El colectivo Granada Acción Cívica contra la Corrupción, Gracco, ha pedido al Ayuntamiento de la capital que inicie un procedimiento de exigencia de responsabilidad por el informe sobre el Serrallo Plaza que encargó, a un catedrático de la UGR, el anterior gobierno del PP. 

El informe, como expone la asociación en su escrito, fue encargado por el entonces alcalde en funciones, Juan García Montero, sin pasar por ningún otro órgano de gobierno. En ese momento ya había dimitido José Torres Hurtado como alcalde tras la operación Nazarí. El informe en cuestión justificaba la operación del Serrallo y costó a las arcas municipales 10.312 euros.

Gracco recuerda que su autor, Estanislao Arana, también redactó un informe similar para el promotor del ese espacio comercial, el constructor Roberto García Arrabal, investigado por ese caso y también por la presunta trama urbanística, en el conocido caso Nazarí. Por este documento abonó, a través de la Fundación Universidad Empresa, según detallan, 6.050 euros.

"Todo ello constituye, a nuestro juicio, un desmán para las arcas municipales y el dinero pagado por los contribuyentes" y por ello instan al gobierno local y a la Intervención, a aplicar la Ley de Procedimientos de Exigencia de Responsabilidad, al considerar que se ha producido "una presunta estafa y malversación de caudales públicos que debe soportar económicamente quien encargó el informe incumpliendo la normativa legal de contracción del gasto público". 

Hacer "caso omiso" al escrito registrado por la asociación, agregan, incumpliría la ley de Enjuiciamiento Criminal que establece que quienes por razón de su cargo tuvieran noticia de algún delito, "estarán obligados a denunciarlo" al Ministerio Fiscal, tribunal competente o juez de Instrucción.

Presidida por Francisco Torres, en Granada Acción Cívica contra la Corrupción está el empresario Ramón Arenas, cuyas denuncias fueron claves para poner en marcha la investigación de la presunta trama urbanística.