confundir a la ciudadanía" al concejal de Economía y Hacienda, Francisco Ledesma, y al alcalde de Granada, José Torres Hurtado, "cuando presumen de un periodo medio de pago por debajo de 60 días" y ha criticado que el Ayuntamiento "no sólo está incumpliendo la ley" sino que además "pone en una situación delicada a centenares de pequeñas y medianas empresas de la ciudad, cuya actividad y el empleo que generan depende directamente de que se les pague en tiempo y forma".

El edil de IU ha señalado que estos más de 51 millones de facturas impagadas suponen tres millones más de deuda a proveedores en el último año, lo cual "refleja una política económica absolutamente irresponsable llevada adelante por un equipo de gobierno que no paga a proveedores y empresas y que endeuda cada vez más al Ayuntamiento".

Según ha indicado el concejal, "esta política económica es nefasta no sólo para las cuentas municipales sino también para las de la ciudad, pues que el Ayuntamiento no pague en plazo supone poner en riesgo miles de puestos de trabajo de empresas que se ven obligadas a cerrar porque no cobran por servicios prestados, generando por tanto más crisis y paro en la ciudad de Granada".

En abril de 2012, según el portavoz de la coalición, el Ayuntamiento tuvo que acudir al plan de pago a proveedores pidiendo un crédito por más de 107 millones de euros y, además, en junio de 2013 a otro crédito de 49 millones de euros con un nuevo plan de pago a proveedores por lo que se ha cuestionado "cómo es posible que ahora hayan vuelto a acumular facturas por más de 51 millones".

"Esto refleja que el Consistorio ha dejado de pagar a empresas y proveedores", ha indicado el portavoz de IU quien ha tachado de "agujero negro y sin fondo" la gestión económica basada en "recortes durísimos en servicios municipales básicos, como transporte público, dependencia, teleasistencia o limpieza y en subidas de impuestos brutales como el IBI, tasa de Basura y precios públicos del transporte y el agua, para luego no pagar a nadie e ir aumentando una deuda municipal que globalmente, supera los 300 millones de euros".

Esta acumulación de facturas "es lo que ha disparado la deuda municipal", ha indicado el concejal de IU quien además ha expuesto "que tras cada nuevo préstamo el gobierno municipal siempre ha prometido que se pone el contador a cero pero año sobre año vuelven a aparecer deudas millonarias porque el Ayuntamiento deja de pagar lo que contrata".

Por ello, Puentedura ha exigido un plan de pagos del Ayuntamiento "que priorice el pago a pequeñas y medianas empresas, que no pueden resistir más los retrasos municipales, para que no se pongan en peligro más puestos de trabajo" y ha pedido que el equipo de gobierno municipal "deje de priorizar el pago sólo con los bancos para luego ir realizando otras operaciones de crédito con intereses cada vez más abusivos, que al año suponen más de 30 millones de euros anuales con una gestión económica que es la pescadilla que se muerde la cola, ir engordando cada vez más a las entidades financieras mientras que la ciudad se va endeudando y arruinando".

Ha solicitado, asimismo, que se ponga en marcha una reforma de los impuestos y tasas municipales "para luchar contra el fraude fiscal y conseguir mayor progresividad", la municipalización de servicios básicos "cuya gestión privada esta siendo claramente ineficiente y esta encareciendo lo que el Ayuntamiento de pagar por ellos".